Santa Fe
Sábado 12 de Noviembre de 2016

Advierten sobre el vencimiento de plazos de la ley de software libre

Según estipula la norma aprobada en 2010, y que aún no fue reglamentada, el próximo 4 de diciembre debería cesar el uso de software propietario en la administración pública

El 10 de noviembre de 2010, luego de la sanción de la ley 13.139, Santa Fe se convirtió en una de las primeras provincias del país en tener una legislación que planteó la incorporación de software libre en el Estado provincial. Sin embargo, hasta el momento, dicha ley no fue reglamentada por lo que su aplicación hasta el momento ha sido restringida.
Si bien desde 2010 el gobierno provincial en muchos de sus desarrollos ha aplicado programas generados por profesionales que forman parte de la plantilla estatal, y en ciertos casos ha adquirido soluciones basadas en software libre, lo cierto es que la falta de certezas con respecto a la reglamentación, genera desde hace algún tiempo preocupación en distintos sectores.
Uno de ellos es el Observatorio de Cultura Libre del Litoral, un colectivo de personas de diversos ámbitos, sin afiliación partidaria política (socioambientales, académicos y técnicos) que viene advirtiendo desde 2012 la necesidad de que se aplique plenamente la ley 13.139.
En este sentido, el artículo 6 de la legislación establece que luego de seis años de la entrada en vigencia, "no se podrá continuar utilizando software privativo para el que existan alternativas libres". Es por este motivo que, con la intención de dar a conocer a la ciudadanía el estado de situación respecto de la implementación de la norma, desde Cultura Libre advierten que en diciembre vence el último plazo para la migración a software libre.
"Queremos ponerlo en estado público, y que la gente conozca este tema. La ley se aprobó en 2010 y nunca se reglamentó. La ley contiene plazos, que contemplaban que en 2014 se debía dejar de utilizar software privativo adquirido antes de la ley, y que el 4 de diciembre de 2016 se debe dejar de utilizar software privativo", explicó a Diario UNO Martín Bayo, uno de los integrantes del mencionado colectivo.
"Lo que estamos advirtiendo es que la provincia quedaría en un agujero legal, porque sería vulnerable a que se le inicie algún juicio por utilizar software propietario", añadió.
Bayo señaló que más allá de que no se cuente aún con una reglamentación, los plazos estipulados deben cumplirse, así como también otros aspectos planteados en el texto. En esa dirección, reclaman también la creación de un Laboratorio de Software Libre para poder avanzar en la migración de los programas.
"Creemos que no se puede hacer la migración, si no hay un laboratorio que analice cuál es el software que se va a utilizar en la provincia. Otro artículo importante es que la provincia debe entregar un plan de migración, una vez reglamentada la ley", indicó.
A su vez, Francisco Latosinsky, también miembro de Cultura Libre, subrayó que "la ley de software libre es un modelo único en el país", y que por falta de definiciones políticas está perdiendo la posibilidad de ser implementada.
Al respecto, manifestó que si bien puede parecer que es algo que impacta de modo indirecto, es una norma que puede generar un provecho para la ciudadanía muy grande.
"Porque que el Estado provincial administre su propio software y no tenga que pagar licencias de software y que además tenga control sobre el mismo, y que no sea controlado por una empresa privada, le da mucha soberanía al gobierno", resaltó.
Latosinsky contó que en 2014, un tiempo antes de que se vencieran los primeros plazos previstos, se empezó a consultar al gobierno provincial por la reglamentación de la ley. En ese entonces, hubo una serie de intercambios en los que Cultura Libre convocó a especialistas y aficionados del software libre, para avanzar junto al Ejecutivo en un borrador de reglamentación de la norma.
"Es algo que era pura responsabilidad del Ejecutivo. A pedido nuestro, el gobierno nos ofreció participar, lo hicimos y eso quedó en la nada. Desde ese momento hasta hoy, no se hizo nada y lo que nos duele un poco es haber hecho el esfuerzo ciudadano en participar colectivamente en la elaboración y que la reglamentación haya quedado en la nada", lamentó el informático.

Cambiar la norma
A pesar de la experiencia frustrada y ante un nuevo vencimiento de plazos, desde el Observatorio impulsaron una nueva reunión con el Ejecutivo que tuvo lugar el mes pasado. En ese encuentro, funcionarios del área de Tecnologías para la Gestión deslizaron que la intención del gobierno es plantear una modificación de la actual ley.
"No hay nada concreto, no es que hay un proyecto de ley, simplemente es lo que se dialogó con ellos", indicó Bayo.
Para el Ejecutivo, la actual ley es una norma de difícil cumplimiento, y en este punto radicaría la demora en los plazos previstos. Consultado sobre los argumentos expuestos a nivel oficial, Bayo dijo que los funcionarios expresaron que no es solo un problema de tiempo para la implementación, sino también que hay equipamiento que posee la provincia que solo funciona bajo software con licencia.
"Por ejemplo, los tomógrafos que necesitan de una computadora que debe tener software privativo sí o sí. Esas son las cuestiones que nos marcan, pero son cuestiones puntuales que se pueden prever en un plan de migración", indicó.

Los avances
La provincia actualmente utiliza programas desarrollados bajo plataformas libres por técnicos y profesionales del Estado, aprovechando las ventajas técnicas y económicas que esto conlleva, pero según sostienen desde Cultura Libre esto no se hace a favor de la ciudadanía.
"Ningún software está a disposición de la población, los programas que desarrolló la provincia no están a disposición de la ciudadanía", planteó Bayo.

Por qué es necesaria
Desde http://observatoriolitoral.com.ar/ se puede leer más en extenso la argumentación respecto de la necesidad de que la legislación aprobada en 2010 tenga plena vigencia. Una de las razones que se esgrimen es respecto de las erogaciones del Estado provincial santafesino en sistemas privativos desde la sanción de la ley. El cálculo estimado por el colectivo de personas, que se puede observar desde un contador en la misma web, arroja que desde esa fecha se adquirió software con licencia por cerca de 50 millones de pesos.
"Por empezar, económicamente se gana muchísimo, y se deja de gastar plata en licencias y se ponen esos recursos, porque una migración a software libre no es gratuita, a disposición del Estado. Se gana además en soberanía tecnológica, y en que el Estado realmente pueda hacer lo que necesita con el software y que los ciudadanos también puedan saber lo que hace la provincia a través ese software", reflejaron.

Objetivo de la ley
De acuerdo al artículo segundo de la norma, su objetivo principal es "establecer los lineamientos de las políticas de incorporación y gestión progresiva de software, que garanticen la debida protección de la integridad, confidencialidad, accesibilidad, interoperabilidad, compatibilidad de la información y auditabilidad de su procesamiento en la Administración Provincial y el libre acceso ciudadano a la información pública ofrecida en formatos digitales".



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