Santa Fe
Viernes 28 de Octubre de 2016

Alertan por traslados coactivos de mujeres detenidas en Santa Fe

Referentes de Programas de Género, Sociedad y Universidad; Delito y Sociedad; y Derechos Humanos de la UNL denuncian violencia institucional, tras la mudanza de cinco reclusas a una Unidad Federal de La Pampa

Los referentes de los Programas de Género, Sociedad y Universidad; Delito y Sociedad; y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral denunciaron una "nueva situación de violencia institucional contra las detenidas en la Unidad Nº 4 de la ciudad de Santa Fe, con el traslado coactivo de cinco mujeres a la Unidad Federal Nº 13 de la ciudad de La Pampa".
Según expresaron en un documento público "estos traslados fueron realizados sin previo aviso y reflejan la persistencia de la decisión política de trasladar a las detenidas por causas federales a unidades del Servicio Penitenciario Federal ubicadas en otras ciudades del país. Esta decisión fue denunciada en el mes de julio frente al traslado de cinco mujeres a la cárcel de Ezeiza, situación que permanece sin respuestas ni modificaciones hasta la fecha".
Tal como se expresa, los mencionados programas de la Universidad vienen trabajando desde hace tiempo –a través de Proyectos de Extensión de Interés Social (Peis)– en cuestiones referidas a la perspectiva de género en contextos de encierro, la situación de las personas privadas de la libertad, y la violencia contra las mujeres, entre otras.
De esta manera, piden "que no se produzcan nuevos traslados coactivos" y "exigen una respuesta urgente y respetuosa de los derechos humanos de las personas detenidas", solidarizándose con las mujeres afectadas y sus familias.

El escenario
Cuando surgió la primera información en relación a la posibilidad de un traslado de las mujeres, desde los programas mencionados advertían sobre la situación que hoy ratifican: "De fondo se encuentra una puja política presupuestaria por el cobro de las sumas que la Nación debería pagarle a la provincia para el sustento de las personas detenidas dependientes de la Justicia Federal".
"Esta falta de acuerdo entre los poderes políticos acaba teniendo eco en el poder judicial, con sentencias que ordenan el traslado compulsivo de las mujeres, alejándolas de sus afectos, interrumpiendo sus trayectorias laborales y educativas, así como sus proyecciones de vida futura", agregaron.
En aquel momento, los referentes cuestionaron: "El accionar del Estado basándonos en las normas de derechos humanos que regulan la privación de libertad en la Argentina y en la existencia de medidas alternativas menos dañosas para las mujeres y más respetuosas de sus derechos".
"Esto teniendo en cuenta especialmente que estas mujeres se encuentran detenidas por delitos vinculados a la comercialización de drogas ilegalizadas, delitos de supervivencia y carentes de dañosidad social, mientras que –como sabemos– los grandes ganadores del comercio millonario del narcotráfico forman parte de los sectores políticos y económicos dominantes y gozan de una impunidad asegurada", concluyeron.

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