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Lunes 11 de Abril de 2016

Argentina, el proyecto político de la Constitución y 200 años de historia

El exconvencional constituyente del 94, Antonio María Hernández, repasó los 200 años de historia del país y la relación de los argentinos con las leyes.


El abogado constitucionalista, exdiputado nacional por Córdoba y convencional constituyente en la Reforma de 1994, Antonio María Hernández, participó en la ciudad de Santa Fe de las jornadas internacionales “Desafíos institucionales y económicos en países federales: Los casos de Canadá y Argentina”. Las mismas fueron organizadas por la Embajada de Canadá en Argentina, la Fundación Dos Siglos y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. En ese marco, Hernández disertó sobre “El federalismo argentino en el Bicentenario de su Independencia”.
En diálogo con Diario UNO, Hernández hizo un rápido repaso por 200 años de historia. Dijo que ya “en los debates del 22 de mayo de 1810 quedó claro que las ideas liminares de la nacionalidad argentina serían que debíamos ser republicanos y federales. Ese debate inicial, confirmado después con el acta capitular del 25 de mayo de 1810 y además con la invitación que se hace el 27 de mayo de ese año al resto de los cabildos para ratificar lo que hizo el de Buenos Aires, significaron que nosotros teníamos un proyecto político. Esto se complementa en 1816 con la declaración de la independencia”, agrega y aclara que “el sueño de ser una Nación independiente recién se va a concretar como objetivo de la Revolución de Mayo 43 años después, en el momento en que en esta ciudad logramos la sanción de la Constitución originaria”.
“En el Preámbulo de la Constitución hay un claro proyecto político: es la democracia representativa, republicana y federal”, definió y aseguró que después de las vicisitudes que tuvo el país en 200 años se llegó a otro acontecimiento que también tuvo como sede a la ciudad de Santa Fe y que es la gran Reforma de 1994. “Es la modernización de nuestro derecho público y la ratificación de ese proyecto político inicial que era consolidar una democracia esencialmente republicana y federal”, sostuvo quien fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución provincial de Córdoba, en 1987; en la Nacional (1994), donde fuera vicepresidente de la Comisión de Redacción; y en la municipal de la ciudad de Córdoba (1995), donde fuera designado presidente de la misma.
—Muchas veces cuando se habla de federalismo se reduce la discusión al reparto de recursos, ¿qué otros aspectos se deben tomar en cuenta?
—Hay aspectos institucionales que son claves. Lo primero es volver a la vigencia de la Constitución y a todo el proyecto político de la Constitución. Pero eso significa que nosotros tenemos que cambiar el funcionamiento que tiene el Congreso. Los diputados y senadores muchas veces no representan el mandato que significa la defensa de los intereses provinciales o regionales. Muchas veces obedecen órdenes de partidos políticos o directamente del presidente y, en definitiva, votan en contra de los intereses federales de las provincias. Hay un claro sentimiento hacia el federalismo que quedó expresado en la votación mayoritaria de tipo popular y democrática en la Reforma del 94. Pero no existe un claro conocimiento de lo que son las cuestiones federales y las constitucionales.
Para Hernández, en cuanto al reparto de recursos se está firmando una jurisprudencia de tipo federalista en la Corte Suprema. “Eso lo saludo auspiciosamente”, dijo y mencionó un caso en el que defendió los intereses de la Municipalidad de La Rioja, en 2014, donde la Corte le ordena a la provincia y a la Legislatura la sanción de una ley convenio de coparticipación impositiva que no existía para los municipios.
“Por eso no me sorprendió que un año después, el 24 de noviembre de 2015, frente al reclamo de las provincias de San Luis, Córdoba y Santa Fe, la Corte en cinco fallos establece criterios fundamentales en materia de federalismo fiscal ordenando que se sancione a la brevedad una ley convenio de coparticipación impositiva, además de declarar inconstitucional las detracciones realizadas por el gobierno federal en torno al 15% de la coparticipación con destino a Ansés y en torno a la detracción para el funcionamiento de Afip, que primero fue de un 2,75% y luego de un 1,90%. Necesitamos que estos fallos se cumplan”, aclaró.
En ese sentido, el jurista pidió defender y afirmar “este papel de verdadero árbitro que en una federación tiene que ejercitar la Corte Suprema. En el problema más delicado que hay en el federalismo, que es la delimitación y distribución de competencias, el árbitro tiene que ser la Corte Suprema. Canadá, con una constitución de 1867, muy centralista, tuvo fallos de la Corte Suprema que fueron a favor de las provincias y no del gobierno federal y eso los ubicó, junto a Suiza y Bélgica, entre los países más descentralizados. Aquí, siempre en los conflictos la Corte falló a favor del gobierno federal. Pero tenemos que ir señalando este cambio que se está produciendo en la jurisprudencia que tiene un punto de vista más federal. Yo descarto que eso se va a ir afirmando porque Horacio Rosatti va a llegar a ser ministro de la Corte, fue constitucional conmigo, es titular de derecho constitucional y derecho público provincial y municipal, como lo soy yo, y creo que se va a ir afirmando lo que dice la Constitución”, argumentó.
—A partir de la experiencia que tenemos los argentinos, la Corte, como árbitro, ¿no es demasiado localista y juega para el gobierno de turno?
—Eso es muy importante y tiene que ver con algo muy delicado de la Argentina. Dentro de lo que significa el cumplimiento de la Constitución y el sistema republicano, asegurar la independencia del Poder Judicial es esencial. En el 94 para asegurar ese que fue uno de los grandes objetivos de la reforma creamos el Consejo de la Magistratura, con el objetivo de evitar la politización de la Justicia y de evitar la circunstancia de que la Corte Suprema o los tribunales provinciales muchas veces responden al poder político de turno. Es un tema esencial para tener una verdadera democracia republicana. Por eso, más allá de los cambios que hay que hacer posiblemente en la legislación y en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, nosotros necesitamos imperiosamente para la vigencia de la Constitución, que haya Justicia independiente.
En 2004, cuando Hernández era presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, lanzó la Encuesta de Cultura Constitucional, que se volvió a repetir en 2014 y que está en imprenta y pronto se dará a conocer. Allí se refleja que en los aspectos que tienen que ver con la confianza en las instituciones, uno de los capítulos más preocupantes es el del Poder Judicial. “La sociedad argentina percibe que hay un mal funcionamiento del Poder Judicial, se cree que no actúa de manera independiente, que no está asegurada la igualdad ante la ley y que, además, la circunstancia que haya anomia en la Argentina, que no haya cumplimiento de la Constitución y las leyes, está directamente correlacionada con un funcionamiento no adecuado del Poder Judicial. Por lo tanto, este es un capítulo esencial. Si yo potencio la autonomía de provincias, regiones y municipios es evidente que hay una división del poder en cuanto al territorio. Así, uno controla o limita el poder que tiene el gobierno federal y particularmente del Presidente”, remarcó.
—Desde que el Frente Progresista gobierna en Santa Fe insiste con una reforma de la Constitución provincial, ¿qué aspectos se deberían revisar de la Carta Magna santafesina?
—Hay tres provincias que están violando la Constitución nacional, que son Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Violan el artículo 123, que es el de la autonomía municipal. Es inconcebible que esta provincia señera en la lucha por la democracia republicana y federal no garantice la autonomía municipal cuando en ese tema fueron señeros con la gran reforma constitucional de 1921, con el genio político atrás de Lisandro de la Torre, que siempre fue un municipalista y su tesis doctoral es de 1888 y tiene que ver con la autonomía municipal. Nosotros logramos en Santa Fe, en un avance extraordinario del municipalismo a nivel latinoamericano y mundial, que los municipios de primera categoría pudieran sancionar sus cartas orgánicas municipales, cosa que ocurrió con Santa Fe y Rosario. Desafortunadamente, por el debate que hubo en la duración del mandato en la convención constituyente del 21 fue intervenida la provincia y dejada de lado esa reforma, por lo que cayeron las cartas orgánicas municipales. La primera cátedra de derecho municipal fue creada acá, en la Universidad Nacional del Litoral, en 1921, por decisión del presidente Hipólito Yrigoyen. Acá hubo grandes maestros como Alcides Greca, Salvador Dana Montaño. Cómo es posible que la histórica provincia de Santa Fe no tenga garantizada el principio de la autonomía municipal. Esta circunstancia no resiste más. Las fuerzas políticas de Santa Fe no tienen ninguna opción, tienen que cumplir la Constitución. Es necesaria ya una reforma constitucional por lo menos para discutir este punto. Yo aprovecharía para discutir otros.
—¿Cómo cuáles?
—Lo extraordinario del constitucionalismo provincial se adelantó al federal. Lo hicimos al poner el constitucionalismo social, con las constituciones de 1907, en Tucumán; 1916, en Mendoza; 1927, en San Juan; 1933, en Entre Ríos. Tenemos que actualizar todo el catálogo de derechos humanos, sobre todo a partir de la Reforma del 94 que colocó al constitucionalismo argentino en un lugar de privilegio a nivel mundial al reconocer a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos la misma jerarquía de la Constitución y al habilitar al Congreso, que ya lo hizo en tres oportunidades, hacer lo propio con algunos tratados internacionales más. No hay dudas de que hay que avanzar en el reconocimiento de los derechos y en todo lo que significa un federalismo de concertación, la integración incluso supranacional que es un capítulo muy importante para analizar en las constituciones provinciales. Nadie mejor que los santafesinos para saber qué otros aspectos abordar, pero adelanto un punto de vista: me opongo terminantemente a la idea que tienen algunos santafesinos de cometer la herejía y el error político gravísimo, que se cometió en Córdoba en 2001 y al cual me opuse, de dejar un sistema bicameral para pasar a un sistema unicameral. Eso sería gravísimo para la representación del interior, sobre todo en una provincia tan grande como Santa Fe, con realidades tan distintas en el norte, en el centro y en el sur. Acá, en todo caso, habrá que reestudiar el funcionamiento del Poder Legislativo, pero siempre sobre la idea de defender el bicameralismo.
Por Hipólito Ruiz - hruiz@uno.com.ar/ De la Redacción de UNO Santa Fe

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