A Fondo
Domingo, 25 de julio de 2010Autonomía para las minorías
España es un Estado de Autonomías dividido en 17 comunidades. La polémica.
Además de ser un país democrático, una monarquía parlamentaria, España es un Estado de Autonomías
porque está dividido en 17 Comunidades Autónomas que de manera desigual agrupan a las 50
provincias, y dejan fuera de este esquema a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, ubicadas
en la costa norte de África.
Cada Autonomía se rige por su propio gobierno, pero a la vez queda regida por el Gobierno
Español; el nivel de autogobierno varía según cada Autonomía, en ninguna es total. La Comunidad
Autónoma de Cataluña está formada por las provincias de Barcelona, Lérida (Lleida), Gerona (Girona)
y Tarragona, y es autónoma en materia de educación, sanidad y gestión de recursos, entre otros
aspectos importantes de la organización sociopolítica.
Tiene un Parlamento propio, y por tanto tiene poder legislativo, pero no tiene ni un poder
judicial ni un sistema impositivo propios e independientes de España. En tres Comunidades Autónomas
hay al menos un partido político que se considera la expresión de un movimiento popular de espíritu
independentista: el País Vasco, Galicia y Cataluña.
En el País Vasco el movimiento independentista es poderoso; en Galicia es mínimo. En Cataluña
es una fuerza creciente que tiene raíces profundas y antiguas, y que se viene manifestando, aunque
de manera variable, en todas las fuerzas políticas que gobernaron Cataluña desde que existe la
democracia en España, es decir, desde el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones
democráticas del país.
Los independentistas catalanes quieren que Cataluña sea independiente de España, así de claro
y así de fácil, pero los partidos políticos que enarbolan la bandera del independentismo no ven
este proyecto ni tan claro ni tan fácil, y me parece que no lo ven ni siquiera necesario, al menos
por ahora. Tal vez no sea más que un objetivo proselitista, al menos en parte.
Como las palabras de independencia resultan urticantes para el resto de España, poco a poco
la voz oficial las ha ido moderando. Y así, ningún político con respaldo mayoritario habla de
independencia o de movimientos independentistas, sino que usan palabras como nacionalismo o
movimientos nacionalistas, o partidos nacionalistas. Es decir, usan palabras que no hablan de
independencia sino de nación.
Y he aquí buena parte del problema: Cataluña se considera una nación (y por tanto es
nacionalista) pero el Tribunal Constitucional dice que la única nación es la Nación Española. Pero
resulta que los partidos nacionalistas de España hace años que son decisivos para la buena marcha
de la democracia parlamentaria. Y también resulta que una parte importante de España se enorgullece
de ser un país multinacional y multilingüístico.
Cataluña tiene un idioma propio, el catalán, que es hermano del castellano puesto que ambos
se originaron del latín que se hablaba aquí en Hispania por la presencia de los romanos,
conquistadores primero, pobladores después. En Cataluña siempre se habló catalán, y desde el siglo
VIII hay constancia escrita de que esta lengua era la que se usaba en las relaciones sociales.
Durante la dictadura de Franco, el catalán fue perseguido de manera encarnizada, y fue
prohibido, y prohibida la bandera catalana, y el himno catalán, y todo símbolo de cultura catalana.
Sólo se hablaba catalán a escondidas, en la intimidad de las conversaciones domésticas. El catalán
desapareció de los medios de difusión, nada se editaba en catalán, nadie lo hablaba en público.
Quienes lo defendieron, acabaron en prisión.
La dictadura de Franco duró 36 años (1939-75), fue un tiempo de tinieblas, fue un régimen
totalitario que le costó la vida a unas 100.000 personas. Las fuerzas de extrema derecha del
Generalísimo, tal como se hacía llamar, se ensañaron con Cataluña en particular. Unos 4000
catalanes fueron ejecutados en Cataluña. El President fue fusilado en Barcelona, contra un muro que
aún se conserva para escarnio perpetuo, en una cárcel, en una colina, frente al mar, el 15 de
octubre de 1940.
Las dos últimas ejecuciones de la dictadura tuvieron lugar en Cataluña, el 2 de marzo de
1974. Uno de los ejecutados era catalán, Salvador Puig Antich, acusado de anarquismo. Murió
mediante garrote vil, un método que extrangula lentamente por delante mientras introduce un punzón
de hierro por la nuca que acaba rompiendo las vértebras cervicales del desgraciado. La
extraordinaria crueldad del sistema de ejecución da idea de cómo fue la dictadura franquista. La
pena de muerte fue abolida en España en 1978, las fuerzas de la extrema derecha aún no.
Hoy en día el catalán goza en Cataluña de una protección especial, una legislación específica
lo protege. Es la lengua de las guarderías, de las escuelas primarias y secundarias, y de las
universidades; es la lengua de todas las dependencias oficiales y de toda la documentación oficial.
Es la lengua del patio de la escuela, es la lengua que con preferencia se habla en la calle. Hablar
catalán en Cataluña es más que hablar la lengua local: es recordar el triunfo del derecho sobre el
atropello.
El Estatut es el marco legal de Cataluña, tiene el valor de una Constitución y está sujeto a
la Constitución Española. El Estatut de 2006 amplía las competencias del anterior, de 1979, y entre
otras cosas establece que Cataluña es una nación y que el catalán es la lengua preferente de
Cataluña. Este Estatut fue refrendado por el Gobierno Español, y por el pueblo de Cataluña, que lo
aceptó en referendum.
Pero el Tribunal Constitucional acaba de dictaminar que no son constitucionales (y por tanto
son ilegales) ni el concepto de nación aplicado a Cataluña ni la condición de preferente de la
lengua catalana, entre más cosas. Entonces el pueblo catalán sintió en sus carnes un dolor que ya
conocía: el dolor de la persecución a la propia identidad. Y de los siete millones que vivimos en
Cataluña, un millón salieron a la calle para defender el Estatut, y la lengua catalana, y la
bandera de cinco franjas amarillas que conviven con cuatro rojas.
La manifestación del pasado 10 de julio, convocada por una institución cultural que Franco
clausuró en 1963, dejó bien claro que las minorías también tienen derecho al respeto y a la
libertad de proceder según los propios sentimientos. Las minorías, señoras y señores, merecen tanto
respeto y tienen tantos derechos como las mayorías.
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