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Domingo, 25 de julio de 2010

Autonomía para las minorías

España es un Estado de Autonomías dividido en 17 comunidades. La polémica.

Además de ser un país democrático, una monarquía parlamentaria, España es un Estado de Autonomías porque está dividido en 17 Comunidades Autónomas que de manera desigual agrupan a las 50 provincias, y dejan fuera de este esquema a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, ubicadas en la costa norte de África.

Cada Autonomía se rige por su propio gobierno, pero a la vez queda regida por el Gobierno Español; el nivel de autogobierno varía según cada Autonomía, en ninguna es total. La Comunidad Autónoma de Cataluña está formada por las provincias de Barcelona, Lérida (Lleida), Gerona (Girona) y Tarragona, y es autónoma en materia de educación, sanidad y gestión de recursos, entre otros aspectos importantes de la organización sociopolítica.

Tiene un Parlamento propio, y por tanto tiene poder legislativo, pero no tiene ni un poder judicial ni un sistema impositivo propios e independientes de España. En tres Comunidades Autónomas hay al menos un partido político que se considera la expresión de un movimiento popular de espíritu independentista: el País Vasco, Galicia y Cataluña.

En el País Vasco el movimiento independentista es poderoso; en Galicia es mínimo. En Cataluña es una fuerza creciente que tiene raíces profundas y antiguas, y que se viene manifestando, aunque de manera variable, en todas las fuerzas políticas que gobernaron Cataluña desde que existe la democracia en España, es decir, desde el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas del país.

Los independentistas catalanes quieren que Cataluña sea independiente de España, así de claro y así de fácil, pero los partidos políticos que enarbolan la bandera del independentismo no ven este proyecto ni tan claro ni tan fácil, y me parece que no lo ven ni siquiera necesario, al menos por ahora. Tal vez no sea más que un objetivo proselitista, al menos en parte.

Como las palabras de independencia resultan urticantes para el resto de España, poco a poco la voz oficial las ha ido moderando. Y así, ningún político con respaldo mayoritario habla de independencia o de movimientos independentistas, sino que usan palabras como nacionalismo o movimientos nacionalistas, o partidos nacionalistas. Es decir, usan palabras que no hablan de independencia sino de nación.

Y he aquí buena parte del problema: Cataluña se considera una nación (y por tanto es nacionalista) pero el Tribunal Constitucional dice que la única nación es la Nación Española. Pero resulta que los partidos nacionalistas de España hace años que son decisivos para la buena marcha de la democracia parlamentaria. Y también resulta que una parte importante de España se enorgullece de ser un país multinacional y multilingüístico.

Cataluña tiene un idioma propio, el catalán, que es hermano del castellano puesto que ambos se originaron del latín que se hablaba aquí en Hispania por la presencia de los romanos, conquistadores primero, pobladores después. En Cataluña siempre se habló catalán, y desde el siglo VIII hay constancia escrita de que esta lengua era la que se usaba en las relaciones sociales.

Durante la dictadura de Franco, el catalán fue perseguido de manera encarnizada, y fue prohibido, y prohibida la bandera catalana, y el himno catalán, y todo símbolo de cultura catalana. Sólo se hablaba catalán a escondidas, en la intimidad de las conversaciones domésticas. El catalán desapareció de los medios de difusión, nada se editaba en catalán, nadie lo hablaba en público. Quienes lo defendieron, acabaron en prisión.

La dictadura de Franco duró 36 años (1939-75), fue un tiempo de tinieblas, fue un régimen totalitario que le costó la vida a unas 100.000 personas. Las fuerzas de extrema derecha del Generalísimo, tal como se hacía llamar, se ensañaron con Cataluña en particular. Unos 4000 catalanes fueron ejecutados en Cataluña. El President fue fusilado en Barcelona, contra un muro que aún se conserva para escarnio perpetuo, en una cárcel, en una colina, frente al mar, el 15 de octubre de 1940.

Las dos últimas ejecuciones de la dictadura tuvieron lugar en Cataluña, el 2 de marzo de 1974. Uno de los ejecutados era catalán, Salvador Puig Antich, acusado de anarquismo. Murió mediante garrote vil, un método que extrangula lentamente por delante mientras introduce un punzón de hierro por la nuca que acaba rompiendo las vértebras cervicales del desgraciado. La extraordinaria crueldad del sistema de ejecución da idea de cómo fue la dictadura franquista. La pena de muerte fue abolida en España en 1978, las fuerzas de la extrema derecha aún no.

Hoy en día el catalán goza en Cataluña de una protección especial, una legislación específica lo protege. Es la lengua de las guarderías, de las escuelas primarias y secundarias, y de las universidades; es la lengua de todas las dependencias oficiales y de toda la documentación oficial. Es la lengua del patio de la escuela, es la lengua que con preferencia se habla en la calle. Hablar catalán en Cataluña es más que hablar la lengua local: es recordar el triunfo del derecho sobre el atropello.

El Estatut es el marco legal de Cataluña, tiene el valor de una Constitución y está sujeto a la Constitución Española. El Estatut de 2006 amplía las competencias del anterior, de 1979, y entre otras cosas establece que Cataluña es una nación y que el catalán es la lengua preferente de Cataluña. Este Estatut fue refrendado por el Gobierno Español, y por el pueblo de Cataluña, que lo aceptó en referendum.

Pero el Tribunal Constitucional acaba de dictaminar que no son constitucionales (y por tanto son ilegales) ni el concepto de nación aplicado a Cataluña ni la condición de preferente de la lengua catalana, entre más cosas. Entonces el pueblo catalán sintió en sus carnes un dolor que ya conocía: el dolor de la persecución a la propia identidad. Y de los siete millones que vivimos en Cataluña, un millón salieron a la calle para defender el Estatut, y la lengua catalana, y la bandera de cinco franjas amarillas que conviven con cuatro rojas.

La manifestación del pasado 10 de julio, convocada por una institución cultural que Franco clausuró en 1963, dejó bien claro que las minorías también tienen derecho al respeto y a la libertad de proceder según los propios sentimientos. Las minorías, señoras y señores, merecen tanto respeto y tienen tantos derechos como las mayorías.

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