Política
Lunes 01 de Febrero de 2016

El Estado jujeño quiere ser querellante en la causa abierta contra Milagro Sala

Tensión en Jujuy. Así lo adelantó el fiscal de Estado provincial, que acusa a la dirigente social de “asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública”.

El gobierno de la provincia de Jujuy buscará esta semana convertirse en “querellante” en la causa por “asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión” abierta contra la líder de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, y otros integrantes la agrupación por presuntas irregularidades en el destino de fondos nacionales girados a cooperativas para construir viviendas.
Así lo anticipó el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, quien además advirtió que las penas previstas en el Código Penal para el delito de asociación ilícita pueden reportarle “unos diez años de prisión” a los imputados si son hallados culpables, y podrían devenir en detención “de cumplimiento efectivo” si tuvieran otras causas penales.
En tanto, la Justicia que retomará a partir de hoy su ritmo habitual tras la finalización de la feria de verano tendrá que definir si el juez Gastón Mercau sigue al frente de la investigación de las causas por asociación ilícita y la de instigación al delito que se instruyen contra Sala, quien está detenida desde hace dos semanas.
El representante del Estado jujeño, Miranda, aseguró en las últimas horas que esta semana “nos constituiremos en querellantes para poder aportar nuevos elementos probatorios (en la causa por asociación ilícita) y poder determinar quién se ha quedado con esos fondos públicos”.
En esa investigación, también están imputadas 18 personas, tres de las cuales también fueron detenidas entre ellos dirigentes de cooperativas y ex funcionarios del gobierno del peronista Eduardo Fellner.
Miranda remarcó que “sabemos que algunos cooperativistas fueron obligados a endosar los cheques por distintos montos” para que los supuestos integrantes de la asociación ilícita pudieran quedarse con el dinero.
“A veces usaban una institución ajena a la Tupac Amaru para poder transferir los dineros”, resaltó el funcionario.
Si bien el gobierno del radical Gerardo Morales había denunciado a Sala, quien también es diputada del Parlasur por “asociación ilícita” y “fraude a la administración pública”, la fiscal penal Liliana Fernández de Montiel amplió la imputación por los testimonios de los cooperativistas que dieron detalles sobre las maniobras.
En principio, la Fiscalía intenta determinar el destino de unos 29 millones de pesos que el Instituto de Vivienda de Jujuy (IVJ) había derivado a cuatro cooperativas ligadas a la Red de Organizaciones Sociales.
Por esta causa, esta detenido el ex vocal del Instituto de la Vivienda de Jujuy, Pablo Tolosa, y la ex jefa del Departamento Administrativo Contable, Marta Gutiérrez, quien autorizaba los pagos.
El actual presidente del IVJ y hermano del gobernador, Walter Morales, ratificó la irregularidad de las maniobras al señalar que “no es que tenemos sospechas, estamos convencidos de que fue así”.
“Entregamos las pruebas a la Justicia y son irrefutables”, acotó en diálogo con la prensa jujeña.
En tanto, los abogados de Sala esperan para esta semana que la Justicia responde al último pedido de excarcelación que presentaron el viernes para lo cual presentaron como fianza una casa ubicada en la localidad de San Antonio.
El abogado de la dirigente, Luis Paz, señaló en el escrito de diez fojas que no hay “circunstancias objetivas que permitan presumir que Sala estando en libertad intentara eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”.
Sala se encuentra detenida desde hace dos semanas: los primeros 13 días, acusada de “instigación a la violencia y tumulto”, por el acampe que montó la Tupac hace 50 días en frente a la Gobernación, y desde el viernes, por una denuncia penal. Los allegados a Sala se quejaron de que el juez haya dictado el viernes a las 8.30 el cese de prisión en la causa por el acampe y que “media horas después” volviera a dictar la prisión por la otra causa.
 

La Iglesia insiste en valorar a las organizaciones sociales

El presidente de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Jorge Lozano, denunció ayer lo que calificó como una “sutil xenofobia” de un sector de la sociedad contra las organizaciones sociales, y aseguró que “han perjudicado más al país personajes ineptos e inmorales con importantes títulos académicos que los dirigentes humildes”.
“En estas semanas he visto en las redes sociales y también en algún programa periodístico una especie de demonización de las organizaciones sociales y un trato hostil hacia algunos de sus dirigentes”, planteó.
Lozano consideró “injusto” su tratamiento, ya que los movimientos populares “cumplen un rol importante en la vida de la comunidad, sosteniendo emprendimientos laborales y de autoconstrucción de viviendas, por ejemplo”.
Así, el obispo de Gualeguaychú hizo referencia a una carta que publicó el viernes pasado en el diario La Nación en defensa de los movimientos sociales, en el marco de la polémica por la detención en Jujuy de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
En la misiva, el sacerdote resaltó la función cumplida por estas organizaciones durante la crisis económico social de 2001 y convocó a “ no caer en lo que el papa Francisco llama «sutil xenofobia», bajo el noble ropaje de lucha contra la corrupción o el clientelismo”.

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