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Martes 26 de Enero de 2016

El gobernador Lifschitz propondrá a Raúl Lamberto como ombudsman

El gobernador Miguel Lifschitz elevará el pliego del ex ministro de Seguridad para la Defensoría del Pueblo que permanece acéfala desde abril de 2014. Hay otros dos cargos a cubrir en el organismo.

El dirigente socialista Raúl Lamberto será propuesto como el próximo defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Según trascendió ayer, el gobernador Miguel Lifschitz, en la ampliación del temario de sesiones extraordinarias de la Legislatura para febrero, incluiría el pliego del nuevo ombudsman.
El cargo está vacante desde la muerte del Edgardo Bistoletti, en abril de 2014. También está vacante el cargo de defensor del Pueblo adjunto para la zona sur desde noviembre de 2012, cuando la ex legisladora del justicialismo Liliana Meotto terminó su mandato.
Otro cargo a llenar en la grilla de conducción de la Defensoría del Pueblo es otra adjuntía aunque específica, en este caso: la Defensoría del Público. La ley 10396, de mayo de 1990, creó el defensor provincial secundado por dos adjuntos. Uno, para la zona norte, ocupado actualmente por el kirchnerista Luciano Leiva, quien tiene mandato hasta marzo de 2017, y otro adjunto para el sur, que está vacante.
No trascendió si junto al nombre de Lamberto el gobernador enviaría también los pliegos para el adjunto sureño y el defensor del Público. Si así fuera, estos nombres aún no han trascendido.
La ley del Defensor fue reformada cuando se instituyó en la provincia de Santa Fe la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes exigida por la nueva ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Nación (que reemplazó a la vieja ley de Patronato) en 2011 que, a diferencia de otras jurisdicciones del país, fue creada dentro y con dependencia del defensor del Pueblo, con categoría de adjunto y misión excluyente. Ese cargo actualmente lo ocupa hasta el 2017 la socialista Analía Colombo, quien anteriormente se había desempeñado como fiscal de Estado adjunta en la gestión de Hermes Binner.
La misma condición de defensoría especializada con dependencia del defensor provincial tiene el defensor del Público incluido el año pasado en la ley que creó la empresa estatal de Radio y Televisión Santafesina. El defensor del Público, desde la Defensoría del Pueblo, tendrá como misión velar por intereses de las audiencias de la radio y televisión estatal, recibir y gestionar sus reclamos.
El proceso de nombramientos de los ombudsman es parecido al de los jueces. El gobernador propone un nombre y envía el pliego al Legislativo, mientras es sometido a un período de exposición pública para que la ciudadanía —ya sea a título individual o colectivo, privado o institucional— se pronuncie avalando o impugnando al propuesto ante la Legislatura. Posteriormente la comisión bicameral de Acuerdo evaluará esos pronunciamientos, entrevistará a los postulados y emitirá dictamen aconsejando darles o no acuerdo (hay antecedentes de rechazo). Finalmente una Asamblea Legislativa deberá aprobar con dos tercios de sus asistentes el mencionado pliego. El mecanismo es el mismo para el titular tanto como para los adjuntos y recién toman posesión del cargo luego de jurar en la propia Legislatura ante una sesión conjunta de ambas Cámaras.
De ser como trascendió en las últimas horas, Lamberto —quien hasta diciembre último fue ministro de Seguridad de Antonio Bonfatti— se podría convertir en el quinto defensor del Pueblo titular de la provincia desde que esa institución fue creada. Sus antecesores fueron los ex diputados justicialistas Norberto Nicotra, María Angélica Gastaldi y Carlos Bermúdez, y el ex juez rosarino Bistoletti. El cargo tiene incompatibilidad partidaria por lo que los defensores antes de asumir deben renunciar a los espacios que ocupen en agrupaciones políticas y suspender sus afiliaciones por los cinco años que está previsto que duren sus mandatos.
Las sucesiones estuvieron siempre interrumpidas por períodos de acefalías en los que —como en la actualidad— los adjuntos quedan a cargo tal cual lo prevé la ley.

Fuente: La Capital

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