Policiales
Miércoles 22 de Abril de 2015

El juez Miño citó a indagatoria a los directivos del Banco Galicia

El llamado es para nueve funcionarios. Además ampliará la acusación de Rossini, de “estafa” a “lavado de dinero”  

El juez federal Nº 2, Francisco Miño, hizo lugar esta semana al pedido de indagatoria para nueve funcionarios del Banco de Galicia, de Galicia Valores SA. y de Valfinsa Bursátil SA. a quienes el fiscal Walter Rodríguez y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella,  imputaron como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo, en el marco de la investigación abierta por la estafa a gran escala realizada desde la sociedad de bolsa local Bolsafé Valores.
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La citación, que aún no tiene fecha definida, alcanza al gerente de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia desde 2010, Silvio Ariel Gómez; a los oficiales de empresa de esa misma entidad, Diego Waldem Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah; al oficial de cumplimiento del Banco de Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Guillermo Juan Pando; al oficial de cuenta de Valfinsa, Antonio Iturrioz; y al oficial de cumplimiento de Valfinsa ante la UIF, Leonardo Perrotta.
Se trata de prácticamente todo el nivel gerencial del Banco Galicia Santa Fe y de los oficiales de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera (UIF) que para los fiscales deliberadamente omitieron denunciar ante ese organismo internacional las maniobras fraudulentas.
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Además, el magistrado incluyó en el mismo escrito el llamado a indagatoria para las empresas, en carácter de personas jurídicas, por las que deberán dar respuestas el ex gerente del Banco Galicia de Santa Fe desde noviembre de 2004, Esteban Marin; del oficial de cumplimiento de Banco Galicia y Galicia Valores ante la UIF, Enrique M. Garda Olaciregui y del oficial de cuenta de Valfinsa, Flafio Meijome. Estas personas eran quienes tenían el cargo de representante legal o presidentes de cada uno de las empresas en el momento en que se produjeron los hechos. 
Concretamente, deberán dar respuestas sobre por qué omitieron denunciar ante la UIF las operaciones sospechosas que detectaban. Esta medida podría llegar a tener uno de los efectos más importantes para los damnificados: en caso de ser declarada responsable, la persona jurídica debe responder con todos sus bienes, con lo cual se ampliarían las posibilidades de que las víctimas pudieran recuperar algo del dinero que perdieron en la estafa. 
En la resolución, el juez Miño consideró que la investigación ya alcanzó un estado de sospecha suficiente sobre las personas citadas y también para ampliar la acusación sobre Mario Enrique Rossini por lavado de dinero a Mario Rossini, (hoy procesado por estafa).
Los fiscales creen que los investigados instrumentaron las operaciones de transferencia y liquidación de títulos desde las cuentas comitentes de diferentes clientes de Bolsafé Valores hacia cuentas comitentes de BV Emprendimientos en estas entidades y desde allí hacia diferentes cuentas comitentes para proceder a su liquidación en el mercado. Estas personas instrumentaban una operatoria propia de una sociedad de bolsa con un volumen enorme de transferencias de especies para una empresa cuyo objeto social se relacionaba con el mercado informático”.

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