santafe
Domingo 29 de Mayo de 2016

“El objetivo del Gobierno es reducir la educación pública”

Adriana Puiggrós estuvo en Santa Fe para presentar un proyecto de ley de financiamiento educativo. Además habló del peligro de fragmentar el sistema trasladando los programas a las provincias pero sin fondos.

El lunes se presentó, de manera simultánea en todo el país, el nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo. La iniciativa propone llevar, escalonadamente, la inversión del país en educación al 10 por ciento del PBI (producto bruto interno) y que la Nación aporte el 60 por ciento de los recursos que se destinan en cada provincia. La iniciativa fue elaborada por Adriana Puiggrós, pedagoga y diputada nacional (mandato cumplido), quien dialogó con Diario UNO sobre los desafíos actuales en materia de defensa de la escuela pública.
En la sede de Amsafé –Rivadavia 3.279– Puiggrós y Sonia Alesso, secretaria general del gremio docente, brindaron detalles del proyecto y destacaron el impacto que su aprobación tendría para garantizar el sostenimiento del sistema educativo argentino.
“Todos los sindicatos de base de Ctera estamos impulsando este proyecto de ley que fue planteado por la diputada Adriana Puiggrós el año pasado, y acompañado por el equipo de Educación de Ctera”, explicó Alesso y agregó: “Es una ley que plantea llevar el financiamiento nacional del seis al 10 por ciento del PBI. Pero no solo tiene metas financieras sino también educativas y pedagógicas que van a profundizar y plantear los temas que aún quedan pendientes como, por ejemplo, la cobertura total de nivel inicial y de secundaria, terminar con el analfabetismo, proteger y acompañar el desarrollo de las escuelas rurales y fortalecer cuestiones vinculadas a las edificios escolares, entre otros puntos”.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es que obliga a la Nación a seguir aportando fondos en temas educativos. “Estamos planteando un 60 por ciento de fondos nacionales y 40 por ciento de las provincias, porque ahora es al revés”, indicó la secretaria general de Amsafé y Ctera y resaltó que se trata de una norma “absolutamente federal”.
En cuanto a los plazos, Puiggrós explicó que la iniciativa “establece escalas de cómo se va aumentando hasta 2021 para alcanzar el 10 por ciento de inversión total, el ocho por ciento para la educación obligatoria y el dos por ciento para universidad, ciencia y tecnología”.

Desafíos educativos
En diálogo con Diario UNO, Puiggrós se refirió al valor del financiamiento educativo como complemento de la ley de educación nacional (2006) en la defensa de la escuela pública y alertó sobre los riesgos para la ciudadanía de políticas públicas que fomentan la desigualdad y la meritocracia y atentan contra la escuela pública e inclusiva.
—La Nación adelantó que buscará trasladar los programas socioeducativos a las provincias ¿Ese tipo de definiciones puede debilitar el sistema educativo nacional y generar desigualdades entre las provincias?
—El criterio del ministro (de Educación de la Nación, Esteban) Bullrich es el mismo que hubo durante la época de (Carlos) Menem, incluso están los mismos funcionarios, que es desestructurar el sistema educativo pasándole a las provincias todo lo que queda. La Nación ya tiene muy poco, desde los 90 no tiene ningún establecimiento educativo, así que ahora se trata de pasarle los programas y sin financiamiento. Por eso, que se apruebe esta ley es fundamental porque funciona como pacto socioeducativo.
—¿Cuál considera que será el panorama educativo argentino en los próximos cuatro años?
—Si no se sostiene económicamente la educación pública, en un contexto como el que está atravesando el país con desocupación, cierre de pyme, aumento de servicios y la dificultad para llegar a la escuela que ya se nota en muchos lugares por la suba del transporte, será muy complicado. Por otro lado, hay un avance empresarial dentro de las escuelas. En Santa Fe, por ejemplo, Monsanto está en las escuelas agrotécnicas. Por eso, una ley que le da una responsabilidad a los Estados nacional y provincial es un instrumento indispensable.
—¿Cuáles son los riesgos de sostener una educación con la misma mirada que se tenía en los 90?
—Si no se cumple la ley de educación nacional y se sigue transfiriendo a las provincias los servicios que quedan sin financiamiento, corremos el riesgo de que aumente el analfabetismo, que haya deserción en la primaria y que no se pueda terminar la secundaria. Entonces el riesgo es el atraso cultural y social, la pérdida de la posibilidad de mejorar el empleo, o tener mano de obra desocupada. Abaratar la mano de obra, en general, es uno de los objetivos de los empresarios que están al frente de este Gobierno. Es un riesgo muy grande para toda la población, para los sectores populares y para la clase media que siempre sueña con la meritocracia, que cree que si hace méritos voy a poder comprarme un auto o viajar a Miami.
—¿Qué implica empezar a hablar de meritocracia y resiliencia en el sistema educativo?
—Resiliencia es un término fatal porque se refiere a que, entre la multitud, hay alguien que tiene condiciones especiales y entonces es capaz de luchar contra la adversidad y triunfar. Eso es lo mismo que el meritócrata, que es un concepto pensado desde la pedagogía darwinista. El meritócrata y el resiliente van en contra de la tradición educativa y democrática argentina, radical, peronista, liberal, sarmientina.
—¿Cuál cree que es, entonces, el objetivo del Gobierno Nacional en materia educativa?
—El objetivo del Gobierno Nacional es reducir lo más posible la educación pública. Creo que es un plan concreto, además lo dicen públicamente. El ministro Bullrich dijo que había que cerrar más de 1.000 institutos de educación superior. Ese es otro tema para lo cual hace falta que se apruebe la ley de financiamiento educativo. Yo siempre digo que hay que sostener la paritaria y cuidar la convención colectiva de trabajo porque si no, va a haber flexibilización del contrato docente. Eso ya empezó a pasar en la ciudad de Buenos Aires, hay ONG que contratan docentes y los introducen en las escuelas públicas. El siguiente paso es tratar de romper el contrato colectivo de trabajo y contratar docentes por fuera de él. Eso es muy grave porque es el meritócrata del docente. Y, en ese contexto, se cerrarán escuelas públicas.
De todas maneras, en ese contexto, marcó que “el objetivo del pueblo, de los docentes y de quienes quieren que sus hijos realmente se puedan educar debe ser sostener la ley de educación nacional y que se cumplan sus objetivos, que se apruebe la ley de financiamiento educativo y que se cuide a las universidades”.

Datos
-El proyecto de ley de financiamiento educativo fue elaborado por la diputada Puiggrós (mandato cumplido) con el acompañamiento y asesoramiento de Ctera.
-La iniciativa propone llevar, de manera escalonada, la inversión en educación al 10 por ciento del PBI en 2021. El ocho por ciento es para la educación obligatoria y el dos por ciento para universidad, ciencia y técnica.
-Además establece que el 60 por ciento de los aportes deberá realizarlos la Nación y el 40 por ciento las provincias, al revés de lo que ocurre en la actualidad.
-También plantea objetivos educativos y pedagógicos como la universalización del nivel inicial y de la secundaria; terminar con el analfabetismo; y mejorar las condiciones edilicias, entre otros puntos.

Victoria Rodríguez/ UNO Santa Fe/ victoriarodriguez@uno.com.ar

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