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Martes 07 de Julio de 2015

Iturraspe: todos los médicos del servicio de Ginecología se niegan a realizar abortos no punibles

Tras la denuncia penal, los profesionales expresaron ser objetores de conciencia. De todas formas, el acceso a ese derecho está garantizado. 

Tras la denuncia de Ojo Ciudadano, una ONG rosarina, contra el Hospital Iturraspe por la realización de abortos no punibles (ANP) todos los médicos que integran el Servicio de Ginecología del nosocomio se declararon objetores de conciencia. Algunos habían presentado el formulario cuando el Ministerio de Salud abrió el registro público y otros lo hicieron a partir de la investigación penal.
Eso implica que ese equipo de profesionales se niega a realizar los procedimientos vinculados a la interrupción legal de embarazo (ILE) según está previsto en el Código Penal, los protocolos del Ministerio de Salud y el fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De todas maneras, el director del hospital, Francisco Villano, sostuvo que está garantizada la atención y el respeto de los derechos de las mujeres con tocoginecólogos que se desempeñan en otras áreas y no son objetores; o, en determinados casos, con la derivación a otros centros de salud.
Hoy por la mañana se realizará una conferencia de prensa en el hospital donde referentes de las instituciones que componen el Consejo de la Comunidad del nosocomio darán a conocer su preocupación por esta situación y pedirán acciones concretas por parte del gobierno provincial.
“El Consejo de la Comunidad es un ámbito participativo donde todas las ONG, vecinales y organizaciones intermedias que eligen al representante de la comunidad se reúnen periódicamente para tratar la problemática de la salud, en general, y del hospital en particular”, explicó a Diario UNO Mariano Figueroa, representante de la comunidad en el Iturraspe.
En ese sentido, detalló que el Consejo expresará su preocupación por la situación que se generó a partir de la denuncia penal por la realización de ILE. “Tenemos nuestra mirada respecto al Servicio de Ginecología y la queremos hacer pública”, dijo y agregó que consideran una obligación de los profesionales de la salud, sobre todo en el ámbito público, la atención de una mujer que llegue “con un embarazo producto de una violación o con una patología como fue en el caso de Ana María Acevedo”.
Además expresó: “Que tengamos todo un Servicio de Ginecología donde todos sus integrantes han declarado la objeción de conciencia nos pone en una situación muy difícil, no solo institucionalmente sino también jurídicamente”.
Al respecto, Villano confirmó que los seis profesionales que integran esa unidad, dirigida por Samuel Seiref, han presentado el formulario para ser inscriptos en el registro. “Algunos –detalló el director del Iturraspe– lo habían hecho anteriormente y los demás lo hicieron hace aproximadamente un mes” cuando se conoció la denuncia de Ojo Ciudadano.
En relación a por qué consideran que los médicos tomaron esa decisión en este momento, Villano dijo: “Probablemente sea una cuestión personal que ya venían hablando pero no habían hecho efectiva y frente a una situación crítica, quizás hayan tomado esa decisión. Pero habrá que preguntarles a ellos”. Mientras que para Figueroa la situación demuestra “una reacción corporativa”.
La salud de la mujer
En cuanto a cómo está trabajando el Iturraspe, Villano remarcó que para la atención de ANP “hay protocolos nacionales, a los que la provincia adhiere, y no necesariamente ese tipo de intervenciones tienen que ser hechas por un ginecólogo, por lo menos en las primeras semanas de gestación. Si el embarazo está avanzado por encima de las 14 o 20 semanas sí se necesita la intervención de un especialista”.
Y continuó: “Si está la voluntad de la paciente, con el consentimiento informado, y existe algún riesgo en la salud, en un centro de salud se puede abordar el tema. Cuando la complejidad lo supera puede derivar a un hospital, no solo al Iturraspe sino a cualquier otro. Es una política de salud y uno tiene que cumplirla. Si no se cumple quien está en la gestión, en la dirección, un jefe de servicio o un director de un Samco está incumpliendo los deberes de funcionario público”.
Finalmente, el director del Iturraspe subrayó que se busca siempre preservar la salud de la mujer. “Eso no quiere decir que el hospital sea proaborto o antiaborto. Simplemente que siempre se hacen valer los derechos de la mujer. (…) Todo el personal de salud pertenece al Ministerio, no a un hospital; somos parte del sistema de salud por eso si un hospital tiene un problema, el resto de los nosocomios tiene que ayudar para poder brindar la mejor atención a la comunidad”, concluyó.
“Si no están registrados incumplen la ley”
El coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, Oraldo Llanos, explicó a Diario UNO que los profesionales que presentaron recientemente el formulario de objeción de conciencia aún no están inscriptos en el registro porque, antes, deben cumplirse ciertos requisitos. El registro es una herramienta del Estado para garantizar el acceso de la comunidad a determinados procedimientos legales.
“Cuando no estaba la ley se solicitó a los profesionales, que querían acogerse al beneficio de eximirse del cumplimiento de la ley como trabajador del Estado, que presenten un formulario a la Secretaría de Salud y allí se evaluaba si estaba bien confeccionado”, detalló.
Y agregó: “Ese período se cerró el año pasado. Ahora podría optar por ese beneficio quien ingresa a planta o quien presentó el trámite en su momento y no fue aceptado. O incluso alguien que hoy ha cambiado sus valores y pretende tener cobertura. Pero eso requiere un trámite formal porque sino están incumpliendo con la ley y son punibles”.
Cabe recordar que, cuando se abrió la convocatoria, muchos de los formularios fueron rechazados porque los profesionales no justificaban correctamente su postura o bien demostraban desconocimiento sobre los procedimientos de los que pretendían estar exentos.
Victoria Rodríguez / Diario UNO 

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