Judiciales
Miércoles 13 de Septiembre de 2017

Fraude al D4: imputaron a los ocho involucrados por estafar al Estado por 96 mil pesos

El fiscal que instruye la causa le atribuyó a los cinco civiles y tres funcionarios policiales el delito de asociación ilícita para defraudar al Ministerio de Seguridad. El exjefe de la policía provincial, Rafael Grau, esperará la audiencia de prisión preventiva en su casa ya que padece una enfermedad

Luego de una audiencia que duró poco más de dos horas en la Sala I de los tribunales penales de Santa Fe, el fiscal Roberto Apullán imputó los cinco civiles y tres policías involucrados, entre ellos el exjefe Rafael Grau, en la causa que investiga la defraudación al Estado por medio de arreglos no realizados a móviles pertenecientes de la Policía provincial.

El funcionario le atribuyó a los ochos detenidos el delito de asociación ilícita y defraudación del Estado en 16 hechos por un monto total que asciende a $96.616,37 tras acusarlos de haber formado una organización que por medio de facturaciones irregulares se beneficiaron de determinados arreglos de unidades que nunca fueron reparadas en dos talleres mecánicos.

En tanto, las distintas defensas de los imputados terminaron acordando con la fiscalía la "duplicidad del plazo de detención" por lo que se determinó que la audiencia de tratamiento de la prisión preventiva no se efectué el viernes -tal como lo prevé el Código Procesal- sino que pase al lunes 18 de septiembre en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).


Durante el verano del 2016
La atribución -provisoria- de los delitos establecidos por el fiscal Apullán puso el eje en los meses de enero del año pasado, fecha en la que se produjeron la mayor parte de las facturaciones de los talleristas que "intervinieron" los móviles policiales.


En este sentido, el funcionario del MPA identificó a Facundo Testi y al policía -y contador público-, Ariel Villanueva, como los jefes de la organización. A su vez, imputó a Grau (exjefe de la Policía provincial) y a José María Leiva (exjefe del D4 de Logística) de haber aportado el ámbito para que las defraudaciones se cometan. Mientras que le atribuyó a Noelia Viscari haberse encargado de las facturaciones.

A estos tres últimos -Grau, Leiva y Viscari- Apullán consideró que los mismos tuvieron un carácter de organizadores y de partícipes necesarios para efectuar tal ardid denunciado en el MPA en mayo del 2016.

Por último, a Andrés Soto, Rodrigo Ruiz y Artemio Viscari fueron acusados de ser miembros de la asociación ilícita configurada en perjuicio del departamento de logística de la fuerza provincial.

16 hechos y múltiples facturas
La investigación, cuyo inicio se dio a partir de una denuncia "anónima" que llegó al despacho del ministro Maximiliano Pullaro, detectó que en enero del año pasado ingresaron al D4 varias facturas por servicios prestados en los talleres mecánicos "Los Hermanitos" y TC Repuestos. Desde arreglos de tren delantero, tapa de cilindros, cambios de filtro aire y aceite, hasta reparaciones en ópticas fueron algunas, entre tantas, de las anomalías registradas en la investigación.
Por ejemplo, una de las 16 facturas analizadas en la pesquisa judicial detectó que el taller "Los Hermanitos" cobró, el 16 de marzo del 2016, por la reparación de ópticas y reparación de chapa y pintura del móvil 3904 un monto de $4.660. Cuando dicho móvil fue analizado por peritos de la Gendarmería Nacional se cotejó que nunca había sido arreglado. De esa manera, figuran los otros 15 hechos investigados por la justicia provincial.

Cruces en una audiencia a sala llena
Los hechos atribuidos y el monto de defraudación establecido por el fiscal Apullán -el de 96 mil pesos- fueron criticados por los abogados defensores de los imputados. Quien encabezó la principal crítica fue el penalista de larga trayectoria, Néstor Oroño (por los dos Viscari y Testi), quien cuestionó por un lado la calificación jurídica establecida por el fiscal y por otro los números que se desprendieron de la investigación.

En esa línea cuestionó que se atribuya la asociación ilícita a un grupo de ocho personas que entre 2015 y 2016 -periodo establecido por la Fiscalía en el que se cometieron los presuntos fraudes- se organizaron para cobrar montos muy pequeños. "Estamos hablando de 500 pesos por persona en 24 meses", dijo el letrado.

A esa postura, el resto de los abogados, Catalino Portillo y Daniel Rocca (por Leiva), Luis Federico Hilbert (Villanueva), Alejandro Otte (Ruiz y Soto), Miguel Ángel Pierri (Grau) coincidieron con Oroño. Incluso, Hilbert sostuvo que "fueron 16 pesos por día durante 24 meses" siguiendo la línea de su colega. Por su parte, Otte agregó: "Estos montos son insignificantes".

Algo irritado por los dichos, el fiscal Apullán chicaneó a Oroño al sostener que el defensor "además de su capacidad de derecho también tiene capacidad de leer el futuro y leer la mente de los demás", en relación a que Oroño cuestionó que el funcionario del MPA iba a solicitar la prisión preventiva, cuando todavía no se la había pedido al juez de la audiencia, Sergio Carraro. "Robar al Estado no es insignificante por el monto", sentenció.

Grau a su casa
Tras los tensos cruces entre las partes, el juez Carraro puso paños frios al debate y ordenó las posturas y requerimientos. Por un lado, hizo lugar al pedido de Pierri, quien solicitó que Grau permanezca detenido hasta el próximo lunes en su domicilio ya que padece una enfermedad.

En la misma sintonía dispuso el arresto domiciliario para Noelia Viscari por tener dos hijos menores de edad. En tanto, ante el pedido de Otte, ordenó que Soto sea cambiado de su lugar de detención tras sufrir una serie de amenazas por parte de sus compañeros de celda en la comisaría donde fue alojado. Por último, rechazó el cuestionamiento de Oroño sobre la calificación jurídica empleada por Apullán.

El próximo lunes, se cree que en horario vespertino, se realizará la audiencia de medida cautelar para determinar quien de los ocho acusados de haber estafado al Estado queda en prisión o transita el proceso en libertad.