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Miércoles 23 de Diciembre de 2015

Jueces de la Corte: la posición del Colegio de Abogados

En un comunicado de prensa, el Colegio de Abogados de Santa Fe se pronunció sobre la reciente designación de los doctores Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un decreto, fundado en las facultades conferidas por el art. 99, inc. 19 de la Constitucional Nacional.
En el comunicado, el Colegio de Abogados de Santa Fe adhiere a la resolución pronunciada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y manifiesta una serie de puntos. En primer lugar señala: “Teniendo en consideración nuestro carácter de institución intermedia y como auxiliares del servicio de Justicia, propugnamos el respeto por la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, lo que constituye una salvaguarda de los valores republicanos, como máxima aspiración que debe tener un país democrático”.
“Desde hace varios años, nuestra institución viene sosteniendo, de manera pública, que el perfil del juez en la democracia debe ser acorde a la de un ciudadano provisto de idoneidad moral e intelectual, posea una fuerte contracción al trabajo y se encuentre imbuido de la legitimidad de origen a través de una designación que respete los mecanismos institucionales”, agrega.
“En razón de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación –continúa– es una eminente institución que tiene a su cargo la elevada tarea de ser custodio de la Constitución, resulta imperativo para los poderes del Estado velar por su correcto funcionamiento”.
“Sin perjuicio de lo expuesto, saludamos con beneplácito que un matriculado de nuestro Colegio de Abogados de Santa Fe, como es el doctor Rosatti, haya sido designado para ocupar el cargo de juez supremo de la Nación, hecho que nos honra y prestigia, por la indubitable probidad del mencionado profesional”, se añade en el comunicado y finaliza: “Por tanto, sostenemos que el mecanismo impuesto por el Gobierno Nacional resiente la calidad de las instituciones, afecta el principio de división de poderes e implica un retroceso respecto al mecanismo de designación instaurado en el año 2003. Exhortamos a las autoridades tengan a bien dirigir sus acciones en miras a garantizar una democracia sólida, estable y representativa”.

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