Santa Fe
Lunes 21 de Noviembre de 2016

Los presos condenados y procesados deberán estar separados en Coronda

Lo dispuso un fallo judicial que ordenó al Servicio Penitenciario que en sesenta días se realice una separación de los internos que cumplen una sentencia y los que se encuentran alojados bajo la prisión preventiva en el penal corondino. Hubo siete delegados de pabellones que tuvieron participación en la audiencia

Sesenta días, ese fue el plazo que le puso el juez de Primera Instancia, Jorge Patrizi, al Servicio Penitenciario provincial para que separe a los presos procesados de los condenados de la cárcel de Coronda, la cual alberga a más de mil presos de toda la provincia. La medida judicial fue dictada el último viernes en la Sala I de los tribunales santafesinos, luego de un hábeas corpus interpuesto por el titular del Ministerio Público de la Defensa, Gabriel Ganón, en conjunto con cinco defensores más en favor de los privados de la libertad en el penal corondino.

El oficio interpuesto responde a un reclamo por el incumplimiento de un fallo emitido por la Cámara de Apelaciones en abril de este año, donde ordenó que se cumpla una serie de medidas, en torno a las condiciones de alojamiento de los presos, que fueron denunciadas en diciembre de 2014 por Ganón y el defensor regional de Santa Fe, Sebastián Amadeo.

El dictamen judicial contó, además, con la presencia de siete delegados de diversos pabellones de la unidad penitenciaria en cuestión, los cuales informaron al juez Patrizi el tipo de encierro que se vive diariamente. Por su parte, representó al Estado el fiscal Estanislao Giavedoni, quien estuvo acompañado por el titular del Servicio Penitenciario, Pablo Cococcioni, quien presenció la audiencia desde el público.


Una orden de Cámara
El flamante fallo remonta a un dictamen judicial emitido por los jueces camaristas Martha María Feijoó, Oscar Burtnik y Roberto Reyes del 21 de abril de este año, donde el tribunal hizo lugar a una serie de apelaciones realizadas por la Defensoría, en favor de las personas privadas de la libertad en los penales de Coronda (Unidad Nº 1), Las Flores (Unidad Nº 2), de Mujeres (Unidad Nº 4), Casa de Progreso (Unidad Nº 8) y Colonia Penal de Recreo (Nº 9).

En aquella orden, se determinó que el Ministerio de Seguridad "en un plazo de 15 días debía arbitrar los medios pertinentes a efectos de proceder inmediatamente a la separación de "condenados" y "no condenados" en el penal de Coronda –y el resto también de las unidades.

Para justificar aquella postura, el tribunal de alzada señaló que el actual Código Procesal Penal de la provincia en su artículo 231 indica que a quien se le dicte la prisión preventiva deberá ser alojado en un establecimiento diferente al que se encuentra detenido un reo condenado. En la misma sintonía, también agregaron que el decreto provincial de ejecución de la pena –el 598/11– sostiene lo mismo, al igual que la ley 24.660, de privación de la libertad, a la que adhirió la provincia de Santa Fe.


Análisis y riesgos
En diálogo con UNO, el titular del Servicio Penitenciario, Pablo Cococcioni, analizó la medida judicial y aclaró que la regla, tal como lo establece la ley, es correcta, pero ocurre que desde el SP se plantea que debe aplicarse "teniendo en cuenta la finalidad de protección y no por la regla misma". Consultado sobre qué medidas se tomarán desde el área, Cococcioni indicó que por el momento se encuentra sujeta a análisis.

"El primer oficio ordenaba proceder a la separación de inmediato. Sin mencionar excepciones, y sin explicar qué hacer ante una situación de conflicto ocasionada por el puntual cumplimiento de la orden", explicó. Se mantiene la medida, pero dándose un plazo de dos meses, y con una serie de expresiones que intentan ser aclaratorias, como "contar con participación de los internos y teniendo en cuenta cada caso particular", destacó en torno al proceso de participación de los delegados de los pabellones.

Con respecto a la medida ordenada el viernes, que solo abarca al penal de Coronda, Cococcioni destacó que la medida judicial se ha descentralizado y ello causa un impasse en la aplicación del fallo. "Esto genera un nuevo problema. Habrá que esperar que, ante cada pedido, la Justicia conteste con celeridad, porque estas situaciones no admiten dilación y por eso es que legalmente corresponden a la administración y no a los jueces", dijo.

Por último y ante la consulta de que si la medida podría causar algún tipo de motín en los internos, el titular del Servicio Penitenciario señaló que esperan que no se llegue a tal extremo. "Ya de por sí es muy difícil que un grupo de personas conviva pacíficamente. Imagínese, que cuando logramos una convivencia pacífica dentro de la cárcel para evitar conflictos entre bandas rivales y grupos en tensión, ahora tenemos que hacer relocalizaciones masivas, y esto ya está despertando temores", sentenció el funcionario.

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