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Domingo 28 de Febrero de 2016

Evo Morales intenta limpiar su imagen con la detención de su ex pareja

Todos los esfuerzos que va a hacer el Movimiento al Socialismo (MAS) a partir de ahora es restaurar esa confianza y levantar cualquier mínima sospecha que haya sobre el presidente”.

La detención de Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo Morales, imputada por enriquecimiento ilícito, es interpretada por analistas y opositores bolivianos como un intento gubernamental por limpiar la imagen del mandatario, afectada por una denuncia que frustró en parte sus aspiraciones de reelección. “Una sanción penal contra una persona que probablemente se ha aprovechado de una relación para enriquecerse ilícitamente puede ayudar a que las sospechas que todavía permanecen sobre la palabra del presidente andino, puedan ser disipadas”, explicó el analista político Gustavo Pedraza. Puntualizó que “es un tema que afectó a la figura máxima del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido en el poder). Todos los esfuerzos que va a hacer el MAS a partir de ahora es restaurar esa confianza y levantar cualquier mínima sospecha que haya sobre el presidente”. Aprehendida el pasado viernes, Zapata pasó la noche en una celda policial a la espera de que el juez cautelar decida continuar su detención preventiva o su puesta en libertad.

   En las primeras pericias, Zapata se acogió el derecho al silencio. De acuerdo a la legislación boliviana, la detención preventiva puede extenderse como máximo por 24 horas, período dentro del cual debe pronunciarse un juez cautelar.

Delitos graves. Ramiro Guerrero, fiscal general de la nación, anunció ayer que, tras haberse cumplido los plazos procesales, se presentó “la imputación formal contra Zapata por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias, en el grado de complicidad. Están también involucrados dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia, cuya detención se instruirá en las próximas horas. “Hemos pedido que todos los mecanismos legales competentes del Estado se activen para esclarecer los hechos denunciados, de tal modo que estamos cumpliendo nuestra palabra y ahora corresponde al Ministerio Público definir el curso de acciones”, explicó el ministro de Interior, Carlos Romero. La detención de Zapata fue requerida por el ministerio de Transparencia que la investigó y por la Unidad de Investigaciones Financieras, una entidad estatal que procesa los movimientos bancarios de personas y empresas.

   El senador opositor de derecha, Oscar Ortiz, coincidió con Pedraza. “Están buscando lavar la imagen del presidente, aislar a la señora Zapata para evitar que pueda hablar directamente a la opinión pública y tratar que los fiscales asuman el control de esta investigación, y tratar de disminuir la importancia de la comisión especial legislativa conformada para investigar el asunto”, dijo el parlamentario. Romero rechazó esa interpretación. “Siempre que hubo denuncias contra alguien, las sometemos a investigación en la instancia que corresponda y colaboramos para que se esclarezca cualquier hecho. Esto no es ninguna sorpresa”, retrucó la autoridad.

   El caso se reveló a principios de mes, cuando el periodista Carlos Valverde reveló que Zapata tuvo una relación sentimental con Morales, de la cual tuvieron un hijo hace unos 10 años, y denunciara que ella ostentaba un alto cargo en la empresa china CAMC, con contratos en el país por unos 560 millones de dólares. Esa acusación fue negada tanto por el mandatario como por Zapata, pero tuvo influencia en la ajustada derrota del presidente en el referéndum que planteaba una reforma constitucional para habilitarlo a presentarse para un cuarto período consecutivo.

Ola de críticas. La denuncia desencadenó las críticas de la oposición sobre un supuesto tráfico de influencias, que Morales negó reiteradamente. También el ministerio de Obras Públicas se querelló contra la compañía CAMC, tras proceder a la cancelación de un contrato sobre la construcción de una vía férrea entre el centro y el oeste del país, y cobrar las boletas de garantía por unos 22,8 millones de dólares. “Espero que se solucione el problema. ”Vamos a continuar y fortalecer más nuestra cooperación porque somos dos pueblos hermanos”, señaló el embajador de China en Bolivia, Wu Yuanshan. Wálter Zuleta, abogado Defensor de Zapata, informó que ésta ya no trabaja en la empresa china CMC pues “le han pedido su renuncia (...), fue despedida”.