Policiales
Martes 21 de Abril de 2015

Ocho detenidos por el homicidio y la desaparición de Paula Perassi

Cinco son ex policías de la Jefatura sanlorencina acusados de encubrir el crimen. También detienen al amante de la mujer aún ausente.

Ocho personas implicadas en el homicidio y desaparición de Paula Perassi fueron detenidas ayer por orden por el juez penal de San Lorenzo, Juan José Tutau, a partir de un pedido de la Fiscalía, que en principio involucraba a nueve personas. El operativo que tuvo lugar en las últimas horas estuvo encabezado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y ahora se espera que el magistrado tome declaración indagatoria a los acusados, entre ellos cinco policías de que se desempeñaban en la Unidad Regional XVII y que por estos días revistaban en otras dependencias.
"El operativo se realizó a partir del mediodía y durante el transcurso de la tarde, con total normalidad y tranquilidad. A los acusados se los encontró sin ningún problema en sus domicilios, se los notificó de la orden y se los derivó, por orden de la Jefatura de la Unidad, a diferentes dependencias y comisarías de la región San Lorenzo, mientras que a las mujeres se las alojó en la alcaidía de la ciudad. A todos se les hizo la revisación médica, la identificación dactiloscópica y todas las actuaciones de rigor", confirmó el jefe de la Policía de Investigaciones en San Lorenzo, Jorge Felio.
Encubrimiento. Los primeros en ser apresados fueron los tres oficiales de la Unidad Regional XVII de la policía sanlorencina Aldo G., Ramón G. y María José G. y sus dos altos mandos: Jorge Enrique K. y Adolfo Daniel P. A todos ellos se los señala como los responsables de encubrir el homicidio de Paula y de desviar la investigación.
Los otros tres detenidos son Gabriel Strumia, el amante de la mujer desaparecida y el supuesto padre de la criatura que ésta esperaba y su esposa, Roxana M. (considerada como presunta partícipe del plan criminal al esgrimir coartadas), además de Mirta R., quien habría practicado un aborto en contra de la voluntad de la víctima, con consecuencias fatales.
Pese a que los fiscales Román Moscetta y Donato Trotta también habían pedido la detención de Antonio Darío Díaz, empleado y mano derecha de Gabriel Strumia, la orden de Tutau no lo incluyó en la redada. La Capital consultó los argumentos de esta medida al magistrado, quien respondió con un rotundo: "No me voy a explayar al respecto". Esta exclusión generó sorpresa, teniendo en cuenta que tanto este hombre como su patrón son los únicos que en el transcurso de la causa, iniciada en 2011, fueron imputados, detenidos, procesados y luego desprocesados (razón por la cual se divulgan sus apellidos). En este sentido, la Fiscalía pidió además la revocación de esa falta de mérito dictada en abril de 2013, aunque se desconoce qué resolvió el juez en este sentido.
Frente al juez. Ahora se espera que el titular del juzgado penal local comience a tomar declaraciones indagatorias a los detenidos, que según trascendió arrancarían hoy mismo. "Hay que ver qué declaran (los acusados). Seguramente van a pedir la libertad y nosotros nos vamos a oponer", advirtió el abogado Adrián Ruiz, representante de la familia Perassi.
La semana pasada Alberto Perassi, padre de Paula, se encadenó una vez más frente a la puerta de los tribunales sanlorencinos, esta vez para exigir a Tutau celeridad en la resolución del pedido de la Fiscalía para la detención de nueve personas que habrían tenido que ver con la "privación ilegítima de la libertad, seguida de aborto contra voluntad de la víctima y posterior muerte". El magistrado explicó entonces que su demora se debía a que estaba obligado a respetar ciertos tiempos judiciales, porque había dado aviso a los acusados para que respondieran a través de sus defensores. Esta medida considerada poco habitual derivó en una denuncia radicada por los representantes de Perassi ante la Corte Suprema, por supuestas irregularidades, y por considerarla "dilatoria y garantista".
Según la investigación de la Fiscalía, el día anterior a su desaparición, Paula se iba a realizar un aborto con un médico en Rosario, pero no fue posible porque al parecer la joven tenía una afección ginecológica que, de realizarse la práctica, le ocasionaría grandes hemorragias.
Se presume entonces que, ante su negativa a perder al bebé, fue obligarla rápidamente a realizarse la interrupción del embarazo, con el fatal desenlace. Hasta aquí la primera etapa del crimen. La segunda, es la desaparición del cuerpo y la distorsión de los hechos para desviar la investigación, la cual se considera imposible sin la participación de los policías acusados.

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