Policiales
Miércoles 20 de Julio de 2016

Pensión tomada: quieren vaciar y demoler la casona de calle Mendoza

El juez de feria Darío Sánchez, permitió el operativo que relevó a las nueve familias que viven allí. El municipio informó que el inmueble presenta serio peligro de derrumbe

Este miércoles a la mañana, se realizó un allanamiento en la casona de calle Mendoza al 2771, donde semanas atrás se detuvo a cinco personas por protagonizar peleas violentas y alquilar de manera ilegal las habitaciones.

A la compleja situación judicial penal y civil que implica la toma del inmueble, se suma el real riesgo de derrumbe que tiene el edificio construido en 1930, de dos pisos, cuatro balcones al frente, 1000 metros cuadrados cubiertos y una ocupación de nueve familias, que entre todas suman 14 chicos y 17 adultos.

La orden de allanamiento la dio este miércoles el juez Dario Sánchez, que durante la feria judicial, quedó al frente del juzgado de faltas. Fue a partir del pedido del Fiscal de Estado Municipal Federico Sedlacek, quien realizó una presentación en la que solicitó el allanamiento (para poder relevar cuántas personas estaban viviendo allí y en qué condiciones), el desalojo, y - si se comprobaba el estado crítico de la estructura del inmueble- también su demolición. El juez hizo solo lugar al primero de los pedidos y este miércoles se ejecutó en presencia también de personal de la Dirección de Edificaciones Privadas que llevaron adelante el relevamiento cuyo resultado no sorprendió a nadie. El informe, fue remitido al juez Sánchez y alerta del peligro de derrumbe que podría tener consecuencias fatales si hay personas viviendo allí.

"Esta no es la primera vez que tomamos intervención respecto de este inmueble. Nosotros venimos denunciando en la justicia civil que existen problemas estructurales desde 2011 y ya en 2013 planteamos que hay riesgo tanto como para quienes están alojados allí, como para transeúntes y vecinos de la zona", contó a Diario Uno la secretaria de Gobierno municipal, María Martín.

Del operativo realizado este miércoles, también participó el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. La idea del trabajo en conjunto es estar a disposición en el caso de que la justicia ordene el desalojo del lugar y se deba reubicar a las familias. Muchas de las personas alojadas en la casona pagan una especie de alquiler por las habitaciones que ocupaban, por lo tanto, sería más sencillo poder buscarles un lugar alternativo para residir.

Desde el municipio también señalaron que al principio las comunicaciones sobre las condiciones del inmueble eran con un administrador, que había quedado a cargo del lugar cuando la familia propietaria comenzó la sucesión. Sin embargo, ya para el 2013 el lugar estaba tomado, y sólo podían entrar al lugar con la policía y orden de allanamiento.

"Las causas penales tienen un curso propio. Nosotros estamos participando en la causa por el desalojo, porque es el origen del problema. Concretamente, este miércoles lo que se hizo fue contabilizar las personas que viven ahí, se hizo un informe socioambiental de cada una de ellas, y la Dirección de Edificaciones Privadas constató la condiciones del edificio", agregó Martín.

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