Policiales
Lunes 11 de Abril de 2016

Piden 15 años de prisión para el juez que borró la historia de Paula

El juicio que investiga al exjuez de Menores, Luis María Vera Candioti, por un caso de apropiación de una hija de víctimas del terrorismo de Estado llegó a su etapa final. El viernes alegan los defensores 

El 11 de febrero de 1977, fuerzas conjuntas del Área 212 irrumpieron en la casa de calle Castelli 4531, donde vivían Enrique Cortassa, su esposa Blanca Zapata y su pequeña hija Paula y devastaron la familia. Blanca –embarazada a término– fue asesinada de un disparo en la cabeza ese mismo día y Enrique aún está desaparecido. 
El viernes pasado, algunos de los responsables de ese operativo y el exjuez de Menores Luis María Vera Candioti, que le quitó su identidad a la pequeña Paula, escucharon el pedido de sentencia que realizó el fiscal federal general Martín Suárez Faisal, en el Tribunal Oral de Santa Fe. Fue en el último tramo del juicio que investiga ese episodio y 16 homicidios ocurridos en la ciudad de Santa Fe, durante la última dictadura cívico militar. 
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En su alegato, el fiscal solicitó 15 años de prisión para el exmagistrado, y penas de 22 y 13 años para los dos militares, el exteniente coronel Domingo Morales y el excoronel Carlos Enrique Pavón, respectivamente, y de 25 años para el excomisario Juan Calixto Perizzotti. Al policía, le reprocharon su intervención en 16 homicidios –entre ellos, los de los padres de la niña–, cuatro privaciones ilegales de la libertad y cinco casos de tormentos. Morales, por su parte, fue acusado por tres homicidios y asociación ilícita.
La investigación del Ministerio Público Fiscal determinó que Vera Candioti y Pavón falsearon las actuaciones judiciales donde se tramitó la entrega de Paula al matrimonio Guallane, de Venado Tuerto, que la adoptó de buena fe en abril de 1977. En esa maniobra, Vera Candioti incumplió todas las normas legales sobre adopción. Entre las pruebas que surgieron en la investigación contra el exmagistrado, está la existencia de “cargos antedatados” para justificar el ingreso de la menor en una fecha que no era cierta. Además, entre otras irregularidades se suma que la nena no fue entregada en el Juzgado de Menores a los padres adoptantes sino en la casa de una asistente social.
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“Vera Candioti procuró alejar a la niña de cualquier posibilidad de que pueda ser identificada con su familia biológica”, sostuvo Suárez Faisal, ante el tribunal integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo. Y agregó que, por ese motivo, en el fraudulento proceso de adopción salteó a las primeras veinte familias adoptantes para entregarla a un matrimonio de la ciudad de Venado Tuerto, situada a más de 350 kilómetros de Santa Fe.

La joven que buscó su identidad
En la década del 90, cuando era adolescente, la víctima se convirtió en “la primera hija de desaparecidos que buscaba a su familia biológica y no a la inversa”, recordó el fiscal. Tras una clase de historia en la que la profesora habló sobre la represión ilegal, la niña adquirió hacia 1988 o 1989 las primeras dudas sobre su origen e inició así la búsqueda de su identidad.
El fiscal reseñó que Paula le preguntó a su madre adoptiva si era hija de desaparecidos. “Eso es lo que nos dijeron pero no sabemos si es verdad”, obtuvo como respuesta, y la pareja que la había adoptado la comenzó a ayudar en esa búsqueda, que incluyó visitas a Vera Candioti, de quien nunca obtuvo respuesta.
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Tras judicializar el caso y contar con el apoyo de organismos de derechos humanos, en junio de 1998 Paula hizo pública su historia en un programa televisivo. Una antigua vecina de los Cortassa la encontró parecida a su abuelo –el padre de Enrique Cortassa–, que aún vivía en el barrio y le avisó. Luego, pudo reconocerse en fotos que le habían tomado antes de que la sustrajeran y ocultaran, y la historia continuó con la extracción de sangre y la coincidencia de los ADN.

Vera Candioti fue el único juez de Menores que tuvo la ciudad durante la dictadura. Llegó a la función a través de un “decreto de facto” dictado por el vicealmirante interventor provincial Jorge Aníbal Desimoni y se desempeñó entre el 21 de octubre de 1976 y el 25 de abril de 1980. Entre 1958 y 1970 había sido policía, cargo que dejó para ser fiscal provincial, hasta su asunción como juez en 1976.

Los militares y el comisario
El acusado Morales, en tanto, se desempeñó entre fines de 1976 y marzo de 1977 en el Destacamento de Inteligencia 122 y luego fue el jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia hasta 1979. El fiscal indicó que, desde ese rol de mando, fue responsable de los homicidios de Norma Esther Meurzet, Silvia Haydée Wollert y José Luis Gómez. Pavón, por su parte, fue teniente de artillería en el Comando 121 de Santa Fe desde el 12 de diciembre de 1975 hasta el 7 de diciembre de 1977 y luego se desempeñó como oficial del Comando de Operaciones Tácticas (COT). Desde allí, explicó Suárez Faisal, “partían las instrucciones y órdenes, y en representación de la zona, subzona y área, dicho centro coordinaba a las fuerzas policiales”. Desde el cumplimiento de esa función entregó a la niña Paula Cortassa en el juzgado a cargo de Vera Candioti.
Por último, la responsabilidad del excomisario Perizzotti, señaló el fiscal, estuvo marcada por “doble carácter de jefe de la Guardia de Infantería Reforzada –sede del mayor centro clandestino de detención de la zona- y coordinador del Área de Defensa 212, desde el 19 de enero de 1977 hasta noviembre de 1983”.
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“El funcionamiento represivo del Área 212 del Ejército fue el producto final de un acuerdo de voluntades entre agentes estatales de diversas jerarquías, entre ellos el aquí imputado Perizzotti, que se asoció ilícitamente con otros integrantes de la Policía de la provincia y de las demás fuerzas estatales con el propósito de llevar adelante un objetivo criminal consistente en la comisión de crímenes contra personas o grupos de personas, fundamentalmente en razón de sus ideas, que se plasmaron –entre otros delitos– en violaciones de domicilio, detenciones ilegales, torturas, homicidios y apropiaciones de menores, en forma clandestina”, acusó el fiscal.
En ese sentido, describió que los homicidios por los que se acusó a Perizzotti –que ya cuenta con dos condenas a 8 y 22 años de prisión– ocurrieron a partir de enero de 1977, “cuando el plan sistemático criminal de las fuerzas armadas estaba en pleno auge, quizá el período más cruel, tiempo durante el cual el imputado fue uno de los principales protagonistas de la represión en Santa Fe”. 

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