Política
Domingo 14 de Agosto de 2016

Plantean la inconstitucionalidad del decreto que modifica la ley de tierras

La exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales afirmó que un decreto simple no puede cambiar una ley, y advirtió sobre la falta de límites de compra a extranjeros.

El 30 de junio pasado, el presidente Mauricio Macri a través del decreto 820 modificó la ley 26.737 de tierras rurales, que establecía el límite del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros. Sancionada en 2011, la norma fijó entre otras restricciones, un máximo de 1.000 hectáreas para titulares de otros países en la zona agrícola, núcleo que comprende el norte bonaerense, sur de Córdoba, y también sur de Santa Fe.
Cabe señalar que, de acuerdo a un informe presentado por el Registro Nacional de Tierras Rurales en 2013, el 5,93% de la tierra en Argentina (al menos de manera registrada) está en manos de ciudadanos de otros países.
Según explicó oficialmente Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, luego de la firma del decreto, el nuevo reglamento, "en los límites que le fija la ley, allana y favorece el camino a las inversiones extranjeras productivas, virtuosas y a largo plazo, en el país".

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Entre las entidades que celebraron la medida de Macri, también se encuentra la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, que al momento de la sanción de la ley, en 2011, había criticado la legislación y argumentado que debido al entonces cepo cambiario, y a dicha norma, el mercado inmobiliario rural había sufrido un derrumbe de precios de un 25%.
"La flexibilización de la ley permitirá destrabar la llegada de inversiones productivas en commodities agropecuarios como en trigo, maíz, soja y girasol. Era necesario cambiar la ley que sancionó el kirchnerismo en función de las expectativas que hay actualmente por la llegada de inversiones al país. Ningún extranjero se va a llevar la tierra a su país", indicó al diario digital La Política Online el presidente de CAIR, Javier Christensen.
En tanto, de visita en nuestra ciudad, luego de dar una charla sobre el tema invitada por la diputada nacional Silvina Frana, la exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez, en diálogo con Diario UNO criticó la decisión del Ejecutivo por no haber pasado por el Congreso y sostuvo que de un tope de 15%, directamente se pasó a no tenerlo, y que el decreto soslaya por completo la ley 26.737.
"Si se hubiese discutido en el Congreso subir el tope al 20 o al 30%, se hubiera mantenido una limitación. Lo que hace el decreto básicamente es soslayar la ley de tierras, desde el punto de vista que obvia cualquiera de los límites, ya sea el de porcentaje de extranjerización, o el que tiene que ver con los cuerpos de agua de envergadura que estaba prohibía la compra siendo extranjero", advirtió.
La exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales sostuvo que lo que permite el decreto es que, a través de la compra de acciones, un extranjero pueda hacerse de tierras sin necesidad de tener que pasar por el organismo de control.
"Lo que dice es que puede propiciarse la venta de acciones, y solamente comunicar al registro de tierras, pero ese deber de comunicación no tiene sanción. Otra parte del decreto habla de que si se traspasasen las limitaciones se podrá adecuar. Es decir, la ley limita, pero después un decreto de menor jerarquía constitucional dice que se podrán superar esos límites, y que después se tendrán que adecuar, pero si no lo hacen, no pasa nada, y es sabido que si no hay una sanción ante un incumplimiento, la norma es una especie de voluntarismo", remarcó.
Gómez manifestó que de acuerdo a la experiencia internacional, "la regulación de la tierra está vinculada a los paraísos fiscales, y a cómo se maneja el capital financiero, sobre todo el especulativo", y que al haber tenido la tarea de armar el Registro Nacional de Tierras Rurales desde cero, con información de todos los catastros provinciales, lo que puede advertir es que "en Argentina, salvo la comisión de valores, respecto de la empresas que cotizan en Bolsa, nadie sabe quiénes son los accionistas", y que el decreto presidencial está confeccionado por estudios jurídicos de Buenos Aires, especialistas en encontrar vericuetos legales para saltear los escollos que plantea la legislación nacional.
"Son especialistas en armar este tipo de contratos en donde siempre el Estado va atrás del mercado. Arman una especie de árbol genealógico, donde aparece por ejemplo un extranjero con el 1% y un argentino con el 99% restante, pero ese extranjero a su vez controla la parte del argentino que tiene el 99%", explicó.
"El decreto carece totalmente de técnica legislativa y después hay barbaridades jurídicas. La ley es muy clara en no tocar derechos adquiridos, todo aquel que hubiera adquirido tierras de manera previa, no tenía que vender, y no iba a poder comprar si estaba superando los límites. El decreto ahora dice que ese derecho en expectativa, de Benetton por ejemplo que tiene 900.000 hectáreas, si vende puede comprar en otro lado. Entonces, eso es totalmente contrario a derecho", ejemplificó.
Por último, resaltó que el problema no es solamente que el decreto haya ido en contra de lo que establecía la ley, sino que el Poder Ejecutivo se arroga competencias que son propias del Legislativo. "El Ejecutivo no legisla, salvo casos de decreto de necesidad y urgencia que después deben ser refrendados por el Congreso. En este caso ni siquiera es un decreto de necesidad y urgencia, es un decreto simple que modifica una ley", finalizó.

Santa Fe en contexto

De acuerdo a información relevada por el Registro Nacional de Tierras Rurales en 2013, los extranjeros son dueños del 5,93% de las tierras rurales argentinas, y suman un total de 15.881.069 hectáreas, una superficie semejante a la provincia de Salta. En tanto, en Santa Fe, hay 12.832.000 hectáreas rurales, y el 4,1% (540.265 ha) están en manos de extranjeros.

Piden la nulidad del decreto 820 de Mauricio Macri

En diálogo con Diario UNO, la diputada nacional Silvina Frana sostuvo que pedirá la nulidad del decreto que modificó la ley 26.737 y dijo que se trata de algo inconstitucional. "La propia Constitución fija que el Ejecutivo puede reglamentar lo que el Legislativo dice, no adicionar o suprimir, no puede ir por encima de una ley, y muchos legisladores estamos presentando el pedido de nulidad, además de esta suerte de concientización social sobre de qué estamos hablando", expresó.

En esa línea, sostuvo que no se trata de un capricho de legisladores de la oposición, sino que es un tema relacionado con la soberanía, y con el futuro del país y de la economía.

"Creo que el Presidente de la Nación, con toda legitimidad, si hubiera querido modificar la ley de tierras, tendría que haber mandado al Congreso un proyecto de ley modificándola, y no sacar un decreto per se con las implicancias económicas y de soberanía que esto tiene", manifestó.

"Hoy nuestros recursos naturales son nuestra mayor riqueza, y todos sabemos que Argentina tiene una base económica que tiene que ver con la actividad agropecuaria, y la tierra en esta actividad es uno de los componentes fundamentales del valor de lo que producimos. Entonces, el Estado no es que debe prohibir la venta, pero debe estar presente y fijar parámetros", agregó.

Por último, respecto de la llegada de inversiones que facilitarían las modificaciones impuestas, planteó que "hasta ahora es algo que no se puede comprobar", sino que todo lo contrario, y lamentó que la extranjerización de la tierra no sea un tema central de la sociedad.

"Supongamos que lleguen las inversiones, y ojalá lo hagan, el solo hecho de que lleguen y aumente el Producto Bruto Interno, que es una cosa que puede suceder, no necesariamente implicará que haya más trabajo y más dignidad para los argentinos. El aumento de por sí del PBI no es reparto, ni distribución de riqueza. Claramente este decreto fue un paso atrás", resaltó.


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