Policiales
Miércoles 30 de Diciembre de 2015

Atentado a Bonfatti: el acusado acordó condena

Aceptó una pena de tres años y medio por la balacera contra el ex gobernador y otras tres causas. En un par de meses quedará libre.

El único acusado por el ataque a balazos contra la vivienda del ex gobernador Antonio Bonfatti acordó un procedimiento abreviado por ese y otros hechos delictivos que se le atribuyen. El acuerdo, que deberá ser homologado por un juez de sentencia los primeros días de febrero, implica la aceptación de una condena de tres años y medio que habilitará al imputado recuperar la libertad en un par de meses. Hasta entonces Emanuel José Sandoval, de 24 años y conocido como "Ema Pimpi", continuará bajo arresto domiciliario tal como está desde hace un año de los dos que lleva en condición de detenido.

El acuerdo judicial entre la defensa de Sandoval y la fiscalía que investigó el atentado contra el ex mandatario santafesino fue objetada por el ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, quien dijo a este diario que "en casos de conmoción social la pena no puede ser negociada ya que la sociedad necesita saber qué sucedió a través de un juicio oral y público".

Ataque. El atentado contra Bonfatti ocurrió la noche del 11 de octubre de 2013 en su domicilio particular de Darragueira y Gallo. El entonces gobernador estaba con su esposa y una empleada cuando la vivienda fue acribillada a balazos por hombres que pasaban en una moto a toda velocidad. Si bien hubo cinco detenidos, la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas finalmente procesó a dos personas: Sandoval, por amenazas agravadas por el uso de arma y anonimato, abuso de arma y daño calificado, y el policía Pablo Espíndola quien espera una sentencia por encubrimiento agravado.

En diciembre de 2014 Sandoval obtuvo una morigeración de la prisión preventiva y quedó con arresto domiciliario. Y poco más de un mes atrás, en noviembre pasado, la querella que representa a Bonfatti en el caso decidió proseguir la acusación contra Ema Pimpi por entender que no había elementos ni pruebas que lo incriminaran.

En ese marco, la semana pasada el abogado defensor de Sandoval, Marcos Cella, acordó con el fiscal Enrique Paz un procedimiento abreviado con una pena de tres años y medio por esta causa y otras, entre ellas una condena anterior a tres años por abuso de armas y lesiones, otra imputación similar y una de portación de arma.

Para que la condena se haga efectiva el acuerdo deberá ser homologado en el Juzgado de Sentencia Nº 6, lo que se estima ocurrirá en febrero. Hasta entonces Ema Pimpi seguirá con arresto domiciliario.

Cansado. "Sandoval está cansado y quiere terminar con todo esto", dijo Cella a este diario, para explicar que el acuerdo que firmó su cliente "no implica admitir su responsabilidad en algo que no hizo".

"Como defensor debo decir que durante todo el proceso aseguramos la completa inocencia de Sandoval y en la ausencia de pruebas en su contra", sostuvo el abogado, y detalló el contexto en el que se encuentra su cliente desde que fue implicado en el atentado contra Bonfatti. "Lleva detenido casi 26 meses, de los cuales pasó catorce en las cárceles de Coronda y Piñero. Fue sometido a apremios, vejámenes, torturas y demás. Por la falta de pruebas en su contra obtuvo un arresto domiciliario, pero lleva más de un año en esa situación. Hace un mes le mataron al primo y cinco días atrás la policía irrumpió sin orden judicial y sin motivo en su casa cuando estaba bañando. Lo sacaron de la ducha, lo llevaron hasta el marco de la puerta y le pegaron un tiro en la pierna a él y al hermano de 16 años", detalló Cella.

Objeción. El ministro Pullaro expresó reparos sobre el acuerdo. "En casos de resonancia social, no puede haber abreviado sino oralidad. La sociedad necesita saber qué ocurrió. No puede haber pena negociada en casos como éste de conmoción, ni en casos de pena mayores a ocho años por homicidios y violaciones o de delitos de funcionarios públicos. Saber con certeza, implica que la fiscalía acuse y la defensa exponga", dijo Pullaro, y aclaró que "no se niega el abreviado como instrumento válido para acelerar el sistema penal, pero está pensado que las causas de mayor impacto sean llevadas a un juicio oral y público".