Policiales
Martes 17 de Mayo de 2016

Caso Acevedo: a nueve años de su muerte, el estado de la causa

La causa que investiga a médicos del Iturraspe por la muerte de una joven a la que no le practicaron un aborto terapéutico está paralizada en la Cámara de Apelaciones.

El 17 de mayo de 2007, Ana María Acevedo (20) moría producto de un cáncer fulminante, para el que nunca recibió el tratamiento que requería. Los médicos que la atendieron  en el hospital Iturraspe decidieron no atacar la enfermedad, porque la joven estaba embarazada y se negaban a realizarle un aborto terapéutico. Ana María tenía 20 años, tres hijos y una familia que la apoyaba. Su muerte y la de su bebé marcaron un punto de inflexión en el sistema de salud santafesino y en el debate sobre el cumplimiento efectivo del artículo 86 del Código Penal.
A casi nueve años de la muerte de Ana María, la investigación penal que tiene en el banquillo de acusados a esos profesionales está paralizada en la Cámara de Apelaciones y el riesgo procesal  del paso del tiempo es grande. Varias de las imputaciones a los médicos  son por incumplimiento de deberes de funcionario público, si los médicos investigados se jubilan y pierden esa condición, es muy improbable que no haya una condena.

La última audiencia del caso se realizó el 23 de junio del año pasado. Los imputados cuestionaron el pedido del fiscal de elevar a juicio la investigación y desde entonces, está pendiente la respuesta del tribunal integrado por Oscar Burtnik, Roberto Prieu Mántaras y Jaquelina Balangione.
Los imputados son el exdirector del Iturraspe, Andrés Ellena, y los jefes de los servicios de Oncología, César Blajman, y de Ginecología, Raúl Alejandro Musacchio, procesados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves culposas en concurso real”; y de los médicos Jorge Venanzi, oncólogo radiólogo del mismo hospital; Sandra Barbieri, directora del hospital Samco de la localidad santafesina de Vera, y José Manuel García, presidente del Consejo de Administración de ese centro de salud, procesados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público.
 
“No saben de qué se los acusa”
En diálogo con Diario UNO, una de las actoras civiles de la causa, Paula Condrac, quien integra la Multisectorial de Mujeres, confirmó que en los próximos días presentarán ante la Cámara una orden judicial de pronto despacho, para reclamar por la demora en la resolución.
“Hasta el momento no hemos tenido ninguna notificación. En septiembre del año pasado fuimos con los padres de Ana María a hablar con el doctor Prieu Mántaras  y nos dijo que a fines de octubre de ese mismo año a más tardar iba  a haber novedades. Estamos a casi un año de esa audiencia y a nueve años de la muerte de Ana María y no tenemos respuesta de la Cámara. Nos llama mucho la atención. La defensa de los médicos plantea que el requerimiento de elevación a juicio del fiscal no es claro y que ellos no saben de qué se los acusa. A nueve años de la muerte de Ana María sostienen eso y la Cámara no da respuesta, y  nos parece gravísimo”, sostuvo Condrac.

—¿A quienes beneficia esta demora?
—Claramente beneficia a los médicos, porque su situación sigue en el aire. Si ellos se jubilan, los procesamientos que son por el delito de incumplimientos de los deberes de funcionario público caen. Aquel médico que se jubila y deja de ser funcionario público ya no puede ser condenado, porque ser funcionario publico es uno de  los requisitos para que este delito se configure. Entonces, claramente el tiempo los beneficia y no se puede dejar de pensar que el silencio de la Cámara los está beneficiando. Y esto no solo perjudica a la familia de Ana María,  sino también a cada mujer que pretende que se cumplan sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando no hay justicia, hay un impacto social, justicia lenta no es justicia y esto genera un impacto en la lucha de las mujeres por sus derechos.
Y agregó: “Sabemos que la Cámara está desintegrada. Esto es un dato de la realidad, no hay la cantidad suficiente de camaristas, este es un problema que existe y que es real. Pero esto no es respuesta para un caso tan antiguo en el que pueden prescribir las acciones”.
Por este motivo, la Multisectorial de Mujeres va a interponer un pronto  despacho y va a presentarse como querellante: “El alcance que hoy tenemos como actoras civiles es muy limitado, estamos litigando con el viejo Código Procesal Penal porque este hecho es del año 2007”, precisó Condrac.
Por último, la abogada consideró que el caso tuvo un desarrollo parcialmente distinto en los poderes Ejecutivo y Judicial: “Todos los fiscales que intervinieron en el caso y el juez correccional que procesó a los imputados, mostraron un gran compromiso por la causa y por la investigación. No así la Cámara. Por su parte, el Poder Ejecutivo siempre tuvo una actitud positiva en torno a los derechos de las mujeres y hacia la familia de Ana María, pero necesitamos que repercuta en el interior del sistema de salud y que no quede solo en el dictamen de un fiscal de Estado sino que se garanticen estas medidas de no repetición”.
En la audiencia que se realizó el año pasado, y para evitar que el caso llegue a la instancia de juicio, los defensores atacaron la acusación de la fiscalía con el argumento de que como se formuló casi la misma atribución para todos los imputados, no queda claro cuál fue la responsabilidad de cada uno en el hecho y que, por lo tanto, se lesiona su derecho de defensa.

Como contrapartida, el fiscal de Cámara Miguel Ángel Molinari, que estaba acompañado por el fiscal de grado Pedro Leyes, sostuvieron que la acusación es la misma para todos porque la muerte de Ana María se produce por acciones y omisiones conjuntas y solidarias de los seis médicos. E insistieron en que la apelación de la defensa no tiene más fundamentos que demorar el proceso y evitar que sea elevado a sentencia.
“Todos los imputados fueron indagados por los delitos por los cuales se los acusó. No hay afectación real del derecho de defensa. Todos los imputados ejercieron ese derecho, no se abstuvieron de declarar ni plantearon ningún tipo de objeciones”, puntualizó Molinari. 
Y Leyes completó la idea: “Con estas maniobras dilatorias, no estamos permitiendo que el proceso llegue a sentencia, donde el tribunal se va a poder expedir sobre la imputación y la culpabilidad de cada uno de los imputados”.

El último año de Acevedo
En mayo de 2006, Ana María concurrió al Samco de Vera, de donde era oriunda, para que se le extrajera una muela. Luego del procedimiento regresó al efector de salud porque presentaba fuertes dolores y durante cuatro meses le recetan antibióticos sin prestarle mayor atención al caso ni investigar cuáles eran las razones de la complicación médica.

Recién en noviembre ella llega a Santa Fe para hacer una interconsulta. En el hospital José María Cullen le hacen los estudios necesarios y le diagnostican un sarcoma, uno de los tumores más malignos. Allí se la deriva al hospital Iturraspe para iniciar el tratamiento oncológico indicado para esos casos.
Sin embargo, en la segunda visita al nosocomio, el 5 de diciembre, indica que presentaba un atraso en su período menstrual por lo que se le realiza una prueba de embarazo que da positivo. En ese momento se estima que estaba en la tercera semana de gestación. Pese a ser una mujer semianalfabeta, ella y su madre solicitan al médico un aborto terapéutico a fin de poder iniciar la radioterapia y quimioterapia que podrían haber salvado su vida.
El Comité de Bioética del Iturraspe desestima el pedido y la obliga a continuar con su embarazo hasta el 26 de abril cuando, con 25 semanas de gestación, le inducen el parto. Así nació una nena de 450 gramos que murió a los dos días. Tres semanas después, el 17 de mayo de 2007, tras una larga agonía, Ana María fallece.
Acevedo había sido diagnosticada con una grave enfermedad pero tenía grandes posibilidades de superar. El tumor tenía apenas tres centímetros cuando se lo detectaron y no se había ramificado. Las posibilidades que tenía de sobrevivir eran muchas. Sin embargo, fueron las presiones de los grupos conservadores y la ausencia del Estado las que pesaron más y lograron que la ley y los derechos de una joven pobre sean ignorados.
Antes del terrible desenlace su madre, Norma Cuevas, hizo un pedido desesperado para que se atienda la situación de su hija y se le permita tener la oportunidad de luchar por su vida. Sin embargo, ni las autoridades del hospital ni el gobierno provincial escuchó el reclamo. Incluso, luego de la muerte, se intentó esconder el pedido de aborto terapéutico y la única respuesta que dio el Ministerio de Salud provincial fue separar del cargo al entonces director del Iturraspe, Andrés Ellena.

Gabriela Albanesi / galbanesi@uno.com.ar / De la Redacción de Uno