Policiales
Miércoles 15 de Julio de 2015

Chaumont dijo que no les pidieron agentes para la fiscalía de San Javier

El secretario de Seguridad Pública aclaró que la solicitud de vigilancia debía solicitarla el Poder Judicial.

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Gerardo Chaumont, afirmó ayer que el grave ataque contra la Fiscalía de San Javier, a cargo de la fiscala Rosana Marcolín, “fue un hecho muy grave e inédito” en la provincia “porque es atentar contra el Poder Judicial”, y aseguró que el edificio no contaba con vigilancia policial “porque no había sido solicitada por la autoridad judicial correspondiente”.
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“Brindar seguridad del edificio no depende del Poder Ejecutivo o de la policía. Son medidas que escapan a la instrumentación policial. Las debe solicitar el Poder Judicial. Nunca fue requerida la custodia de ese edificio. La policía no da custodia per se, o a su gusto. La policía, cuando brinda custodia, lo hace a requerimiento de una autoridad judicial, y en este caso nunca se solicitó una custodia de ese local”, aseguró Chaumont. Las declaraciones fueron realizadas a LT8, cuando el funcionario provincial fue consultado sobre el incendio intencional que se produjo el domingo a la madrugada en la sede del Ministerio Público de la Acusación de San Javier, a 156 kilómetros al norte de Santa Fe.
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Accesible, y sin custodia 
“Allí no solamente había causas judiciales contra policía. Había también contra civiles y de todo tipo, tamaño y color. En cuanto a que no había cámaras o medidas de seguridad, eso no es responsabilidad del Poder Ejecutivo o de la policía. Son medidas que escapan a la instrumentación policial. Depende del Poder Judicial. Nunca fue requerida la policía para vigilar el edificio”, agregó. 
Al parecer a nadie había llamado antes la atención que en una ciudad como San Javier, con algo más de 16 mil habitantes, un edificio tan céntrico, en cuyo interior se almacenaban expedientes judiciales de inusitada importancia por estar directamente relacionados con la vida (y la muerte) o el patrimonio de los ciudadanos no solo de la ciudad sino de la zona, no tuviera una custodia permanente. O, consecuentemente, que resultara tan fácil ingresar al edificio, cometer el ataque y salir sin ser detectado. La magnitud del daño causado por el fuego fue total, lo que abonó la certeza de que fue intencional y que el autor, en el caso de que se comprobase que actuó en soledad, tuvo tiempo para completar su faena con eficacia.
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Para la fiscala Marcolín fue “un profesional” quien hizo la tarea, lo que hace temer que pudiese tratarse de alguien ajeno a la comunidad sanjavierina pero que, en esta hipótesis, debería haber sido convocado por alguien afectado de algún modo por alguna investigación en curso cuya documentación se encontraba en la sede de la unidad fiscal. 
“No era ninguna persona improvisada. El que hizo esto ingresó por una puerta lateral, no por el frente. Trepó por un patio interno, cortó un enrejado que había allí con mucha precisión. Luego accedió a una ventana, la violentó y cuando ingresó rompió cerraduras de donde estaba la documentación. Con mucho esmero armó una pila con todos los sumarios y les prendió fuego”, detalló la funcionaria. Además, el o los delincuentes se llevaron el disco rígido de la computadora de la fiscala, robaron numerosas armas de fuego que estaban bajo la custodia de la oficina fiscal como pruebas de las causas judiciales.

Las sospechas por el crimen del chofer del intendente 
El lunes 22 de junio, un empleado municipal de 48 años fue asesinado a puñaladas en su casa de la ciudad de San Javier. Fuentes policiales identificaron a la víctima como Alberto Javier Constante Peralta, quien durante el último tiempo había sido chofer del intendente de esa ciudad, Mario Enrique Migno. 

Víctima. Alberto Javier Constante Peralta tenía 48 años. 
 
Peralta fue encontrado sin vida en la madrugada del lunes 22 de junio, en su casa de Juan de Garay al 2100. La investigación del caso fue asignada a la fiscala Rosana Marcolín, quien ordenó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).
Tras el ataque incendiario a la fiscalía de San Javier ocurrido el domingo pasado en horas de la madrugada, los pesquisas comenzaron a barajar distintas hipótesis sobre qué casos que se estaban siguiendo en esa unidad fiscal podrían haber gatillado la ofensiva. Inmediatamente se descartó de que se tratara de un hecho perpetrado por una sola persona. 
La precisión en el robo del disco rígido de la computadora de la fiscala Rosana Marcolín, y cómo buscaron los archivos en papel sobre las causas en marcha para luego destruirlas con fuego, mostraron que quienes se encomendaron la tarea sabían qué buscaban y dónde encontrarlo. 
Por eso desde un primer momento se apuntó a varios casos en los que se está investigando corrupción policial, y en ese muestreo de causas complejas surgió la investigación por el asesinato de Peralta. 
Según los datos preliminares, el cuerpo del empleado municipal fue descubierto cerca de la 1 de ese lunes por efectivos del Comando Radioeléctrico que llegaron a la escena del crimen a instancias de vecinos que observaron movimientos extraños en inmediaciones de la casa. La primera presunción de los investigadores es que el autor del homicidio era conocido de la víctima.
Según refiere el portal de noticias Sanjavierinos.com.ar, al parecer Peralta no tenía mucha relación con los vecinos de la zona aunque solía tener reuniones en su domicilio con personas ajenas al barrio. Según trascendió, en la escena del crimen se observaron huellas de pisadas. En ese marco, ayer se investigaba a tres personas que podrían haber participado de esas reuniones en la casa de la víctima. En este sentido, trascendió que una de ellas habría merodeado la zona en un ciclomotor color oscuro. Hasta ahora, hay un sospechoso por sus vínculos con el hecho, que fue detenido el pasado 7 de julio, en barrio La Flecha y que hoy cumple prisión preventiva.