Policiales
Miércoles 08 de Junio de 2016

El decomiso de bienes, eje de la lucha contra delitos complejos

El subsecretario de Asuntos Legales de la provincia, Lisandro Martínez Gorostiaga, explicó la alternativa para desarticular el poder económico de las bandas criminales 

Con la premisa de que el derecho de propiedad no puede  primar sobre  un uso delictivo de bienes y que la mayoría de los delitos tienen un trasfondo económico, ayer se debatió, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral sobre el decomiso de bienes en los casos en los que se investigan delitos complejos. 
 
La conferencia tuvo tres disertantes, el juez de Sentencia Penal de la provincia, Edgardo Fertita; el exministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, y el subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Lisandro Martínez Gorostiaga, quien dialogó con Diario UNO sobre la importancia de divulgar entre los operadores judiciales, que el secuestro de bienes vinculados a hechos ilícitos actualmente es una posibilidad para los jueces y fiscales. Se trata de una herramienta que está regulada en el Código Penal de la Nación, pero además, desde el Poder Ejecutivo provincial ya se envió un proyecto de ley a la Legislatura para que expresamente quede establecido dentro del Nuevo Código Procesal Penal, sobre todo lo relativo a la creación de un fondo que administre este tipo de capitales.
 
—Los bienes vinculados a delitos son incautados cuando el acusado es condenado. Sin embargo, mientras dura la investigación, la persona puede utilizar esos recursos para defenderse. ¿Qué hace falta para frenar esa posibilidad?
—No hace falta cambiar ninguna ley. Hoy, los fiscales pueden pedir la cautela temprana de esos bienes –que va desde lo más leve, por ejemplo hacer una anotación litigiosa de un inmueble para que no lo puedan vender, hasta lo más grave que es  el secuestro. Todo eso hoy está en el Código Procesal Penal o por derivación en el Código Procesal Civil. A lo que nosotros apuntamos con este proyecto de ley es incorporarlo en la cultura de los fiscales y de los jueces a través del nuevo Código Procesal Penal para que  tengan presente que se pueden pedir y otorgar esas medidas. Además, como medida innovadora planteamos el decomiso sin condena (es decir que esos  bienes puedan pasar al Estado aunque no haya una sentencia firme, por ejemplo en los casos en los que el imputado está prófugo), y por último la creación de un organismo que administre todos esos bienes.
 
Investigaciones complejas  
—¿El decomiso es efectivo para desalentar los delitos?
—Totalmente, tener una política de recupero de activos y un sistema de decomiso es muy importante para abordar a las bandas más organizadas y apuntar al poder económico con el que se sostienen. Prácticamente todo delito tiene un trasfondo económico. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial han hecho estudios en los que estiman que entre un 2 y un 5 por ciento del  PBI mundial es lavado por año. Es una cifra altísima.
 
—Algunos juristas la consideran una pena accesoria.                                                                     —Hay varias corrientes sobre este tema. Desde mi punto de vista, es una consecuencia jurídica de un proceso penal o  derivada de un ilícito. En el Código Penal no figura como pena el decomiso, aparece en el  artículo 23 porque lo regula.
 
Martínez Gorostiaga explicó, además, que se trata de una alternativa aplicable a investigaciones de alta complejidad y que la provincia de Santa Fe es una de las pioneras en tener resoluciones de primera y segunda  instancia por investigaciones de delitos económicos: “Justamente uno de los casos más emblemáticos es el de los fiscales que llevaron adelante la investigación contra la banda de Los Monos, que pidieron el decomiso de los bienes que, además, previamente habían estado cautelados”. 
 
En ese caso, la provincia de Santa Fe participó desde el Ministerio de Seguridad, con la Subsecretaría de Delitos Económicos en la identificación de los bienes. Los fiscales pidieron el decomiso de los bienes con la condena del juicio abreviado y, en un fallo inédito, los jueces de sentencia Edgardo Fertita, Julio Kesuani y Luis Mascali dispusieron el decomiso de 55 vehículos, siete inmuebles y cinco licencias de taxi que pasarán a manos del Estado provincial.
Gabriela Albanesi / galbanesi@uno.com.ar