Policiales
Domingo 15 de Mayo de 2016

La trama de la venta de armas incautadas todavía no tocó fondo

La investigación echó por tierra un sistema basado en el descontrol, la impunidad y la codicia. Todavía pueden caer más implicados

José Amado/De la Redacción de UNO
jamado@uno.com.ar


“Lo último que podíamos imaginar era que esas armas que iban a Tribunales, volvían a la calle”, dijo un efectivo de la Policía conocedor del tema. En la sacristía de la seguridad y la transparencia surgió la corrupción, amparada en la desidia. Los allanamientos y las detenciones que hace 10 días hicieron estallar el escándalo del robo y venta de armas incautadas evidenciaron a su vez que tal práctica estaba facilitada por el descontrol.

Durante décadas, en la Justicia hubo un manejo de las armas y demás elementos secuestrados basado en la mera creencia de que a nadie que tuviera acceso a los mismos, se le iba a ocurrir llevarse algo a su casa. La cadena de custodia de cada prueba comenzaba en la escena del crimen y moría en la puerta de la Sección Depósito y Efectos Secuestrados.

Los rumores de la ausencia de elementos que debían estar en ese galpón del subsuelo de Tribunales corrían desde hace varios años. Más que rumores, según se informó a UNO, hay varias causas, algunas ya cerradas, otras todavía en trámite o esperando el juicio, en las que faltan elementos de prueba: armas que figuran en un expediente pero no están en el Depósito. Las advertencias no bastaron para que las autoridades adoptaran medidas a tiempo, ni siquiera para limpiar el lugar tapado de polvo.

Es más, en octubre de 2015 hubo un debate en el que se juzgó a Cristian Siegfried por una balacera ocurrida en 2011 contra cuatro personas en el barrio El Morro de Paraná, y también por un homicidio ocurrido en el barrio La Milagrosa en 2012. Una de las pruebas en contra del imputado era una pericia que determinó que los proyectiles del primer hecho habían sido disparados por la misma arma que los del segundo. Pero quedaba la incógnita: ¿Cómo Siegfried iba a utilizar en 2012 el arma que la Justicia había secuestrado en 2011? En los alegatos, el abogado defensor, José Iparraguirre, planteó dos hipótesis: una, que el acusado haya ingresado al Depósito y robado el arma, lo cual era irracional; otra, que la Policía haya retirado las vainas servidas del primer hecho y las plantó en la escena del crimen del segundo hecho. También, se podría pensar ahora, el imputado podría haber obtenido el arma luego de que haya sido reingresada al comercio ilegal. Pero lo más curioso fue la respuesta que dio el tribunal (integrado por Alejandro Grippo, Marcela Badano y Elisa Zilli) en la sentencia: afirmaron que se trató de un error involuntario del perito balístico del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Daniel Vitali, quien se equivocó en los proyectiles que analizó. Además, cuestionó a la defensa por poner en duda el sistema judicial.

Síntomas de la ceguera de los que no quieren ver.

El fiscal Ignacio Aramberry sopló fuerte y derribó ese castillo de naipes: la investigación, que comenzó con una anomalía detectada por los especialistas balísticos de la Dirección Criminalística, siguió con la decisión del agente fiscal de averiguar cómo un arma podría ser secuestrada dos veces; el trabajo del personal de la División Robos y Hurtos fue encontrando  indicios, y en las escuchas telefónicas se evidenció la trama delictiva.

La bomba estalló
El procedimiento elemental comienza cuando un juez (con el anterior Código) o un fiscal (con el actual) secuestra un arma de fuego. Si es por una portación ilegítima que alguien llevaba en la calle, o por una tenencia ilegítima que alguien tuviera en su casa, el arma se envía primero a la Dirección Criminalística para el peritaje (conocer si está apta para el disparo, si fue usada en otro hecho, etc.), luego al Juzgado o Fiscalía para terminar, oficio mediante, en el agujero negro del Depósito. Siempre en una bolsa rotulada con el número y carátula del expediente o legajo. Si el arma secuestrada fue usada en un asalto, previamente quedaba guardada unos días en el despacho del juez o fiscal para someterla a una rueda de reconocimiento por parte de las víctimas, y ahí sí queda en el subsuelo de Tribunales hasta el juicio, momento en que los elementos secuestrados se disponen para eventuales reconocimientos de los testigos en el debate. Una vez que la causa concluye y la sentencia por el hecho queda firme, se ordena el decomiso y la destrucción: a la boca del lobo. El encargado de la destrucción, entre otros, era el perito balístico del STJ, Antonio Vitali.

El control de las armas secuestradas que tiene la Policía es riguroso, pero con poco sentido si la misma iba a terminar en un lugar sin resguardo. Cuando un arma ingresa a la Dirección Criminalística para ser analizada por los peritos balísticos de la División Scopometría, pasa por ocho instancias de control hasta que cruza la calle para ir a Tribunales. Es decir, un nivel altísimo que deja casi nulas posibilidades de interferencia. Por eso (sumado a la capacidad tecnológica y profesional) se entiende la confianza depositada en esta área por las autoridades judiciales, no solo de la provincia sino también del fuero federal, para las investigaciones.

La investigación que hizo estallar la bomba donde nadie imaginaba comenzó en noviembre de 2015, cuando personal de la comisaría cuarta secuestró un arma que estaba en poder de un hombre de apellido Toujan, quien había tenido varias causas penales. La enviaron a la Dirección Criminalística y el perito balístico que pasó el arma por el microscopio alertó que se trataba de un elemento que ya había sido secuestrado y enviado a Tribunales. La evidencia fue a manos del fiscal Aramberry, que decidió ir hasta las últimas consecuencias. Y se cree que las últimas todavía no se conocen.

El fiscal solicitó varias medidas de prueba y encargó el trabajo de averiguaciones clave y las escuchas telefónicas a los efectivos de la División Robos y Hurtos. Así fueron marcando uno por uno a los implicados en un mecanismo que tenían bien aceitado, con una estructura, distribución de roles y reparto del dinero de la comercialización de las armas que sustraían del Depósito.

La forma más segura de cometer el delito era con las armas que ingresaban con número de serie, y antes de venderlas les limaban la numeración para que, en caso de ser secuestradas nuevamente, no sean identificadas. Al parecer, en el caso de Toujan, quedó visible el número en una pieza de ese arma.

Una de las cosas que generalmente sorprendían era que cada tanto aparecía en la calle (es decir, se secuestraba en algún procedimiento) un arma de fuego que provenía del interior de la provincia. Por la numeración o por el rastro que ha dejado esa arma en algún hecho delictivo se sabía que había estado en otra localidad y de repente era encontrada en Paraná. Esto, ahora se sospecha, habría sido porque las armas incautadas en estas ciudades de la provincia eran enviadas por los juzgados o fiscalías al Depósito de los Tribunales de Paraná, donde quedaban a merced de quienes tenían acceso para sacarlas y comercializarlas ilegalmente.

El negocio redondo estaría en las armas que iban a desguace. ¿Quién sabe hoy a ciencia cierta cuántas armas fueron destruidas y cuántas reingresadas al mercado ilegal? En 2011 se informó la destrucción de 600 armas, en 2012 unas 550, en 2015 se desguazarían alrededor de 1.500. El artículo quinto de la Ley Nº 25.886, modificatoria de la Ley Nacional de Armas y Explosivos ordena que “las armas de fuego secuestradas con motivo de la comisión de cualquiera de los delitos tipificados por el Código Penal serán destruidas en acto público, con el contralor de la máxima autoridad judicial de cada circunscripción”.

Según se informó a UNO, no solo la venta era un negocio, sino también el alquiler, para aquellos que necesitaran las armas para ocasiones específicas, sea un robo, una balacera o una práctica de tiro.

Consideran que el robo y venta de armas comenzó hace cinco años. La cantidad de armas y la ganancia que obtuvieron parece incalculable.

La pirámide delictiva
El 5 de mayo el fiscal solicitó una decena de allanamientos y cayeron siete de los ocho involucrados. Dos días después fue detenido el octavo y presunto jefe, el perito Vitali. La sospecha es que este comandaba las acciones; el empleado judicial del Departamento Médico Forense, Maximiliano Bertoni, era el enlace con quienes conseguían los clientes, Mario López y Eduardo Borgogno, presuntos vendedores de las armas. Horacio y Javier Brítez, padre e hijo, están acusados de aportar una vivienda para aguantarlas, mientras que una mujer quedó implicada por haber comprado una, supuestamente para su seguridad. Tampoco quedó afuera de la causa el encargado de la Sección Depósito, Fabricio Santapaola. Al parecer, no hay indicios que lo involucren en el accionar delictivo pero, por su función, le cargan la omisión de sus deberes de controlar lo que pasaba con los efectos secuestrados. Las líneas que separan ser víctima, mirar para otro lado y participar, son muy delgadas.

Cuando Vitali fue citado a declarar, se defendió: dijo que él había notado la faltante de armas y que lo denunció, pero no se sabe si por escrito o verbalmente. También aseguró que quienes lo acusan de ser partícipe de la organización lo hicieron porque le deben plata.

La cuestión será corroborar quién tenía acceso con llave al Depósito y al Taller de pericias y destrucción. Obviamente Santapaola era uno de ellos, pero se cree que Vitali también la tenía, aunque no podía. ¿El encargado de Depósito le dio una copia o se las ingenió para hacerla? Todavía no está claro.

La Fiscalía acordó distintas medidas cautelares con los imputados: Bertoni, López y Borgogno 30 días de prisión preventiva en la cárcel; Vitali y Javier Brítez, 30 días de prisión domiciliaria; Horacio Brítez quedó libre con restricciones, mientras que Santapaola y la presunta compradora, libres. Además, al perito balístico le pidieron que no vuelva a comunicarse con ninguno de los vinculados a la causa.

Las imputaciones más graves pesan sobre Vitali y Bertoni: Peculado y Venta ilegítima de armas de fuego, y en caso de ser condenados, aunque sea con la pena más baja que permita el Código, no zafarían de la cárcel. A su vez, a ellos dos y a Santapaola, el Superior Tribunal de Justicia les informó el inicio de sumarios administrativos, supeditados al trámite de la investigación del fiscal Aramberry, y mientras tanto cobrarán el 50% de su sueldo.
 
El inventario: décadas de atraso
Los procedimientos en el marco de esta investigación continúan. El principal es el que realizan efectivos de Robos y Hurtos y de Scopometría junto a delegados judiciales en el Depósito: revisar uno por uno los efectos secuestrados para ver qué falta. Un grupo de policías tiene que poner al día el inventario que los funcionarios judiciales no hicieron en 30 años de descuido. Un trabajo agobiante, extenuante y agotador para personal que además tiene que cubrir sus tareas diarias en la Policía. De 7 a 24, todos los días, mientras son registrados por cuatro cámaras que los filman, revisan bolsa por bolsa, estante por estante. Verifican si coincide lo que dice el rótulo con el material incautado. Si hay alguna diferencia, se investiga qué pasó. El acta que se va labrando ya lleva casi 300 hojas.

En 10 días se ha constatado la faltante de muchos elementos, principalmente armas y también municiones. O sea: una bolsa dice “pistola 9 milímetros” y adentro quedó un papel. Hasta dólares que habían sido recuperados tras un robo a una iglesia.
Cada día que pasa estiman que el tiempo que llevará hacer el inventario es mayor: se calcula que habría alrededor de 15.000 efectos secuestrados, y por ahora suponen que el trabajo levará dos meses.

Esta semana será clave en la investigación: además de las pruebas que ya tiene el fiscal, muchas de ellas contundentes contra la mayoría de los acusados, otras que corroboran declaraciones, se espera una pericia que podría significar la estocada final para los principales imputados, y así esperan comprobar todo el mecanismo delictivo y sus partícipes.


Armas: del Estado a la calle
Como se sabe, no es la primera vez que aparecen armas en la calle que deberían haber estado en poder del Estado. Las sospechas van desde la Justicia a distintas fuerzas de seguridad, con hechos que a veces se probaron y otros quedaron en duda.
En el marco de una causa que se tramita en la Justicia Federal, surgió que un arma que debería haber estado en poder de la Policía fue hallada en medio de uno de los lugares más azotados por la violencia. El sábado 30 de abril la Policía Federal desbarató una organización que proveía, distribuía y vendía droga en distintos barrios de la ciudad. Una de las principales bandas que se abastecía de marihuana y cocaína era la del Puti Páez, detenido en el Lomas del Mirador II, que además de vender mantuvo a este barrio atemorizado durante los últimos meses a raíz de los enfrentamientos armados constantes con otro grupo que también comercializaba droga en ese territorio. En esos procedimientos secuestraron drogas y armamento, en particular una pistola calibre 9 milímetros. En la investigación se supo que esa pistola debería haber estado bajo resguardo de un área de la Policía de seguridad incuestionable. ¿Cómo llegó a manos de uno de los grupos más violentos de Paraná? Hasta ahora, nadie tiene la respuesta.

En este mismo barrio había otro grupo que utilizaba armas de fuego para dirimir diferencias con las bandas antagónicas o para cometer robos. Según contaron a UNO personas allegadas a uno de estos jóvenes, que ya no vive en la zona, cuando le preguntaban de dónde sacaban tantas municiones para estar a los tiros todos los días, el mismo adolescente les confesaba que se las compraban a un policía que vive en el barrio, a 20 pesos cada una. Se presume que eran proyectiles que el uniformado habría adquirido ilegalmente en procedimientos. Pero esto quedó en rumor y nunca se pudo corroborar.

En las investigaciones para saber de dónde salían las balas que aterrorizaban a los vecinos de la zona este de Paraná también se sospechó de un Bigote, tal como en la jerga le dicen a los militares. Hasta ahora ninguna de las unidades del Ejército que existen en la provincia ha sido blanco de una pesquisa, al menos para despejar dudas. El año pasado se conoció el escándalo del robo de 26.000 municiones calibre 9 milímetros del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, cerca de Rosario. Por este caso quedó implicado un militar que vive en Concepción del Uruguay.

Hace dos semanas, efectivos de la División Robos y Hurtos fueron atacados a tiros con una ametralladora por dos personas que iban en una moto. En la huida arrojaron el arma y se perdieron de vista. La investigación determinó que la ametralladora había sido sustraída a la Policía en  2011 e ingresó al circuito delictivo.

En el marco de la investigación que hace un año desbarató una banda narco que operaba en la costa del río Uruguay, quedaron detenidos cuatro funcionarios de fuerzas de seguridad. A uno de ellos, de la Policía Federal de Concordia, le secuestraron un arsenal de armas y municiones, porque se habría dedicado también al comercio en ese rubro.

El negocio de las armas, uno de los más rentables del mundo, junto al narcotráfico y la trata de personas, es más amplio de lo que se cree, y en todos los rincones aparece quien lo emprenda.