Policiales
Martes 15 de Marzo de 2016

Ocho hombres de "Los Cuatreros" fueron acusados de formar una asociación ilícita

Uno como jefe y el resto como organizadores, les imputaron usurpar casas y amedrentar a vecinos. El viernes se define si siguen presos. Cayeron tras 24 allanamientos.

Los detenidos como integrantes de la banda autodenominada "Los Cuatreros", que operaba en el barrio Cabín 9 en el límite de Rosario con la localidad de Pérez, fueron sometidos ayer a la mañana a una audiencia imputativa en Tribunales. Ocho fueron los imputados a los que se les intentará comprobar distintos hechos violentos. Quedaron acusados de ser parte de una asociación ilícita que desalojaba a vecinos del barrio por la fuerza para utilizar las viviendas con fines delictivos.

Quien llevó adelante la investigación fue Fernando Dalmau, el fiscal que el jueves lideró un megaoperativo en el barrio con 24 allanamientos y 13 detenidos, de los cuales ocho quedaron sometidos a proceso. En el inicio de la audiencia ante el juez Juan Andrés Donnola el fiscal hizo saber a los imputados y sus abogados que, según las primeras pruebas, estaban sospechosos de integrar "una asociación ilícita que tiene por objetivo lograr el amedrentamiento a los vecinos de Cabín 9".

Dalmau informó que existen "escuchas telefónicas en las que se puede inferir la venta de drogas" y a continuación detalló cada imputación por separado. Al terminar la audiencia el juez decidió postergar hasta el viernes la discusión sobre las medidas de prisión preventiva que podrían imponer a la gavilla.

Cuando detuvo a la banda el fiscal Dalmau explicó en una conferencia de prensa que brindó junto al jefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), Adrián Forni, y el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, que era "una banda con fuerte presencia territorial que mediante el acoso armado y violento hostiga a los vecinos para despojarlos de sus viviendas". Y contó que en una de esas viviendas se encontraron "20 kilos de sustancia de corte para estirar droga, pero al no hallarse material estupefaciente no se le dio participación a la Justicia federal"

En el estrado judicial resultaron imputados Rubén Ismael A. de 20 años; Jonatan Martín V. alias "Caballo", de 20; Ignacio Alejandro "Trompi" O., de 28; Nicolás "Dibu" M., de 19; Matías Antonio C., de 19; Roberto Antonio C., alias "El Narigón", de 36; Nelson Nahuel O., alias "El Negro", de 20; y Facundo S. P., de 20.

Los roles. Tras el planteo de la Fiscalía Roberto Antonio C. quedó sindicado como el jefe de la banda. mientras que el resto de los acusados son considerados "organizadores" de la asociación. Uno de los delitos que se les endilga es el de amenazas coactivas calificadas, ya que se investigó que la banda tenía un modus operandi por el cual tomaban viviendas de vecinos del barrio por la fuerza, obligándolos a abandonarlas para luego ellos disponer de la propiedad. A la hora de detallar los delitos por los que cada uno está bajo la mira judicial, el fiscal Dalmau fijó individualmente que afrontarán.

En este sentido destacó que Roberto Antonio C., Jonatan V. y Matías C. están además imputados de por los delitos de portación de arma de guerra, abuso de armas, amenazas calificadas y resistencia a la autoridad.

A Nicolás M. le atribuyó la portación de armas, al igual que a Nahuel Nelson 0., a Ismael A., a Alejandro O. y a Facundo S. P. A este último también le sumaron una causa por robo simple.

Entre las pruebas citadas por la acusación se destaca la denuncia de 22 víctimas que se presentaron ante la Fiscalía para expresar que habían sido amenazados para que abandonasen sus viviendas y revelar que esas casas eran usadas para distinto fines, entre ellos, la venta de estupefacientes. En los allanamientos no se encontraron drogas pero si productos que se utilizan para "estirar" cocaína.

Los penalistas Lucas Wojtasik, Rubén Navas, Lucrecia Valenti, José Luis Abichain Zuain, Mario Travella y Luisa Cañavate, que representan a los acusados, se opusieron a la calificación legal y acordaron que la audiencia se desdoble para el tratamiento de la medida cautelar. También solicitaron que se levante la incomunicación a sus defendidos, a lo que el juez y la fiscalía no se opusieron. La próxima audiencia quedó fijada para el viernes 18 de marzo, cuando se sabrá si siguen presos o se van en libertad.