Policiales
Sábado 16 de Abril de 2016

Piden al municipio que explique por qué Los Monos tenían cinco taxis

El concejal del bloque Unión PRO Gabriel Chumpitaz elevó un pedido de informes al municipio. Los autos y las chapas fueron incautadas en 2013 y ahora la Justicia los decomisó.

El bloque de concejales de Unión PRO elevó ayer un pedido de informes a la Municipalidad de Rosario con el fin de saber "de manera inmediata cómo se realizó el proceso de otorgamiento de las cinco chapas de taxis que explotaba la banda de Los Monos y que les fueron incautadas" el jueves, junto a cuantiosos bienes por una cifra millonaria, según el fallo que con la firma de los jueces Luis Mascali, Edgardo Fertitta y Julio Kesuani complementó los juicios abreviados que condenaron a la mayoría de los integrantes de la banda.

El concejal Gabriel Felipe Chumpitaz fue quien, en nombre del bloque de Unión PRO, presentó el pedido de informes para que desde el Ejecutivo municipal "se explique el proceso de otorgamiento de las cinco chapas de taxis", tres de las cuales estaban a nombre de Vanesa Jacquelina Barrios (pareja del detenido Ariel Máximo "Guille" Cantero) y las otras dos a nombre de Silvina Gorosito (concubina del prófugo Ramón "Monchi" Machuca).

Junto a Chumpitaz acompañaron la nota los ediles Renata Ghillotti, Agustina Bouza, Alejandro Rosselló y Carlos Cardozo. "Queremos saber si fueron otorgadas por transferencias, si fue en la última licitación y entrega de chapas o en otra ocasión", dijo Chumpitaz.

El secuestro. En agosto de 2013 agentes de la División Judiciales que investigaban a la banda de Los Monos, bajo el mando del ex juez de Instrucción Juan Carlos Felipe Vienna, llegaron hasta la Dirección General de Fiscalización de Transportes de la Municipalidad para analizar la base informática de esa repartición. Así supieron que figuraban como titulares de chapas las dos mujeres mencionadas.

La constatación de esos datos llevó a un largo recorrido para ubicar a los autos y se hizo un trabajo de seguimiento con la colaboración de cinco empresas de radiotaxis, observaciones domiciliarias a los choferes y seguimientos por el GPS de las unidades, además de vigilancia en los lugares donde los peones entregaban las recaudaciones, lo que no se hacía diariamente.

Así, los pesquisas dieron con dos Chevrolet Corsa (RA2562 y RA0474) a nombre de Vanesa Barrios; y tres Renault Logan (RA0843, RA1866 y RA3062), el primero a nombre de la misma Barrios y los otros dos de Silvana Gorosito. Ambas mujeres aparecen en la Afip como "empleadoras de servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises" y en la página web del municipio (rosario.gov.ar) se verificaba entonces que las licencias de los taxis secuestrados correspondían a ellas.

"Durante este último tiempo conversamos con muchos sectores relacionados al servicio de taxis y aprendimos sobre cuestiones puntuales del servicio. Por eso, en muchos casos se empiezan a generar dudas sobre el mecanismo de tenencia de las chapas" dijo Chumpitaz.

"Esto es una forma de comenzar a transparentar la situación. Nosotros apoyamos la idea de garantizar mayor seguridad para los taxistas, pero no podemos seguir permitiendo que los taxis sean instrumentos de blanqueo de capitales dudosos", manifestó el concejal.

Finalmente, el edil remarcó el fallo de Justicia en el que se decidió el decomiso de los bienes de Los Monos y que diera a conocer ayer este diario y lo calificó de "ejemplar". "Es muy importante que empecemos a desbaratar estas bandas de delincuentes profesionales. De a poco se empieza a perder el miedo y la condena social va ganando la calle y se ven fallos como éste".

Fundacional. Por su parte el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, consideró como "fundacional" el fallo de la Justicia santafesina que ordenó el decomiso millonario de un sinnúmero de bienes pertenecientes a Los Monos, y dijo que "esos elementos podrán ser utilizados por el Estado para solventar campañas de prevención e información sobre los daños que causa el consumo de drogas".

En declaraciones a La Ocho, el titular del área de Seguridad habló sobre la resolución que tomaron el jueves los jueces Mascali, Fertitta y Kesuani para que seis inmuebles, 54 vehículos de todo tipo y cinco licencias de taxis sean confiscadas a la banda surgida en barrio Las Flores.

"Fue un fallo fundacional y valoro la decisión de los jueces. Esta resolución marca un norte para el Estado provincial y para la República Argentina. No sólo se metió presas a las personas que cometieron diferentes delitos, sino que se avanzó sobre los bienes que obtuvieron con esasactividades. Este fallo marca un camino que hay que empezar a recorrer en el país para golpear en serio a las bandas del crimen organizado", agregó Pullaro.

El ministro dijo que el fallo "marca que la ley existe y que hay funcionarios que tienen el coraje y la voluntad para llevarla adelante. Que todos estos bienes pasen a ser del Estado significa que esta banda tiene menos poder económico para corromper y seguir ordenando el delito desde la cárcel o desde el escondite que tengan los prófugos".

Pullaro remarcó que "será el gobernador quien decida el destino de esos bienes. Yo creo que tienen que ser utilizados para llevar adelante campañas de prevención que le permitan a los jóvenes saber con claridad el daño que provoca consumir estupefacientes".

Señor fiscal. A su turno el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, uno de los dos que pidieron el decomiso de los bienes, se refirió a la decisión de la Justicia y explicó que "eso pudo lograrse porque existe condena" sobre la mayoría de los integrantes de la banda.

Fernández Bussy analizó que "es un paso grande hacia adelante el tema del decomiso de los bienes, ya que son propiedades y vehículos que habían sido adquiridas con el producto de las actividades ilícitas que tenía esta banda". Y comentó que "el decomiso implica también un ataque a la economía de estas organizaciones que tienen un sinfín de actividades ilícitas y que nosotros, en la jurisdicción que nos corresponde, logramos poder obtener".

El fiscal, señaló que a través de la investigación judicial se ha "podido demostrar que estos bienes fueron adquiridos con ganancias de su actividad ilícita y lo que intentaban era seguir acrecentando su poder económico". Mientras que explicó que en el marco de todos los procedimientos realizados "no se pudo determinar la existencia de dinero en efectivo. Lo que se maneja en este tipo de bandas es la economía en negro, no encontramos cuentas bancarias o depósitos. Lo que si pudimos determinar es que los bienes incautados estaban en uso y goce de los integrantes de la banda".

Y ponderó que "el decomiso se pudo lograr gracias a la existencia de una condena, por los juicios abreviados que firmaron" la mayoría de los integrantes del grupo criminal, algunos de cuyos integrantes aún permanecen prófugos. "No puedo afirmar de manera tajante que la asociación continúe con su acción delictiva. Lo que sí puedo decir es que estamos avanzando contra ellos".