Policiales
Lunes 18 de Abril de 2016

Por segunda vez piden la revisión de un fallo sobre trata de personas

  El Tribunal Oral Federal volvió a sobreseer a cinco acusados de secuestrar a una joven y someterla a esclavitud sexual. Para la fiscalía, los jueces tuvieron prejuicios sexistas y pidieron que la Cámara resuelva el caso

El relato de una víctima de trata volvió a quedar pendiendo de un hilo, luego de que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe -en el segundo juicio que se realizó para investigar el caso- sobreseyera a las cinco personas acusadas de haberla secuestrado y explotado sexualmente. 

El último fallo del tribunal fue dictado el 1 de marzo pasado por los jueces Jorge Venegas Echagüe, Luciano Lauría, y Omar Digerónimo. En respuesta a los sobreseimientos, el fiscal general Martín Suárez Faisal, presentó una apelación ante la Cámara para que la sentencia sea revisada. Los investigados son Miriam Graciela Villalba, Ludmila Giuliana Micaela Rulera, Víctor Gabriel Villalba Jara, Darío Ricardo Cañete y José Luis Maza. Tres de los imputados están acusados del delito de trata de personas y a las restantes se les imputa abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal. 
 
La apelación del fiscal Suárez Faisal, que también lleva la firma del fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, indica que los jueces tuvieron en cuenta “solo algunos testimonios y de forma parcial, para poder desacreditar la versión lineal que dio la víctima en sus diferentes declaraciones respecto a los hechos que sufrió y que inevitablemente dejaron secuelas en su persona para siempre” y además califica los fundamentos del tribunal como prejuicioso y sexista. 
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Como esta es la segunda vez que piden la revisión de la sentencia, además de apelar el fallo, los fiscales pidieron que sea la misma Cámara la que dicte sentencia. 
 
Revictimizante 
Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que este nuevo Tribunal basó su resolución en supuestas contradicciones en la declaración de la víctima. Sobre este punto, señalaron que “además de no ser dirimentes, obedecen, por un lado, a la reiteración de declaraciones a las que fue sometida la víctima-con su claro sesgo revictimizante-; y a los efectos postraumáticos de la propia vivencia que sufrió”. 
 
En ese sentido, remarcaron la “gravedad de la solución dada al caso” y pusieron en tela de juicio “la imparcialidad misma del tribunal de juicio que desde la evaluación de las pruebas ofrecidas por las partes reveló una postura tendenciosa a investigar en cierta forma a la víctima en sus dichos”.
 
“En definitiva, cabe inferir que el temperamento absolutorio que adoptó el Tribunal se sustentó en descalificar el relato de la niña, y creemos que eso se hizo sobre la base de preconceptos y prejuicios culturales y sexistas”, agregaron.
 
Durante las audiencias del último juicio, declararon los cinco imputados quienes admitieron que la víctima había estado 15 días en la casa de Rincón. Sin embargo, negaron que haya sido con fines de explotación sexual.
 
Una mirada parcial 
El caso había llegado a juicio oral en 2013. En esa oportunidad, los jueces absolvieron a los imputados. Entre otras cosas, argumentaron que tomaban esa decisión porque habían encontrado contradicciones en las diferentes declaraciones de la víctima (en la etapa de la instrucción, en la cámara Gesell y en la audiencia de debate). Entonces, en octubre de ese mismo año, los representantes del MPF recurrieron la sentencia. 
 
Finalmente, en febrero de 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo al lugar al recurso de Casación presentado, anuló la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio ante un nuevo Tribunal que comenzó el 22 de febrero de 2016 y finalizó el 1 de marzo, cuando los jueces volvieron a absolver a los acusados.
 
En esa línea, los fiscales sostuvieron que “no han quedado dudas sobre la participación que les cupo a cada uno de los imputados en los hechos que fueron motivo de la acusación fiscal” y consideraron que el fallo “se limita a realizar un análisis parcial de la prueba producida durante el debate”. 
 
Finalmente, consideraron que la Cámara Federal de Casación Penal “debe hacer lugar al recurso deducido, casar la sentencia impugnada, anularla por faltar y/o ser contradictoria la fundamentación y resolver el caso con arreglo a la ley, a la doctrina y a la jurisprudencia cuya aplicación se estima adecuada”.
 
“En tal sentido, estimamos prudente que el Tribunal casatorio dicte una nueva sentencia condenando a los imputados en los términos solicitados en el juicio por este Ministerio Público Fiscal, tal y como lo resolvió en otro precedente”, concluyeron.
 
El caso
La investigación había comenzado en septiembre de 2010, cuando la madre de la víctima, quien en ese entonces tenía 14 años, realizó una denuncia en una comisaría de la provincia de Santa Fe, por la desaparición de su hija. Se estableció que la chica habría sido captada por otra mujer también menor de edad que, pretendiendo una amistad y engañándola a la salida de un local bailable ubicado en el norte de la ciudad, la condujo hasta un supuesto remís donde le dio de tomar una bebida que le hizo perder el conocimiento.
 
Di Stéfano, quien conducía el automóvil, las llevó hasta un rancho ubicado en la localidad de San José del Rincón, dentro de un terreno que pertenecía a Miriam Graciela Villalba, madre de Rulera, y Víctor Gabriel Villalba Jara. Según la investigación, en el lugar explotaban sexualmente a otras chicas que también se encontraban cautivas. Finalmente, la joven fue encadenada, encapuchada, drogada y privada de su libertad.
 
El hijo de la dueña se encargaba, mediante golpes, de asegurarse el trato de la víctima con los hombres prostituyentes, al mismo tiempo que impedía el contacto con las otras chicas secuestradas. Además, la organización estaba integrada por el novio de la captora y un funcionario policial. Ambos colaboraban manteniendo las condiciones de privación de la libertad y sometiendo a la víctima a abusos sexuales en reiteradas oportunidades.

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