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Domingo 17 de Abril de 2016

Reforma penal: para los jueces, el logro fue aportar transparencia

La conclusión se desprende de las encuestas que realizó el Observatorio de la Reforma Procesal Penal de la UNL


La profunda reforma procesal que tuvo la Justicia Penal en la provincia de Santa Fe en 2014, fue puesta bajo la lupa de los jueces por investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Esta semana, el Observatorio de sobre la Reforma de la Justicia, dirigido por Máximo Sozzo, presentó el tercer informe, que recolectó las experiencias, percepciones y opiniones de los jueces penales de primera instancia del centro y norte provincial. 
La opinión global es que el nuevo modelo está funcionando bien, más allá de que se remarcó la falta de recursos, sobre todo humanos. Según detalla el informe, otras opiniones negativas que se recabaron refieren a problemáticas relacionadas con la investigación penal preparatoria, donde se destacó la falta de capacitación que consideran tienen los fiscales y la policía, además de los pocos recursos con los que cuentan para llevarla adelante.
Sin embargo, de manera homogénea los jueces coincidieron en que se había logrado los dos objetivos centrales de la reforma: una Justicia Penal más eficaz y eficiente. “La mitad de los jueces consideraron que la nueva Justicia Penal es más eficiente y eficaz que la vieja y apuntan principalmente a que para lograr esto, han contribuido varios elementos como la oralidad, la inmediatez, la participación de la víctima, la celeridad en los tiempos, la concentración de la investigación en manos del fiscal, entre otras razones. Además agrega uno de los jueces la eliminación de posibles situaciones de corrupción”, detalla el escrito de los investigadores.
Otra problemática que señala el informe a partir de los dichos judiciales es la necesidad de reforzar aspectos institucionales que permitan que el magistrado se vea respaldado en su actuación frente a la sociedad. Esto se conecta con el señalamiento frecuente de la falta de información de la sociedad sobre el proceso de reforma de la Justicia Penal y los roles que cumplen las partes que lo componen. Y se apunta a los roles claves que los medios de comunicación y la política desempeñan al respecto.
Sobre las posibles presiones que ejercen los medios de comunicación sobre las decisiones y acciones de los operadores de la Justicia Penal existió una opinión mayoritaria que sostiene que si bien se encuentran expuestos continuamente al escrutinio y crítica por parte de los medios de comunicación esto no afecta la toma de decisiones en los casos concretos. 
En la misma línea, la mayor parte de los jueces entrevistados dijo que no se encuentra sometido en su labor a presiones del Poder Ejecutivo ni Legislativo, teniendo en cuenta el lugar que la inseguridad frente al delito tiene en el debate político actual, sin embargo un grupo minoritario afirmó haber experimentado este tipo de presión, incluso en casos concretos donde la misma produjo algunas consecuencias desarrolladas en el informe.
Sobre fiscales y defensores
Respecto de la relación que tienen los jueces con los fiscales y defensores fue evaluada por la mayor parte de los magistrados de manera positiva. Solo unos pocos entrevistados destacaron algunos aspectos negativos de su relación con estos funcionarios. Por ejemplo, varios magistrados dijeron que el accionar de los defensores en las audiencias genera que estas se extiendan demasiado. Y en torno a los fiscales apuntaron su falta de conformidad con la manera en que construyen la evidencia. 
En este sentido, muchos de los entrevistados consideraron que muchos fiscales delegan la conducción de la investigación penal en la policía en lugar de hacerla ellos mismos. Sin embargo, reconocen que sucede por falta de recursos y por la cantidad de trabajo que tienen los fiscales. 
Falta participación de la víctima
Otra conclusión que se desprende de las encuestas realizadas, es que para los jueces aún se puede perfeccionar la participación de las víctimas en la tramitación de las causas. Algunos jueces resaltan que es mayor dicha participación respecto del sistema anterior, en cuanto a que las víctimas tienen ahora acceso a la información en el proceso, al poder asistir a las audiencias públicas. Otros enfatizan también que fue importante que puedan asumir su rol de querellantes. Sin embargo para cuatro de los entrevistados, hasta ahora la víctima no ha participado tanto como se esperaba. 
Detenciones
Una de las preguntas centrales que tuvo la encuesta fue sobre cómo reaccionaron los jueces cuando en una audiencia que les tocó presidir se planteó la discusión sobre la constitucionalidad de las detenciones ordenadas por los fiscales. 
El nuevo Código Procesal Penal de la provincia otorga al fiscal la posibilidad de disponer la detención del presunto autor de un hecho delictivo en su Artículo 214: “La detención será ordenada por el Fiscal contra aquel imputado a quien los elementos reunidos en la Investigación Penal Preparatoria, le autorizaran a recibirle declaración como tal y fuera procedente solicitar su prisión preventiva”. 
Sin embargo, muchos defensores impugnaban en las audiencias la constitucionalidad de esa facultad, con el argumento de que la detención requería el control previo de un juez. En este sentido, la mayoría de los jueces consideró que el accionar de los fiscales era válido y remarcaron que la ley es muy clara al respecto.
El Artículo 274 del Código Procesal Penal provincial establece que si se produce una detención por orden del fiscal, la audiencia imputativa debe realizarse en un plazo de 24 horas posteriores a la detención, prorrogables con fundamento por otras 24 horas. En este marco se da la instancia de control por parte de los jueces sobre la legalidad de lo actuado y se confirma o no la detención. 
Los delitos más comunes
En general, los tipos de delitos en los que los jueces dijeron intervenir más frecuentemente se repiten en cada una de las circunscripciones en las que cada uno desempeña sus funciones. 
El informe del Observatorio indica que esos hechos pertenecen al conglomerado de “delito común”, entendido como aquellas formas delictivas de las que rutinariamente se ocupa el sistema penal y que suele tener como protagonistas a personas provenientes de sectores sociales desfavorecidos. En la región que tiene como cabecera a Santa Fe se enuncian más frecuentemente robos simple y calificado, portación de armas, homicidio y abuso sexual. En la región que tiene como cabecera a Rafaela los más mencionados fueron los delitos de portación de armas y de robos con armas. 
También se mencionan homicidios, pero recalcando que en comparación con Santa Fe y Rosario son menos frecuentes, aunque de todos modos perciben un aumento de este tipo de delitos. Otros delitos mencionados, en menor medida, son los vinculados a la violencia de género, el abuso sexual y el abigeato. Con respecto a la región que tiene su cabecera en Reconquista, se señalan casos de abusos sexuales y corrupción de menores, abigeato y delitos contra la propiedad. En particular, se le preguntó a los jueces penales que tenían experiencia en la vieja Justicia Penal, si con la reforma se han modificado los tipos de delitos de los que se ocupan. Todos coincidieron en que no ha sido así, aunque resaltaban que ha cambiado la manera en la que se interviene.
Capacitación
Otro de los problemas que surge de las entrevistas es la falta de capacitación para realizar la labor de investigación por parte de los fiscales, defensores y policías. En este sentido, un entrevistado manifestó que los delitos graves no se pueden esclarecer, en general, por esta razón. Otros reconocen además la necesidad de mejorar la capacitación y los recursos tecnológicos de la policía para mejorar la calidad de las investigaciones.

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