Santa Fe
Sábado 27 de Agosto de 2016

Industriales, empresas y ONG, atentos a la audiencia pública

La Unión Industrial y la Confederación de la Mediana Empresa mostraron interés en participar de la instancia virtual que habrá en Rosario

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió los aumentos en la tarifa de gas para usuarios residenciales y obligó al gobierno nacional a convocar a audiencia pública, esta semana se conoció que la misma se realizará el 16 de septiembre, en la Usina del Arte en el barrio de La Boca de la ciudad de Buenos Aires. Debido al interés en participar de esta instancia, el viernes, a través de una nueva resolución (163 -E/2016), se determinó que el Enargas deberá "disponer los mecanismos para la participación simultánea de usuarios e interesados correspondientes a cada una de las áreas de servicio comprendidas en las Licencias de Distribución de Gas". Para ello tendrá que "habilitar sedes que cuenten con herramientas tecnológicas para su conexión con la audiencia en la ciudad de Buenos Aires".
Precisamente, una de esas sedes será en la ciudad de Rosario, donde los usuarios de Litoral Gas podrán expresar su parecer respecto de los incrementos que buscará fijar el gobierno luego de la audiencia. En ese contexto, industriales, comerciantes, pequeñas y medianas empresas, y organizaciones de defensa de los consumidores se preparan para participar de la instancia de consulta.
En diálogo con Diario UNO, Elías Soso, vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, sostuvo que "Came va a participar", y recordó también que la entidad presentó en los últimos días un recurso de amparo "en defensa de los empresarios que han quedado fuera de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"Porque hasta ahora estamos igual, el 70% de la recaudación lo tienen asegurado con el nuevo aumento, porque nosotros representamos ese 70% de los aportes de costos de los servicios, y lo que no pagamos en casa, lo vamos a pagar en el negocio", expresó.
En esa línea, dijo que no es solo el gas el que le preocupa a las empresas, sino que "también hay incertidumbre respecto de la electricidad", y que al día de hoy desconocen cuánto van a pagar en los próximos meses.
"Porque la luz también es cara. En Santa Fe, no sé si es o no la más cara, pero se podría eficientizar el costo de la energía, porque aquí se acordaron aumentos sobre los precios caros que ya pagábamos antes", remarcó.
Sostuvo además que según un relevamiento de Came, la situación del empleo es delicada aunque no aún con despidos masivos, pero que las medidas a nivel económico y las tarifas han obligado a cerrar a muchos pequeños negocios o comercios. Las empresas están absortas, por la decisión tomada de abrir la economía.
"Tenemos relevados más de 6.000 negocios que han cerrado, y evidentemente hay una tendencia. Porque a una verdulería, o una carnicería, que le viene de luz 5.000 pesos, no lo puede pagar. Entonces, ese negocio tiene poco personal ocupado, pero cierra. Es decir, no queremos ser apocalípticos, pero hay que decirle al gobierno lo que pasa para que rectifique los errores y le vaya bien. Dicen que ponemos palos en la rueda porque criticamos, pero es al revés, ponen palos en la rueda los que mienten y dicen que está todo bien", aclaró Soso.
"Son negocios familiares, o de pocas personas, pequeñas unidades de uno o dos empleados que están cerrando sus puertas por la imposibilidad de afrontar los costos y las pérdidas de venta", agregó.
Por su parte, Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, señaló a Diario UNO que si bien aún no hay un lugar designado en Rosario, el Departamento de Energía de la UISF va a intervenir, y que también la Unión Industrial a nivel nacional anunció su participación en la audiencia de Buenos Aires.
Reflejó a su vez que, luego de la decisión de la Corte que solamente abarcó a usuarios residenciales, los industriales mantienen la misma preocupación con respecto a los aumentos de tarifa.
"Estamos en una situación cada vez más complicada, porque aunque haya topes de 400 o 500%, hay empresas que no lo van a poder pagar. El código de comercio habla de que en casos muy excepcionales más de un ciento por ciento al año, no se puede aumentar nada. Por lo tanto, yo creo que el gobierno no hace las cosas bien, está sujeto nuevamente a incurrir en un problema legal y por el cual va seguir complicada la aplicación", advirtió.

Preocupa la electricidad
Sobre la situación actual de las empresas, Taborda manifestó que las pequeñas empresas son las que se llevan la peor parte por la incertidumbre de no haber recibido aún las facturas de gas y, al igual que Soso, sostuvo que también hay grandes complicaciones con la tarifa de electricidad.
"Seguimos con atención el desenvolvimiento de las audiencias públicas de gas pero, a su vez, estamos muy preocupados por las tarifas eléctricas", mencionó.
En este sentido, planteó que las medidas para morigerar el impacto del aumento para la industria no han sido significativas hasta el momento.
"Hay por parte de Nación un listado de 300 empresas electrointensivas con un descuento del 20% de Nación, y por una resolución (327/16) de la provincia se establece también un subsidio a la energía, pero son muchas las industrias que están incluidas, y pocos los descuentos", finalizó.

Sobre el fallo de la Corte y la tarifa de gas
En diálogo con Diario UNO, Marcelo Gelcich, de Proconsumer Santa Fe, en un análisis del fallo de la Corte Suprema, sostuvo que el tribunal consideró que el caso debe ser analizado porque está en juego la interpretación de la Constitución Nacional, y que existe trascendencia institucional porque el conflicto ha generado una litigación de características excepcionales.
A su vez, el abogado Gelcich señaló que el fallo de la CSJN no solo tiene un mandato formal de celebrar la audiencia, sino que incluye un mandato sustancial, que será el centro del debate, y un claro límite a la resolución que luego se adopte, ya que sostiene que "el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria".
Finalmente, explicó Gelcich que en Santa Fe, la audiencia pública en materia energética es absolutamente desconocida, pese a que la Constitución provincial incorpora todos los derechos y garantías de la Constitución Nacional. "En la provincia no tenemos ni audiencias ni órgano de control del servicio público de energía eléctrica (la EPE)", expresó y recordó que la Corte sostiene que "es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio".