Santa Fe
Domingo 17 de Septiembre de 2017

Las modificaciones a la ley de responsabilidad fiscal, un nuevo condimento a las paritarias

Nación quiere que las provincias hagan crecer su gasto corriente más allá de la inflación estimada en el presupuesto. Eso limita las negociaciones que los Estados provinciales tendrán con los gremios del sector público.

El jueves pasado el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó un proyecto de ley para modificar la actual ley de responsabilidad fiscal. Las principales modificaciones que se establecen en esa iniciativa –que fue elaborada entre Nación y provincias, pero que ahora deberán debatir los legisladores nacionales– apuntan a que el incremento del gasto corriente no pueda ser mayor que la pauta de inflación prevista en el Presupuesto nacional; que el empleo público no pueda crecer por encima del crecimiento poblacional de cada jurisdicción; y se ratifica la necesidad de que Nación apruebe a las provincias cada vez que quieran tomar deuda pública, aunque ahora el Ejecutivo deberá definir un procedimiento y plazos en los que se deberá definir a favor o en contra de la solicitud de crédito.

Algunos de esos puntos ya se anotan como candidatos para la polémica. Uno de los puntos más conflictivos será el límite que tendrán las provincias al momento de negociar salarios, ya que con esta iniciativa Nación intenta poner un techo, con muy poco margen de negociación para las provincias, en la discusión paritaria de cada año. Por ejemplo, en el Presupuesto 2018 se prevé una inflación del 15,7%. Sobre las modificaciones propuestas UNO Santa Fe conversó con el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione.

—¿Cómo condiciona a la provincia al momento de negociar salarios que el gasto corriente no pueda ir más allá de la estimación de inflación que hace el gobierno nacional?
—La pauta salarial es el principal componente del gasto corriente, con lo cual cuando uno ya tiene un ejercicio ejecutado, por ejemplo 2017, y el año que viene se vuelva a negociar la pauta salarial ya se parte con un incremento del gasto corriente por la anualización de la pauta salarial de este año. De arranque ya tenemos un incremento del gasto corriente producto de la pauta salarial del año anterior y después hay que encontrar una pauta salarial en el ejercicio que resulte compatible con el incremento total del gasto corriente. No sé si hablar de condicionamiento, porque me parece un poco duro el término, pero sí se establece un tope del gasto corriente que se podría llevar adelante. Al interior del presupuesto uno tendrá la flexibilidad necesaria para ver cuál es la variable que permite dar cumplimiento a eso o encontrar los justificativos que te permitan excepcionar el parámetro objetivo de la propia ley. Pero no deja de ser un dato a tener en cuenta al momento de la negociación salarial el límite que establece la ley de responsabilidad fiscal.

—¿Los gremios tuvieron participación en la modificación de la ley?
—No.

—¿Este puede ser un nuevo condimento para los conflictos que suelen sucederse en las discusiones paritarias?
—Sí. De todos modos no perdamos de vista que es un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo y que en el tratamiento legislativo puede sufrir modificaciones. El hecho de haberlo conversado con las provincias no significa que ya estén las mayorías necesarias en el Congreso, aunque tampoco significa que no lo estén. No lo conozco. Desde el punto de vista de Santa Fe, hay provincias que están con muchas más dificultades para poder cumplir con esa ley.

—¿Cuál es el beneficio para una provincia como Santa Fe que no tiene grandes niveles de endeudamiento y con sus cuentas en orden?
—El principal beneficio, en la medida de que la ley se cumpla, es que se obtiene un sello de calidad para cuando uno quiera llevar adelante una operación de toma de crédito. Hoy una de las pocas administraciones que no está adherida a la ley es Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y son la jurisdicción mejor catalogada de las subnacionales porque son las que mayores recursos propios tienen, lo que no los hace dependientes de los recursos nacionales; que tienen una larga trayectoria en toma de créditos y nunca dejaron de pagar. A pesar de todo eso, al no estar adherida porque cansados de la discrecionalidad del kirchnerismo se desadhirieron de la ley de responsabilidad fiscal para no perder más créditos, ellos en cada reunión que tienen con inversores deben dar explicaciones de por qué Ciudad de Buenos Aires no forma parte de la ley de responsabilidad fiscal.

—Al establecer el Gobierno central en qué puede gastar una provincia y en qué no, ¿no puede ser leído como un avance sobre la autonomía de las provincias?
—No nos dicen en qué podemos gastar. Lo que se establecen son pautas macro, después cada uno al interior de su nivel de gastos, gasta en lo que quiera.

—Pero sí le ponen un techo a los gastos corrientes.
—Se aplican restricciones para el gasto corriente y no para el de capital. Pero esa es la única disquisición que se hace. Al interior de los gastos corrientes no se meten. Desde ya que es opinable y yo no tengo una opinión sobre si esto avasalla o no la autonomía de las provincias. Pero es una restricción que es opinable hasta dónde corresponde que Nación se involucre en esto. La diferencia central en un análisis conceptual de las finanzas públicas que tiene el gasto corriente, respecto del de capital, es la dificultad que hay para achicar el gasto corriente y la flexibilidad para achicar el gasto de capital.

Los límites al empleo público
Acerca de las pautas para que el empleo público no pueda crecer por encima del crecimiento poblacional de cada jurisdicción, Saglione aclaró que en este punto se le dejó la potestad al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal la posibilidad de "analizar situaciones que permitan excepcionar esta regla para poder atender la situación de las provincias que son las que menos empleo público tienen en relación a su población y al empleo privado".

En ese sentido, Santa Fe es la segunda de menor empleo público cada mil habitantes, luego de Córdoba. Mientras que se ubica tercera, después de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Córdoba, en el total de trabajadores públicos en relación a los empleos privados registrados.

Sobre el tercer elemento que se modificaría, el funcionario santafesino valoró como positivos algunos de los cambios planteados. Por un lado se ratifica la necesidad de que las provincias cuenten con autorización de Nación al momento de tomar deuda pública. "Pero se hacen un par de correcciones –dijo Saglione– que nos parecen convenientes. Una es que cuando son operaciones intrasector público no se requiere autorización. Cuando Nación le presta a la provincia, por ejemplo en el caso del fondo lechero, nosotros le tuvimos que pedir autorización a Nación, en el marco de la ley de responsabilidad fiscal, para tomar ese préstamo. Si se aprueban estos cambios ya no va a ser necesario. Eso es un elemento positivo porque Nación, al momento de otorgarte el crédito puede verificar tu capacidad de endeudamiento. Se elimina un doble control".

"El segundo elemento positivo que conseguimos con Córdoba, fruto de nuestra experiencia en el pasado, es que se debía establecer un procedimiento para dictar el uso discrecional de esa potestad de autorización que tiene Nación. Por eso en el proyecto que se presentó se establece que vía reglamentaria, el Poder Ejecutivo tendrá que definir el procedimiento y los plazos requeridos para otorgar la autorización o rechazarla", explicó Saglione.

"Eso permite que cuando una provincia presenta un pedido de endeudamiento, el gobienro Nacional tiene un plazo para expedirse favorable o negativamente y no que suceda como nos pasó en la época del kirchnerismo donde pasaban tres años sin una definición que terminaba siendo un no en forma indirecta", detalló el funcionario y agregó: "Entendemos y compartimos el espíritu de la ley de responsabilidad fiscal. Lo que no queremos es que se utilice esa norma para disciplinar políticamente a las provincias. Eso se logra con un procedimiento y plazos que deberá poner el Ejecutivo cuando reglamente la ley".

Desde que entró en vigencia el régimen de Responsabilidad Fiscal, a fines de 2004, Santa Fe adhirió a la norma. De algún modo hasta ahora la provincia se vio perjudicada por la falta de responsabilidad fiscal de otras provincias ya que hasta hoy Nación sigue haciéndose cargo de una fracción de los servicios de la deuda de muchas provincias que se endeudaron en exceso de sus posibilidades de pago. A partir de esa situación Nación tuvo que diagramar el Programa Federal de Desendeudamiento, que supone una refinanciación de la deuda de las provincias.

"Eso lo paga el país en su conjunto. Sin embargo, como nosotros no tenemos deuda con Nación no somos beneficiarios de ese programa. Por lo tanto hay recursos de todos los argentinos que fueron direccionados hacia las provincias que no fueron fiscalmente responsables. Por eso nosotros queremos que la ley de responsabilidad fiscal se cumpla y que las provincias que tenemos capacidad de endeudamiento podamos obtener las autorizaciones cuando consideremos que las opciones de crédito son favorables y que se les niegue la posibilidad de endeudamiento a las provincias que no son fiscalmente responsables porque en definitiva lo termina pagando todo el país", concluyó.