Santa Fe
Lunes 27 de Junio de 2016

Luz verde para investigar los financiamientos partidarios

La Cámara Nacional Electoral emitió un fallo que ordena avanzar en las causas por irregularidades en los fondos de campaña. La resolución es jurisprudencia obligatoria para todos los juzgados federales

La Cámara Nacional Electoral dictó esta semana un fallo que podría reactivar la investigación contra Miguel Torres Del Sel y quienes fueron los tesoreros del Partido PRO Propuesta Republicana entre enero y diciembre del 2012, por infracción a las normas de financiamiento partidario.
Fue el pasado 23 de junio, cuando los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Corcuera opinaron que la acción penal en una investigación contra el Partido Conservador Popular – que tenía como apoderado a Leopoldo Luis Hilbert y que había intentado una alianza llamada Unión-PRO Federal, (luego frustrada) con el PRO– donde se investigaba las responsabilidades personales por infracción a normas de financiamiento partidario no prescribía si los imputados habían sido citados a audiencia y sentaron así un precedente obligatorio para todas las causas que investiguen ese mismo delitos.
A nivel local, la causa más relevante sobre la investigación del origen de fondos partidarios fue la que inició en septiembre del año pasado el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, que detectó que la agrupación del actual embajador de Panamá, PRO Propuesta Republicana, no rindió cuentas de casi 275 mil pesos de los aportes del Estado Nacional que recibieron para la campaña de las elecciones legislativas de 2011 y que tampoco pudieron explicar el origen de los fondos privados.
La investigación por violación de las normas de financiamiento partidario que realizó el fiscal Rodríguez tiene tres imputados: a Miguel Torres del Sel, en su carácter de presidente del partido PRO Propuesta Republicana durante el período mencionado, y Dardo Omar León Barreto (intendente y exconcejal de la localidad de Funes) y Norberto Eduardo Principato, quienes fueron tesoreros de la agrupación, el primero entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2012 y, el segundo, a partir de esa fecha y hasta el fin de ese ejercicio. Para el fiscal, los tres son responsables de una maniobra para ocultar la situación financiera partidaria.
Concretamente, Rodríguez plantea que los imputados tuvieron una conducta omisiva al no explicar debidamente cómo obtuvo y administró sus fondos la agrupación política y que esa omisión significó un incumplimiento del reglamento previsto en el artículo 63, inciso b, de la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Maniobras irregulares

Entre las maniobras irregulares que detectó la fiscalía figuran: haber realizado una transcripción parcial de los estados contables en el libro inventario; que esa transcripción, a su vez, no fue rubricada; no haber realizado un detalle pormenorizado de las operaciones efectuadas en los asientos registrados en el Libro Diario; haber realizado una sumatoria deficiente de los totales declarados en el Estado de Situación Patrimonial (ya que tenían que incluir los dos períodos, 2012 y 2011).
Asimismo, la inspección de la fiscalía detectó que PRO Propuesta Republicana no informó sobre las partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del 2011 por casi 51 mil pesos, aportes públicos para boletas de diputados generales por 213 mil pesos y aportes asignados por Diferencia de Campaña Diputados Primaria, por 5 mil pesos.
Y por último, el fiscal Rodríguez destaca que los responsables de la entidad no aportaron la documentación necesaria para mostrar de dónde salieron los aportes privados que recibieron por un monto total de 5 mil pesos. Finalmente, la imputación se completa con la falta de presentación de los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina.
"Los nombrados tenían dos obligaciones: presentar el balance anual y cumplimentar con ese mandato en el plazo fijado por la normativa atendiendo a las observaciones que los auditores pudieran realizarle. Si bien los encausados presentaron el balance anual 2012, este fue observado por el auditor contador de la Cámara Nacional Electoral; y tales inconsistencias no fueron subsanadas", sostuvo el fiscal y agregó que, en consecuencia, los ejercicios contables presentados no permitían conocer "en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña".

Los descargos

Los descargos de los tres imputados se produjeron entre el 22 de abril y el 1 de julio del año pasado. Miguel Torres Del Sel, por medio de un escrito que presentó su abogado Alejandro Enrique Bonazzola, argumentó que las acusaciones son por incumplimientos "insignificantes" y que, en caso de aplicarse las sanciones que prevé la ley 26.215, existiría una "desproporción entre la falta cometida y la pena".
Además, cuestionó la labor del auditor contable Roberto Osvaldo Franco, integrante del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, a quien acusó de haber incurrido en "evidentes errores de procedimiento". En la misma línea, Torres dijo que no presentaron la documentación respaldatoria de los ingresos privados recibidos porque cuando estaba por terminar el ejercicio fiscal en cuestión, el tesorero Principato fue separado de su cargo y debió ser intimado judicialmente a la devolución de libros estatutarios y documentación para la confección del balance.
Por su parte, Barreto y Principato se enviaron acusaciones cruzadas. Barreto hizo hincapié en que el cargo de tesorero fue desempeñado por Principato hasta el 14 de diciembre de 2012, cuando fue removido y que, por lo tanto, era Principato quien se encontraba en ejercicio efectivo de funciones al momento en que se produjeron las supuestas inconsistencias. Mientras que Principato dijo que fue tesorero del partido político hasta su renuncia, presentada en noviembre del 2012, por lo que no intervino en la elaboración del balance correspondiente al ejercicio 2012.
Además, aclaró que solo realizó la apertura de las cuentas en el Banco de la Nación Argentina - Sucursal Santa Fe, a los efectos del depósito de los aportes públicos de la Dirección Nacional Electoral y que, ante la falta de depósito de los mencionados aportes, se hizo cargo del mantenimiento de las mismas, hasta que junto al responsable político Ariel Cerri y el responsable económico, Cristian Cunha, decidieron cerrarlas.