Santa Fe
Viernes 19 de Mayo de 2017

Por quinta vez intentarán regular a las agencias de seguridad privada

El jueves la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de Alicia Gutiérrez que busca un mayor control para la actividad. Se prevén pautas a cumplir y sanciones. También se penarán las falsas alarmas por ocasionar un gasto al Estado y resentir el servicio de seguridad pública.

Por quinta vez consecutiva la Cámara de Diputados intenta avanzar en la regulación de las agencias de seguridad privada. Tal vez por ese motivo, el presidente de la comisión de Seguridad Pública, Oscar Pieroni (PS), hizo hincapié en que se trabajó para elaborar "una ley posible" y referenció que se recogieron todas las experiencias legislativas anteriores y que se dialogó con todos los actores que se verían alcanzados por la legislación.

La autora del proyecto, la diputada Alicia Gutiérrez (SI), referenció que mientras fracasaban los intentos legislativos para regular la actividad, la provincia pudo avanzar en la creación del Registro de Agencias de Seguridad Privada. Pero eso no es suficiente y la prueba de ello es que en esa actividad hay mucho trabajo en negro.

En la actualidad, en la provincia hay 185 agencias habilitadas de las cuales sólo 90 están funcionando. Los legisladores también aseguraron que hay 8.000 trabajadores en ese servicio y que la mayoría se concentran en las ciudades de Rosario, Santa Fe y San Lorenzo, pero que en la mayoría de las localidades de la provincia hay personal abocado a esas tareas.
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"Es urgente contar con una herramienta legal que permita controlar y, si es necesario, implementar sanciones, sobre todo teniendo en cuenta que estos trabajadores y empresas deben controlar a los santafesinos y colaborar en el mantenimiento del orden y la paz social", reclamó Gutiérrez. De esta manera, se apunta a garantizar la integridad, eficiencia y capacidad de los trabajadores que se desempeñan en estas tareas a través de la instrucción, las prácticas y los controles necesarios, como así también a "prevenir que las empresas sean integradas por personas inescrupulosas o exoneradas de las distintas fuerzas de seguridad", concluyó.

Entre las reglamentaciones que establece, se encuentra "que ninguna agencia de seguridad puede contratar a policías en actividad, por ejemplo, ni a miembros de las fuerzas armadas. Tampoco a integrantes de las fuerzas de seguridad que hayan sido exonerados. Como así también dispone una cantidad de requisitos y antecedentes que deben tenerse en cuenta a la hora de la contratación del personal", explicó la legisladora.

En julio del 2015, el gobierno de Santa Fe reglamentó la ley provincial que adhiere a la ley nacional 26.370 que regula el trabajo del personal de seguridad de locales nocturnos, eventos y espectáculos públicos, conocido vulgarmente como "patovica". La misma contempla, entre otras cosas, la creación de un registro único público donde figuren todas las personas habilitadas para llevar adelante esta actividad como así también las que han sido sancionadas. "Es muy importante trabajar en forma coordinada con Nación en el sentido de compartir información al respecto", expresó la diputada Gutiérrez.

Pero a pesar de esta normativa y de algunas resoluciones ministeriales, es necesario contar con una legislación específica que regule la prestación privada de servicios de vigilancia, investigación, custodia y seguridad de personas y bienes dentro del territorio santafesino. Diariamente miles trabajadores de agencias de seguridad resguardan bancos, clubes, edificios públicos y privados y cumplen funciones en espectáculos públicos masivos.

Penar las falsas alarmas
A su turno, el diputado Santiago Mascheroni (UCR) brindó datos de cómo el mal desempeño de las agencias de seguridad privada pueden significar una dilapidación de recursos del Estado y resentir el trabajo de la Policía. Mascheroni explicó que durante el primer semestre de 2016 hubo un total de 39.628 falsas alarmas a las que tuvieron que acudir 37.117 móviles policiales. Todo un despilfarro de recursos –económicos y humanos– muy valiosos para garantizar una mejor seguridad a los santafesinos.

Por ese motivo, Mascheroni celebró que en el proyecto se haya incluido una iniciativa de su par Julián Galdeano, quien en 2012 propuso sancionar económicamente a las empresas que por injerencia en su reinstalación, obsolescencia en el material técnico o no asumir la responsabilidad de controlarlo, están permanentemente reclamando la intervención policial.

Asimismo, Galdeano dio dos ejemplos para graficar lo que significan las falsas alarmas. El diputado dijo que en Funes hay tres móviles policiales y que por día tienen que cubrir 27 falsas alarmas, más de una por hora. Mientras que en Oliveros, donde sólo hay un móvil policial, ese patrullero todos los días tiene que asistir a una falsa alarma y que muchas veces eso significa recorrer hasta 25 kilómetros.

Esta es la quinta vez que se intenta regular por ley la actividad. Los proyectos presentados en 2008, 2010, 2012 y 2014 no consiguieron sanción definitiva y perdieron estado parlamentario. Esta vez los diputados hicieron hincapié en la redacción de una ley que sea posible. Ahora tendrán la palabra los senadores.