santafe
Domingo 28 de Junio de 2015

Aborto: “El Estado puede ser negligente o puede intervenir”

Especialistas del Cedes analizaron las resistencias que enfrenta el cumplimiento de la interrupción legal del embarazo y cómo se puede trabajar para garantizar los derechos.

En la Argentina el aborto es legal en casos de violación o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Mariana Romero y Agustina Ramón Michel son integrantes del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y estuvieron en Santa Fe y Rosario brindando una capacitación sobre interrupción legal del embarazo (ILE) a profesionales de la salud de distintos efectores públicos.
En su paso por la ciudad, las especialistas en la temática dialogaron con Diario UNO sobre los principales miedos que rodean la ILE, la objeción de conciencia en la que se pueden amparar los profesionales que no quieran cumplir con la normativa, sobre cómo se construye en la sociedad la idea del aborto y el rol del Estado.
“El aborto fue, por muchos años, un tema del que no se hablaba. Había muchos imaginarios oscuros en torno a eso por la forma en las que las mujeres accedían a él en la clandestinidad; pese a que ya existía una norma que permitía el aborto en caso de peligro para la salud o de violación desde 1921 (Código Penal)”, explicó Ramón Michel.
Y siguió: “El desafío que tienen los Estados, ahora que muchas mujeres ya conocen este derecho y el tema está instalado, es elegir entre dos opciones: ser indiferente y negligente y, por lo tanto, ser un Estado que es denunciado e interpelado siempre por lo que no hace; o puede intervenir elaborando políticas públicas, sobre todo de salud, en este tema”.
Por su parte, Romero agregó: “Esto es importante porque las mujeres no han dejado de abortar porque se las amenace penalmente. Se estima que se realizan casi 500.000 abortos por año en el país. Por eso la pregunta es: ¿cuántas de esas mujeres no tienen derecho a una ILE? y ¿en qué medida el Estado no debería ir construyendo una institucionalidad para ampliar el marco de la legalidad y no expulsar a la ilegalidad a las mujeres? Estos años son de definición estatal, ¿qué van a hacer? ¿Van a insistir con una política criminal? En el tema de la interrupción legal del embarazo, ¿van a ser indiferentes y, por lo tanto, solo van a ser objetos de denuncias o van a ser formuladores de políticas públicas?  Yo creo que, en ese sentido, la provincia de Santa Fe ha iniciado un camino hacia incorporar la ILE dentro de las políticas de salud sexual y reproductiva. 
—¿El personal de los hospitales y centros de salud está preparado para acompañar una decisión política que garantiza los derechos de las mujeres en esta temática?
M.R.: No se puede empezar con toda la provincia de golpe, sino que el ejemplo demostrativo que dieron algunos equipos que sintieron que estaban en condiciones de emprender este proceso se fue contagiando, extendiendo. Que haya equipos que dieron respuesta con legitimidad y respaldo, hizo que otros equipos pudieran confiar en que esta práctica es legal y es posible en las instituciones de salud, que realmente responde a una demanda de las mujeres. Porque también está el temor de dar el servicio y, después, encontrar la respuesta adversa y, muy por el contrario, muchas de las mujeres hoy respaldan fuertemente a los equipos porque la respuesta fue adecuada.
A.R.M.: Eso no prende en cualquier tierra. Son, en general, los equipos que han prestado otros servicios de salud sexual y reproductiva quienes han incorporado esta práctica. Son quienes responden y brindan un parto respetuoso y humanizado, son los que mejor atención brindan a las mujeres en temas de anticoncepción, embarazo y trato con adolescentes. Es decir, no es azaroso que sean los que ya venían trabajando mejor en la atención de las mujeres. En general, una puede afirmar que una mujer que ha sido maltratada en una situación de aborto legal también va a ser maltratada en un embarazo y parto. Esto habla de cómo los servicios de salud miran a las mujeres y a su reproducción.
—¿Qué opinión les merece el Registro de Objetores de Conciencia?
A.R.M.: En Santa Fe se concibió como una herramienta de gestión. Cuando se tomó la decisión de incorporar la ILE dentro de sus políticas sexuales y reproductivas, se necesitó saber cuál es el estado de situación y la voluntad de los profesionales. Después se analizaron los formularios y se dialogó con los profesionales porque se detectaron problemas de desconocimiento. Entonces la gestión volvió a trabajar con los servicios de salud y eso disminuyó la cantidad de objetores de conciencia. Eso nos muestra que no estamos frente a auténticas objeciones sino a miedos, perezas, incertidumbres, misoginias, discriminaciones, falta de estímulos para cumplir… Ese registro en una provincia como Tucumán sería un peligro porque estaría puesto al servicio de una política indiferente y negligente con la cuestión de la ILE. Serviría solo para cristalizar la situación de poder de los profesionales de la salud que se niegan a realizar abortos no punibles.
“De todas maneras –acotó–, no hay dudas que la objeción de conciencia es un privilegio porque supone decir: «Yo no quiero cumplir con mi deber profesional» mientras el resto tiene que hacerlo. El profesional de la salud asumió un compromiso que incluye no poner sus opiniones personales por encima de su deber profesional de atender al paciente. Leyes que generaron debate como la de Identidad de Género y Muerte Digna no tienen ninguna cláusula de objeción de conciencia. No hace falta tener demasiado espíritu crítico para preguntarse por qué en el aborto y si debemos aceptarlo o no”.
En ese sentido, ambas remarcaron que el registro también permite sancionar a quienes no se inscribieron en él pero, de igual manera, se niegan a realizar esas prácticas. “Esas personas, si no están registradas, están realizando, eventualmente, algún tipo de práctica ilegal; no están protegidas por la objeción se conciencia”, remarcó Ramón Michel.
—Se entiende que ha sido un paso necesario para empezar a trabajar estos temas pero ¿se puede sostener ese privilegio en el tiempo si, realmente, existe la voluntad política de trabajar sobre el aborto legal?
A.R.M.: Creo que el primer desafío es seguir informando y trabajando con los profesionales de la salud para comunicarles que existe la certidumbre jurídica y de que van a ser acompañados. Y el segundo es hacer más costoso el incumplimiento. Hoy no se pagan costos por incumplir, obstruir o dar mala información. Necesitamos que eso sea costoso, que tenga beneficios cumplir y que tenga sanciones incumplir. Ésa es una gran deuda en toda la Argentina.
—¿Qué tipo de costos pueden ser?
A.R.M.: Hay varios. Uno piensa primero en el jurídico, que es ser investigado, que se eleve un sumario administrativo, sanciones civiles de daños y perjuicios, un juicio de mala praxis o delitos penales como abandono de personas o lesiones. Pero creo que el desafío es mostrar que hay un costo profesional, hay que mostrarles que están siendo malos profesionales, que los vamos a dejar de respetar si no atienden de forma adecuada a una mujer en posible situación de ILE. No es solo un costo jurídico sino de capital social.

Cuando el caso es cercano, el grado de acuerdo aumenta

Agustina Ramón Michel y Mariana Romero también se refirieron a los estudios que tiene el Cedes respecto a la opinión de las personas y de los profesionales sobre el aborto y cómo se generan cambios.
“Las personas no estamos firmes en una postura, estamos escondidas tras una postura porque por mucho tiempo no se habló del tema y cuando se habló fue en términos punitivos y de oscuridad. Entonces uno de nuestros desafíos es terminar con la polarización y no interpelar a las personas en sus prejuicios sino en sus experiencias”, manifestó Ramón Michel.
Y agregó: “Y, la verdad es que el accionar de algunos grupos conservadores que utilizan el aparato judicial para hostigar las políticas de salud sexual y reproductiva y para complicar la situación de una mujer no hacen más que perjudicar la discusión. Lo que sabemos es que las personas pueden cambiar de opinión y lo hacen cuando se van algunas imágenes y aparecen otras o cuando entran en contacto con un caso directo”.
Romero explicó: “Algo así ocurrió en 2006 y 2007 cuando algunos casos tomaron estado público y lo que se mostraba era que eso le estaba pasando a la hija de alguien, a la hermana de alguien. Eso genera un proceso de reflexión social respecto de «a mí también me podría pasar». Estar a favor o en contra del aborto es una pregunta muy tramposa, porque las opiniones tienen matices. Pero cuando preguntamos sobre las distintas causales, como las que están en el Código Penal y otras que quizás, los grados de acuerdo son muy altos. Los mismos equipos de salud, consultados sobre qué pasaría si quien solicita la ILE es alguien cercano, una amiga o la hija de un colega, los grados de acuerdo aumentan”.

Victoria Rodríguez/ UNO Santa Fe/ victoriarodriguez@uno.com.ar