santafe
Miércoles 18 de Mayo de 2016

Condenan a dos policías por pedirle coima a un productor de Sanford

Le exigían dinero a cambio de recuperar los animales que le robaron en octubre de 2014. La sentencia será apelada.

Dos policías acusados de pedir coima a un productor a cambio de recuperar lo sustraído en un robo que sufrió en octubre de 2014 en su campo de Sanford fueron condenados por el delito de exacciones ilegales a un año de prisión condicional e inhabilitación para ejercer funciones por el doble de tiempo. El fallo, dispuesto y leído ayer por el juez interviniente, Carlos Pareto, contra el ex comisario de Chabás, Norberto César Ramos, y el ex agente policial Gonzalo Ríos, como autor y cómplice penalmente responsables del ilícito, marcó el epílogo de un nuevo juicio oral y público desarrollado en Casilda aunque aún restan conocerse los fundamento de la sentencia.
"Si bien solicitamos una pena mayor (a la fijada) lo importante es que se llegó a una sentencia condenatoria, lo cual indica que se pudo acreditar el hecho a través de las pruebas aportadas", indicaron a La Capital las fiscales de Casilda que llevaron adelante la investigación, Marianela Luna y Lorena Aronne.
Ambos serán exonerados de la fuerza de seguridad provincial de quedar firme el fallo que será apelado por la defensa al entender que "no hay elementos objetivos para tipificar el delito (achacado)", según indicaron los abogados de los policías, Lucas Wojtasik y Mauricio Plancich.
Si bien las fiscales habían solicitado una pena de tres años de prisión efectiva y el mismo tiempo de inhabilitación, valoraron lo resuelto por el magistrado casildense al considerar que abre las puertas para que Ramos y Ríos "cesen su actividad y no vuelvan a formar más parte de la policía".
Para la defensa, sin embargo, lo "justo" hubiese sido una absolución, como pretendían, ya que "hay orfandad absoluta de pruebas para demostrar el hecho endilgado", sostuvieron.
El episodio ocurrió el 27 de octubre de 2014 cuando el por entonces titular de la Comisaría 4º de Chabás, Norberto Ramos, le pidió a Miguel Angel Orlandoni la suma de 1.500 pesos a cambio de recuperar animales y otros elementos que le habían robado hacía cinco días en su establecimiento rural de Sanford.
Si bien el hombre ya había radicado la denuncia en la comisaría de su pueblo, desembarcó en la dependencia policial chabasense tras realizar averiguaciones que lo llevaron a "descubrir" que lo sustraído podría estar en un campo de esa jurisdicción donde fue junto a su hijo Jonatan haciéndose pasar de compradoras de lechones. Claro que nunca imaginaran que tal decisión terminaría convirtiéndolos en víctimas de un acto de corrupción. Tras invitar a retirarse del lugar al hijo del productor y al agente que los había recibido en la dependencia policial, Ramos quedó a solas con Miguel Orlandoni y en ese momento le pidió "una colaboración para gastos" a fin de recuperar y devolverle lo robado tras advertirle que con tal acción a la que calificó de "gauchada" podía poner en riesgo sus puestos de trabajo.
Al retirarse le pidieron su número de teléfono donde más tarde llamaron desde la comisaría de Chabás al domicilio del productor para confirmar lo prometido y acordar encontrarse en estación de servicio de Sanford, fuera de actividad, donde el agente Ríos, en compañía de otro empleado policial que no estuvo involucrado en el hecho, se dirigió a bordo de un móvil policial y una vez allí acompañaron a Orlandoni hasta su propiedad, ubicada a poca distancia de la zona urbana.
Sin embargo de los casi 90 pollos que le habían robado sólo le entregaron cuatro, y nueve de los once lechones que también habían sido sustraídos junto a herramientas y otros elementos que tampoco aparecieron.
El agente reclamó la coima de 1.500 pesos que finalmente y pese a la insistencia en días sucesivos Orlandoni no pagó al ser alertado por su hermana de que no correspondía hacerlo, lo que posteriormente derivó en una denuncia radicada en la jefatura de la Unidad Regional IV de Policía del departamento Caseros, con asiento en Casilda. El caso recaló en el Ministerio Público de la Acusación de Casilda que reunió evidencia para acreditar el delito.
Las fiscales resaltaron en sus alegatos de clausura que "quienes cometieron el delito eran funcionarios públicos que tenían el deber de servir a la comunidad y no realizar acciones ilícitas de este tipo que atentan contra la administración pública y toda la sociedad, razón por la cual deben ser juzgadas y condenadas como un mensaje claro contra la corrupción".

Pruebas
Además del testimonio de las víctimas, las fiscales se valieron, entre otros elementos, de llamadas telefónicas entrecruzadas.

Fuente: LaCapital