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Jueves 09 de Abril de 2015

Inundación 2003: la Cámara rechazó la queja de Álvarez

El exintendente presentó un recurso de inconstitucionalidad en la causa que lo investiga junto a Berli y Fratti por estrago culposo agravado. El tribunal insiste en que esta llegue a juicio.

La causa que investiga al exintendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez; a Edgardo Berli, exministro de Obras Públicas, y al exdirector de Hidráulica, Ricardo Fratti, por estrago culposo, agravado por la muerte de 18 personas, volvió, luego de casi un año de ser objeto de recursos y apelaciones, al Juzgado de Sentencia Nº 3, a cargo de Cristian Fiz.
Así lo ordenó la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, con un tribunal integrado por Roberto Prieu Mántaras, Roberto Reyes y Jaquelina Balangione, que el 26 de marzo pasado rechazó un recurso de inconstitucionalidad que había planteado la defensa del exintendente. La queja se originó cuando los letrados de Álvarez, en mayo del 2014, presentaron una apelación contra la decisión del juez Fiz, que negó la prescripción de la causa. En ese momento, el reclamo fue a la Cámara y la respuesta llegó el 28 de agosto del 2014. En el escrito de ese día, Balangione, Reyes y Prieu Mántaras no solo consideraron que la causa no estaba prescripta sino que además ya tenía todas las pruebas producidas y que “era necesario” dictar sentencia. 
Además, para apurar la tramitación, aclararon que cualquier otro incidente debía resolverse cuando el expediente llegara a juicio. Pero la respuesta no dejó conforme a Álvarez, quien insistió con la queja y presentó el recurso de inconstitucionalidad en septiembre del año pasado, que el 26 de marzo resolvieron los mismos camaristas. La respuesta continuó la línea de opinión que ya venía mostrando el tribunal: que la causa debe avanzar y llegar a juicio. Y en ese marco, negaron el recurso de inconstitucionalidad.
En sus años de tramitación, ninguna de las trabas que tuvo la causa fue por cuestiones de fondo o relativas a las pruebas –o a la falta de ellas–, sino que siempre se sostuvieron en la materia procesal: “Lo que se desprende de la investigación es que hay pruebas más que suficientes para demostrar que la ciudad se inundó porque las obras no estaban hechas y de que había tiempo para evacuar a la gente”, opinó Milagros Demiryi, quien junto a Jorge Castro son los actores civiles de la causa. 
“Nosotros creemos que ya no se puede dilatar más la cuestión. La Justicia tiene que definir de una vez si estas tres personas imputadas son culpables o no. Pero esta Justicia santafesina, evidentemente tiene plazos que están fuera de toda medida lógica de justicia. A nivel internacional existe lo que se denomina plazo razonable. Y 13 años a nadie se le escapa que no es un plazo razonable”, dijo Castro. 
El 29 de abril de 2003, las aguas del Salado irrumpieron por el oeste, a través de un sector inconcluso del anillado defensivo contra inundaciones. Un relevamiento de la Casa de Derechos Humanos de la ciudad reveló que la cifra de personas fallecidas ascendió a 158 al contabilizar las muertes por causas atribuibles a la crecida, denominados secuelados. 


El que falta
Hasta ahora, la intervención del exgobernador y actual senador nacional, Carlos Reutemann, en la causa fue en calidad de testigo. A pesar de haber sido la máxima autoridad política durante la tragedia, nunca fue imputado.
En este sentido, uno de los actores civiles de la causa, Jorge Castro, sostuvo que durante la presentación de pruebas ante el juez de sentencia, en el último período de la investigación “hubo 35 testimonios que incluyen los de los peritos que coinciden en que el agua entró a la ciudad porque la defensa estaba inconclusa, y que la orden de evacuación debería haber sido dada como mínimo 24 horas antes”. 
“Es más –agregó Castro– hay tanto material probatorio que hoy sería más que suficiente para iniciar una causa paralela y poder pedir el desafuero y llamar a indagatoria a Carlos Reutemann”. Y concluyó: “Con esta causa, la Justicia santafesina tiene la oportunidad histórica de expedirse a favor de la gente que sufre y de romper el cerco de impunidad. En sus declaraciones, Miguel Del Sel dice que lo primero que quiere para su gobierno es que funcione la justicia. Hay que preguntarle qué tipo de justicia quiere. La Justicia no puede funcionar a la medida del poder de turno”.