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Jueves 19 de Mayo de 2016

Se reglamentó cómo proceder para destituir a fiscales y defensores

Se aprobó este jueves en la Asamblea Legislativa. El presidente de la comisión de Acuerdos, el senador Raúl Gramajo dijo que había “una laguna legal”

La Asamblea Legislativa este jueves aprobó siete pliegos de funcionarios judiciales, de los cuales tres son fiscales del MPA que se desempeñarán en los tribunales de la ciudad de Santa Fe: Carlos Raúl Romero, Mariela Sandra Jiménez y Jorge Alberto Andrés. Pero en la misma sesión también se aprobó un Reglamento para la Remoción de Funcionarios previsto en las Leyes Nº 13.013 (Ministerio Público de la Acusación-MPA) y 13.014 (Servicio Público de Defensa Penal). Es decir, cómo se debe proceder para la destitución de fiscales y defensores.
El presidente de la comisión Bicameral de Acuerdos, el senador Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio) dijo que esas leyes no tenían un procedimiento para la remoción de los funcionarios que estén encuadrados en alguna irregularidad. La confección del reglamento que se aprobó este jueves comenzó el año pasado.
Ante la consulta de Diario UNO sobre cómo se procedía hasta el momento para la remoción de los funcionarios encuadrados en esas dos leyes, Gramajo expresó: “Había una laguna del derecho. No había un procedimiento específico para poder llevar adelante una investigación ante una eventual denuncia contra alguno de los miembros del MPA o el Servicio de la Defensa”.
“Lo que se buscó es tener un procedimiento para que la persona que fue o será denunciada pueda asumir su defensa como corresponde en todo procedimiento. Aquí se fijaron pautas claras para que toda persona que es denunciada tenga la posibilidad de hacer su defensa y elevar los argumentos que consideren a la comisión de Acuerdos”, explicó Gramajo, aunque aclaró que la comisión “no define”.
Una vez que la comisión recibe una denuncia contra algún fiscal o defensor debe determinar si es procedente o no. En el caso que considere que las pruebas no son suficientes la denuncia se archiva; de lo contrario debe designar a algún legislador como acusador para que se inicie el proceso.
Cuando finalizan las audiencias donde el acusador como el acusado presentaron sus pruebas, la comisión de Acuerdos tendrá 10 días para emitir un dictamen donde deberá aconsejar la remoción del funcionario acusado o el archivo de las actuaciones, que se girará automáticamente a la Presidencia del Senado que tendrá que citar a Sesión Conjunta en un plazo de siete días.
“Esto es para todos los casos que se presenten a partir de ahora, porque antes había una laguna legal”, reiteró Gramajo, quien ante la pregunta de si hay algún fiscal o defensor denunciado, respondió: “Si hay alguna denuncia pendiente, yo como presidente no la he recibido, pero se tendrá que ajustar a la realidad de este reglamento”.
De esta manera, el Poder Legislativo empieza a zanjar una deuda que tenía pendiente desde la promulgación de las leyes 13.013 y 13.014, del 13 de octubre de 2009. Pero, además, la reglamentación para establecer claramente cuáles son los pasos de remoción de un fiscal o un defensor no deja de ser un mensaje de que a partir de ahora habrá un mayor control sobre el funcionamiento de la Justicia.

Hipólito Ruiz / hruiz@uno.com.ar

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