fiscalía federal de Santa Fe
Lunes 20 de Junio de 2016

Vaciamiento del Banco Provincia: la fiscalía pide el informe secreto

Se trata del dossier de la comisión que en 1997 investigó la privatización. Contiene más de 30 horas de grabación y cinco mil fojas con datos que para los investigadores podría revelar el fraude

A tres años de que la fiscalía federal de Santa Fe impulsara la investigación por el vaciamiento del Banco Provincia, aún está pendiente la incorporación del informe de la Comisión Investigadora, encabezada por el abogado Alfredo Nogueras y realizado en el primer semestre de 1997. Se trata de una prueba clave, que podría revelar detalles de cómo se produjo y quiénes fueron los responsables de la maniobra que, según estimaciones del exministro de Economía de la provincia Ángel Sciara, le hizo perder a la provincia más de mil millones de dólares.
El dossier contiene más de cinco mil fojas y 30 horas de grabaciones con los datos recolectados por los abogados que integraron la comisión investigadora entre febrero y agosto de 1997 y los documentos que redactaron a modo de conclusión sobre el vaciamiento que se produjo entre 1979 y 1991.
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Ese compendio está en el Archivo Histórico de la provincia y desde 2013, el fiscal federal que instruyó la causa, Walter Rodríguez, está solicitando que se lo incorpore al expediente para que pueda ser valorado por la fiscalía y por el juez Reinaldo Rodríguez.
En abril de este año, Walter Rodríguez fue designado en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación, y en la fiscalía lo subroga Claudio Kishimoto. Sin embargo, atento a la evolución de las causas que instruyó y con la novedad de que la Cámara de Apelaciones ordenó la reapertura de la causa, insistió en el reclamo para que el juez y el fiscal puedan tener acceso a la prueba reservada.
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En diálogo con Diario UNO, Rodríguez opinó que hasta el momento la prueba no fue incorporada porque había una "expectativa" de que la resolución de la Cámara iba a dar por cerrada la investigación: "Algunos pudieron haber especulado de que si la Cámara dictaba la extinción de la acción penal la investigación se terminaba. Entonces para qué iban a producir la prueba y valorarla".
—¿Qué datos podría llegar a aportar ese informe?
—Como es secreto aún no lo sabemos, pero por algo es secreto. Debe tener información sustancial. Calculo que cuando se usa este tipo de herramientas debe ser por lo importante que es. A esto, si lo asociamos con la matriz de lo que sucedió históricamente en el país –que se usó un esquema para afectar a la banca pública y transformarla en un elemento para producir un proceso privatizador– se podría pensar que el Banco Santa Fe es uno de estos casos puntuales. Entonces, si se puede llegar a valorar la existencia de este esquema conocido por todos públicamente y la existencia de prueba reservada sustancial, se puede llegar a avanzar en la causa y dar con los responsables de esta maniobra que, sin ninguna duda, tuvo características delictivas. La postura de la fiscalía siempre fue dejar muy en claro que la impunidad de este suceso quedó consagrado gracias a una investigación hecha por el Poder Judicial de una manera fraudulenta.
—¿Podría derivar en una investigación a esos funcionarios judiciales?
—Claro, pero para eso queremos que se declare la nulidad de esa investigación por cosa juzgada irrita o fraudulenta, que es cuando un proceso es trucho y se logra esa decisión. La Cámara aún tiene que expedirse sobre el planteo de cosa juzgada fraudulenta. Después, vamos a ver qué hicieron los responsables. Mientras tanto sería como saltearse un paso.

Para eludir la investigación

La investigación por el vaciamiento del Banco Provincia de Santa Fe fue el primer caso del país de revisión de "cosa juzgada irrita", en materia de fraudes bancarios. En 2013, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) realizó un detallado informe que mostró el modo errático en que fue conducida la investigación que se inició en 1990. Como conclusión, determinó que hubo un plan de acción entre el exjuez federal Héctor Tripicchio (quien luego fue ascendido a camarista federal de Rosario), su secretario y luego juez federal Víctor Hermes Brusa (primer juez destituido de su cargo por el Consejo de la Magistratura,y más tarde condenado a 21 años de prisión por violaciones a los Derechos Humanos) y el defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes, Gerardo Yebra. Para el Procelac, el derrotero al que fue sometido el expediente fue una estrategia para "eludir la investigación" con miras a lograr la finalización de la causa por prescripción y, además, da cuenta "de cómo la impunidad, que es consustancial al delito económico, toma forma en la práctica judicial forense".

Más de 14 años sin ningún impulso procesal

La investigación por el vaciamiento del banco fue caratulada "Vello, Alberto Raúl y otros según Infracción a la Ley 20.840" y se inició en 1990, luego de una denuncia hecha por integrantes de la Comisión Interna del Banco. En 1991, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó una inspección y detectó irregularidades relacionadas con el estado de la cartera de créditos y con la política de crédito.
El BCRA determinó que los 54 principales deudores de la entidad representaban el 85 por ciento del total de la cartera, lo que evidenciaba una altísima concentración. A ello se agregaba un porcentaje muy alto de incobrabilidad (46,16 por ciento). La causa tuvo un incipiente avance inicial en manos del juez Raúl Joaquín Dalla Fontana, quien recolectó antecedentes de las operaciones crediticias y diversas documentación contable, que dio sustento a una importante cantidad de declaraciones testimoniales e informativas.
Sin embargo, el expediente luego pasó al Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, cuyo titular era Héctor Tripicchio. Como el magistrado estaba de licencia, el 25 de marzo de 1991, se remitieron las actuaciones al subrogante legal, Gerardo Yebra, quien era defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes.
Días después, el juez Tripicchio reasumió sus funciones y se abocó al conocimiento del sumario que llevaba la firma del secretario Víctor Hermes Brusa. La siguiente maniobra de Tripicchio fue disponer la separación del fiscal Julio Reyt. Como parte de estas idas y vueltas, al día siguiente de ser notificada, la fiscala Tessio solicitó ser separada del expediente y el juez Tripicchio dispuso entonces que el caso pase al subrogante legal, defensor Gerardo Yebra.
La sucesión de roles procesales era incompatible y Yebra se dio cuenta. El defensor entonces solicitó ser desvinculado de la causa como fiscal subrogante, por considerar que estaba en una situación de "violencia moral".
Tras la negativa de Yebra, el juez Tripicchio designó en su reemplazo a José Manuel Benvenutti. Sin embargo, él también se opuso a su designación y solicitó la intervención de Yebra: justificó su pedido diciendo que Yebra no había realizado ningún acto en carácter de juez.
Así, finalmente quedaron a cargo de la causa el juez Tripicchio y el fiscal Yebra, que según indica el Procelac, no adoptaron ninguna medida tendiente a esclarecer las circunstancias apuntadas por el BCRA, que de por sí revestían una gravedad inusitada. Tampoco profundizaron la investigación sobre la participación de los funcionarios públicos provinciales.
En febrero de 1993, ocurrió una situación muy llamativa: Raúl César Drago renunció a la defensa particular del imputado Juan Carlos Carraro. Sin embargo, aun después de haberse desvinculado de la causa, solicitó el sobreseimiento de Carraro y el juez Brusa hizo lugar al pedido.
Casi un año más tarde, el 10 de mayo de 1994, se remitieron las actuaciones al Juzgado Civil y Comercial de la 6ª Nominación, donde permaneció hasta el 4 de febrero de 2008, fecha en que fueron devueltas a la Justicia federal. Así, la causa permaneció casi 14 años sin impulso procesal.

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