Santa Fe
Jueves 26 de Octubre de 2017

El Ministerio Público de la Acusación quedó en el centro de la escena política

La suspensión por tercera vez consecutiva de la audiencia imputativa al jefe de la Regional V de policía, Adrián Rodríguez, desató un cruce político entre legisladores. Los cambios de fiscales en causas de notoriedad pública abrieron la polémica

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) quedó esta semana en el centro de la escena política. En manos de uno de sus fiscales había causas de mucho peso que involucran a la Policía de la provincia en graves irregularidades y al gobierno municipal, por la denuncia de manejo discrecional de dineros públicos hacia estructuras políticas barriales.

A tal punto estas causas avanzaron que el asunto fue tema de conversación –entre otros– en la reunión que mantuvieron ayer por la tarde el gobernador Miguel Lifschitz y el intendente de la capital provincial, José Corral.

Esta mañana el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, decidió levantar una audiencia imputativa en la causa en la que se investiga al jefe policial de la Regional V, Adrián Rodríguez, que había sido convocada por el fiscal Roberto Apullán. Fue la tercera vez en semanas que el fiscal no puede estar cara a cara con Rodríguez. En esta ocasión Arietti argumentó que Apullán no podía convocar la audiencia por no estar al frente de la causa, algo que se resolvió en una reestructuración del MPA mediante resolución fechada el 12 de octubre pasado.

Las repercusiones políticas del caso no se hicieron esperar. El diputado Leandro Busatto (PJ) hizo una conferencia de prensa acompañado por diputados del interbloque de su partido y por el presidente del bloque del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade.

Busatto se mostró sorprendido por la suspensión de la audiencia de esta mañana y por el desplazamiento de Apullán de la causa en la que se investiga a Rodríguez y la del supuesto desvío de fondos del municipio. "Estamos profundamente consternados, estamos preocupados, creemos que hubo un proceso de injerencia indebido para proteger determinadas cuestiones que tienen que ver con intereses políticos y nosotros no tenemos otra aspiración como ciudadanos, como santafesinos y como diputados de que la Justicia pueda investigar libremente, producir las pruebas, realizar las audiencias imputativas y luego de las investigaciones establecer las responsabilidades funcionales y políticas del caso", dijo.

"Estamos convencidos de que en este momento se produjo un deterioro grande al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe; se afectó profundamente la democracia", dijo Busatto y agregó que en el caso que se detecte incumplimiento de los deberes en algún funcionario jerárquico del MPA van a promover el juicio político como establece la Ley 13.013. Además solicitó que se restablezca la investigación a Apullán.


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Por su parte, Del Frade consideró que en el MPA "se está viviendo un momento muy difícil y es un contraste muy grande respecto a lo que se dice que es la lucha contra la impunidad en el caso (del exministro de Planificación Federal, Julio) De Vido en el Congreso de la Nación y lo que pasa en la provincia de Santa Fe".

Al ser consultado sobre si la situación amerita que el fiscal general, Jorge Baclini, debería dar explicaciones públicas, Del Frade dijo: "Es necesario que Baclini eche luz, además porque es una persona inteligente, lleva algunos procesos de modernización del Poder Judicial que nosotros acompañamos y otros no, pero es necesario que hable y explique. Porque los rumores son tremendos, hay que parir información. Por eso es fundamental que se explique qué está pasando y que se lo haga desde el poder político. A mi entender, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro a beneficio de todo lo que está trabajando, más allá de tener algunas diferencias, tiene que explicar bien cuál es su relación con este comisario".


Apegados a la ley
Los que salieron a respaldar las actuaciones del fiscal regional de Santa Fe fueron los diputados socialistas y radicales. El jefe de la bancada del PS, Rubén Galassi, comenzó por aclarar que "no se aparta a un fiscal, sino que el fiscal regional dispone, dentro de sus atribuciones, que la investigación la continúen los fiscales que están dentro del área de Delitos Complejos". Justamente esa es una de las dos áreas creadas el 12 de octubre pasado y de la cual no forma parte Apullán. Y luego fue tajante: "Hacer otra lectura es politizar algo que se maneja dentro del ámbito del Poder Judicial".

El legislador socialista, además, criticó a los legisladores que se "adelantaron a hacer lecturas políticas" y preguntó "qué es lo que saben" de las causas. "La información de cualquier causa judicial debe ser manejada por los directamente involucrados. Sería involucrarse en otro poder y eso yo no lo voy a hacer", agregó.

"Sí quiero remarcar y apoyar al ministro Pullaro que está haciendo una gran tarea. Hubo muchas operaciones en su contra en estos días, se han sembrado muchas dudas que no tienen que ver ni con su conducta, ni con su proceder, ni con su honorabilidad. Lamentablemente hombres de la vida pública de la provincia en lugar de respaldar a dirigentes que con valentía y compromiso trabajan por mejorar la seguridad de los ciudadanos, se suman a rumores u operaciones berretas de sectores interesados que intentan desestabilizarlo", dijo y apuntó a "policías exonerados que se dicen tener sindicatos ilegales que viven haciendo operaciones en contra de las autoridades".

Luego desafió: "Si los fiscales tienen pruebas que con seriedad investiguen. La justicia tiene que hablar por las investigaciones y eventualmente por los juicios, las condenas y las absoluciones a las que se llegue puntualmente. Y después hacer declaraciones".


El exhibicionismo
En tanto, el diputado provincial y presidente provincial de la UCR, Julián Galdeano, aseguró que el Ministerio Público de la Acusación hoy está puesto en el tapete por algunas causas que son emblemáticas y otras no tanto, pero también por "algún exceso en la actuación, un nivel de exhibicionismo o de mediatización de algunas causas que atentan contra las investigaciones y tal vez no sean el estilo que desde la Legislatura, o por lo menos para quienes integramos la Comisión de Acuerdo (donde recaen las denuncias para enjuiciar a los fiscales regionales o generales), valoramos como positivo al momento de llevar adelante investigaciones penales".

Al ser consultado sobre si el momento que se eligió para hacer los cambios no atentan contra la transparencia de las investigaciones que se están llevando adelante, Galdeano dijo que "son decisiones que tanto el fiscal regional como el fiscal general tienen dentro de sus esferas de facultades" y que "lo hacen en función de lo que entienden más sano para las investigaciones que hay en curso y eso es lo que establece la ley".

Luego, ante la pregunta de si a su entender Apullán actuó mal en alguna de las dos causas de mayor trascendencia pública que tiene a cargo, el diputado argumentó: "No conozco en particular la actuación del fiscal. Sí creo que en el caso del allanamiento de la Municipalidad de Santa Fe no se hizo acorde a lo que la propia legislación establece en el sentido de que era solo para buscar información. Se podría haber hecho de otra forma, enviando oficios, y no haciendo toda una puesta en escena que lo único que hacen es predisponer a la población en un sentido, establece una parcialidad en la línea investigativa y no llega a ningún resultado en concreto más que para los medios de comunicación. La finalidad del MPA no es aparecer en los medios periódicamente sino llevar adelante investigaciones con el mejor resultado posible".

Por último, y a modo de prueba de una supuesta puesta en escena por parte de Apullán", dijo que en el momento de hacer la denuncia penal –15 días antes de las elecciones– "hubo un concejal del justicialismo que admitió que esperó el turno de este fiscal para hacer las presentaciones. Todo eso será parte del análisis por parte de la auditoría del MPA y, eventualmente, de la Legislatura".

Credibilidad
Las idas y vueltas en causas judiciales de mucha trascendencia pública, además de mostrar serios problemas internos en el MPA, terminan siendo una clara muestra de cómo se puede socavar la credibilidad de una institución que se mostraba como la cara que venía a renovar el Poder Judicial. El Ministerio Público de la Acusación es un organismo que comenzó a funcionar el 10 de febrero de 2014 y que formó parte de la creación de un nuevo sistema penal que demandó el trabajo de más de una década.

Si no se toman cartas en el asunto para transparentar los últimos movimientos realizados se terminará corriendo el riesgo de manchar una institución que, al menos en parte, había empezado a poner en la escena pública el funcionamiento de una parte del Poder Judicial. Tal vez no haya ningún error de procedimiento y todo se haya hecho sin apartarse de la ley. Pero además de ser transparentes también es indispensable parecerlo. Es por el bien de las personas, pero sobre todo es por el bien de las instituciones que serán las que perduren en el tiempo.