Santa Fe
Miércoles 20 de Septiembre de 2017

Preocupación por el rechazo del pago en efectivo en oficinas comerciales de servicios públicos

Se presentó un proyecto de declaración en el Concejo Municipal en donde se cita el caso de Aguas Santafesinas y Litoral Gas, entre otras empresas. Se pide además la actuación de los organismos pertinentes para revertir dicha situación.

Recientemente, el concejal Franco Ponce de León, presentó un proyecto de declaración en el que expresa "preocupación por el rechazo del pago en efectivo en oficinas comerciales de servicios públicos; y asimismo, insta a las autoridades y organismos competentes a impulsar las acciones tendientes a revertir la situación y proteger eficazmente los derechos de los consumidores y usuarios. Las mismas deben velar por el control de la actuación de los entes prestadores, cumpliendo, y haciendo cumplir la normativa vigente en la materia.

Según sostiene el edil, en Santa Fe, Aguas Santafesinas (Assa), Litoral Gas y Telecom en distintos momentos han dejado de cobrar en efectivo en sus oficinas y en algunos casos solo permiten la opción de pago con tarjeta de crédito o débito para que los usuarios puedan cancelar sus deudas; en otras ni siquiera de esa forma. Con relación a la EPE, al menos mantiene una sucursal para que se puedan realizar pagos en efectivo.

En ese sentido, el legislador afirmó que tratándose de servicios públicos es indispensable garantizar diferentes alternativas para el pago que faciliten las gestiones y el acceso de todos los usuarios.

Sobre la iniciativa

Ponce de León, expresó: "El objetivo principal de la iniciativa es manifestar preocupación y disconformidad con la medida cuestionada, ya que consideramos que de esta forma se está privando a los usuarios de valerse de un medio de pago comúnmente empleado y accesible para aquellas personas que no están bancarizadas".

El edil continuó afirmando que "incorporar alternativas de pagos es sumamente valorable, siempre que no se limiten o supriman las existentes y obligatorias", y agregó: "Respetamos la posibilidad de que las empresas prestatarias tercericen la cobranza o implementen nuevas opciones, pero consideramos que deben mantenerse las tradicionales, que priorizan el contacto directo con la empresa y son accesibles a todos los ciudadanos".

"Respecto a los argumentos planteados por representantes de estas empresas, manifestamos que no negamos los problemas de inseguridad que atravesamos en la actualidad, pero consideramos que los mismos no pueden ser justificativo suficiente para limitar las alternativas de pago. Es deber de las empresas arbitrar los medios necesarios que posibiliten la recepción de dinero en efectivo, más aún cuando se trata de servicios públicos", añadió.

Ponce de León continuó enunciando: "Consideramos que la práctica de no aceptar el pago en efectivo en las oficinas comerciales vulnera el derecho al trato equitativo y digno, que constituye uno de los derechos básicos de las personas en general y de los consumidores y usuarios en particular. Es por esto que entendemos que son los organismos de control los que deben bregar por la protección de los intereses y reclamamos especialmente la intervención de los entes reguladores para que controlen a las prestatarias de los servicios públicos y velen por la defensa de los derechos de los usuarios, arbitrando los mecanismos y facultades que se le han sido conferidas para tales fines".