Dupuy: "Tenemos un 87% de casos de pornografía infantil"

Desde noviembre de 2012, por una decisión de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funciona en la capital del país el primer Equipo Especializado en Delitos Informáticos. A cargo del mismo, se encuentra la fiscala Daniela Dupuy, quién en la semana estuvo en Santa Fe brindando una capacitación dirigida a miembros fiscales, jueces, funcionarios, y empleados del Poder Judicial de la provincia, cuyo objetivo fue acercar la experiencia iniciada de Buenos Aires a la Justicia santafesina y hablar del impacto de las nuevas tecnologías en las investigaciones judiciales tanto de delitos informáticos, como de delitos en general.

En su charla con Diario UNO, la funcionaria judicial remarcó la necesidad de que las provincias creen fiscalías especializadas para este tipo de ilícitos, de los recaudos que se deben tener al momento de la recolección de evidencia digital para luego ser admitidos en juicio, y de la necesaria actualización de las leyes procesales que "están básicamente hechas para las investigaciones tradicionales".

Dijo además que en virtud del crecimiento de todo tipo de amenazas virtuales se debe trabajar fuertemente en la prevención y en la capacitación de todos los actores que intervienen en una investigación, y que el 87% de los casos que se investigan en la fiscalía están relacionados con la pornografía infantil.

—En Buenos Aires se dio un primer paso en la creación de una fiscalía especializada, ¿en qué situación está el país actualmente en este tema?

—Con el equipo de trabajo no hacemos más que corroborar la necesidad de que en todo el país las provincias tengan este tipo de fiscalías. Las investigaciones de delitos informáticos son totalmente diferentes a las tradicionales, y nos exigen entrenarnos para estar a la altura de las nuevas tecnologías. Adaptar la legislación, tanto los códigos procesales penales, como el Código Penal, a nuevas modalidades delictivas como las redes sociales. Entonces, ya el principio de territorialidad empieza a ceder y a desdibujarse, porque son delitos transnacionales y se puede estar cometiendo un delito en Santa Fe, pero el servidor se encuentra en España, y la víctima en Francia. Aquí tenemos un problema de jurisdicción donde necesitamos de cooperación internacional y que todos los países estén aggiornados en cuanto a la capacitación de sus operadores y a la adaptación de las normas procesales y penales para poder cooperar ágilmente. No recurrir a los viejos tratados de cooperación internacional que tardan y dilatan una investigación, y cuya característica principal es justamente la volatilidad de la prueba. La prueba desaparece rápidamente, y hay que captarla, con lo cual eso hace que todos tengamos que ser entrenados como para poder llevarlo a cabo.

—¿Por qué entiende usted que no se han creado entonces más fiscalías especializadas en estos años?

—Son decisiones institucionales y de organización institucional. Antes hablábamos de una lista cerrada de delitos informáticos, pero hoy por hoy cualquier delito necesita la recolección de evidencia digital. En la investigación de un homicidio, lo que se debe pensar es qué hizo el imputado en sus últimas horas, y mínimamente vas a recurrir a sus búsquedas en Google. Esa es evidencia digital, es pensar con una cabeza que va más allá de lo que todos estamos acostumbrados, y como venimos trabajando hace años. Es ir un poco más allá y ver qué es lo que nos aportan y ofrecen las nuevas tecnologías y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Creo también que es una cuestión generacional, porque esto implica mucho trabajo, volver a estudiar, volver a entrenarse y quizás no todos institucionalmente estén preparados como para afrontar un proyecto de una envergadura bastante importante. Pero, sería ideal que cada provincia tuviera su fiscalía especializada.

—¿Encuentran colaboración de fiscalías de otras provincias?

—Sí, hace días hicimos 35 allanamientos simultáneos y coordinados en todo el país. La verdad es que hay fiscales que son muy colaborativos y que se han puesto a tiro, por más de que no tienen su fiscalía especializada. Pero a los fiscales, y a la policía hay que darles sus herramientas también, porque de nada sirve que cómo fiscales hagamos una excelente investigación, pero cuando allanemos y mandemos a analizar los dispositivos de almacenamiento, el personal policial no tenga las herramientas tecnológicas para analizar ese contenido. Para hacer una buena recolección de evidencia digital, y para conservarla. Todo esto requiere de voluntad institucional en cada una de las provincias. Que vean la necesidad de modernización.

—¿Ve esa intención en Santa Fe?

—La verdad que sí, y aparte hay fiscales a los que he tenido la posibilidad de transmitirles desde Buenos Aires casos que han ocurrido en Santa Fe. Nadie tiene la verdad revelada en esto. Nosotros fuimos los primeros casualmente, pero constantemente estamos aprendiendo y formándonos, y además cuando pensamos que está todo incorporado aparecen nuevas cosas. Entonces, realmente este es un desafío diario y que nos debe comprometer a todos los operadores del sistema porque esto es transversal. No es para un sector, ni para un tipo de investigación. Es para todas las investigaciones. Sería ideal que en Santa Fe se cree una fiscalía especializada en estos delitos y continúe con el interés en la participación. Este es el tercer año que vengo a Santa Fe para intercambiar experiencias con los operadores del sistema y hay una gran participación.

—¿Qué cuidados se deben tener en la recolección de evidencia digital?

—Es muy importante contar con un área de cibercrimen de la policía especializada. No es la Fiscalía la que recolecta la evidencia, sino esa área. Esto es fundamental porque hay que seguir una serie de parámetros para que no se contamine, y así como la ve el personal policial, llegue al juicio oral. Hay protocolos de actuación que se siguen para captar la evidencia, adquirirla, preservarla y luego presentarla al fiscal o al juez de cara al juicio. Esos protocolos hay que aprenderlos porque no son los mismos que para la recolección de la evidencia física. No es lo mismo que recolectar los datos insertos en un dispositivo de almacenamiento informático. Esto requiere de otro entrenamiento, y de otra capacitación y es lo que quizás a la policía le falta. Áreas específicas para poder hacer una buena recolección de la evidencia y una buena preservación.

—¿Qué es lo que pasa cuando se recolecta mal esta evidencia?

—Se pierde, y hoy estamos de cara a los procedimientos orales. Esto significa una mayor exposición, en el buen sentido, por parte de los operadores. Es decir, yo como fiscal voy a un juicio, o a una audiencia de pruebas y tengo que demostrarle al juez que la prueba que estoy presentando fue recolectada legítimamente. Para esto voy a necesitar presentarle un perito que diga sin titubear cómo recolectó esa evidencia digital, porque del otro lado voy a tener una defensa que va a controlar lo que dice mi perito. Como esto es una cosa que avanza, no solo los fiscales nos entrenamos, las defensas también y mucho. Entonces, el trabajo primero es para nosotros, por nuestro deber de respeto al principio de objetividad de llevar al juez pruebas legítimamente adquiridas, no olvidando que tenemos del otro lado una defensa que nos va a controlar cada uno de los pasos que demos. No hay chance de poder incorporar algo que no sea legítimo, entonces esto requiere de personas entrenadas, ya sea policías, fiscales, secretarios, jueces, etcétera. Que sepan y que entiendan lo que estamos tratando de incorporar.

—¿Qué tipo de delitos son los que más se investigan desde la fiscalía?

—En lo que podemos relacionar con los delitos informáticos, son muchos de los que están en la convención de Budapest, como el comercio infantil, grooming, amenazas, acceso ilegítimo. Si me preguntan cuál es el delito que más investigamos, tenemos un 87% de casos de pornografía infantil o grooming. La Fiscalía General hizo un convenio con National Center for Missing Children, que es una ONG internacional, y las empresas proveedoras de servicios tienen la obligación de denunciar cuando sus clientes suben pornografía infantil. La empresa proveedora lo notifica a la ONG que a través del convenio con la Fiscalía General de Buenos Aires, directamente lo denuncia a través de una base de datos. Cuando la IP corresponde a ciudad de Buenos Aires nos encargamos nosotros, y cuando la IP está ubicada en alguna provincia, se creó una red donde nuestro cuerpo remite en forma inmediata, si por ejemplo la IP está en Santa Fe, dada la urgencia y la gravedad del caso.

—¿Cuál es la principal falencia legislativa que observa?

—Más que en el Código Penal, la falencia concreta que yo siento es en la ley procesal. Las leyes procesales de las provincias están básicamente hechas para las investigaciones tradicionales. De hecho, son pocas las legislaciones que hablan del secuestro de datos. La mayoría habla del secuestro de cosas, entonces no es lo mismo secuestrar un servidor, que los datos que están insertos dentro. La expectativa de privacidad que existe cuando el personal policial allana tu casa para buscar un arma, no es la misma que cuando ingresa en una computadora que tiene tus datos de hace años, los de tu mujer, datos que no provienen del delito y que hacen a la privacidad de tu persona, y datos que sí provienen del delito que es objeto de la investigación. Las normas procesales no están hechas para este tipo de investigaciones, y por una cuestión de no seguir estirando el principio de libertad probatoria, yo creo que cada una de las provincias se debe el adaptar las normas procesales a este nuevo tipo de investigación.

—¿Prestan colaboración las empresas de tecnología cuando se les solicita la información?

—No está regulada la obligación que tienen de colaborar con la Justicia, con lo cual desde la Fiscalía, sinceramente hemos hecho un trabajo muy artesanal porque necesitamos de ellos. La verdad es que nuestro puntapié en las investigaciones, es la información del usuario que nos dan. Digo artesanal porque cada uno tiene su forma. Te contestan cómo, cuándo, dónde, y lo que quieren, y para nosotros es un problema porque es necesario que sepan qué es lo que necesitamos y en cuánto tiempo. No hay problema en que nos digan cómo lo tenemos que pedir y quién tiene que hacerlo. Porque por ejemplo hay empresas estadounidenses que te piden que la firma sea del juez, otras te dicen que el fiscal lo puede hacer, y nosotros no entramos en esa discusión, lo único que queremos es la información para poder generar la investigación.

—¿Qué sería ideal en este caso?

—Que esté regulada y dentro de los códigos procesales, la necesidad o la obligación de las empresas proveedoras de colaborar en el tiempo que nos lleva hacer la investigación, y que se guarden los datos durante un tiempo. El tiempo es un enemigo porque mientras que se comete el delito, se descubre y llega a las autoridades, quizás cuando vamos a buscar la información ya está borrada. Las empresas de servicios, por una cuestión económica o de política empresarial entendible, quizás borran rápidamente, o ni siquiera guardan la información. Hay empresas nacionales que no guardan la información, y ya sabemos que si la IP coincide con determinada empresa de servicios es un caso perdido. Cuando empecé a investigar este tipo de delitos me di cuenta que no era nada más el fiscal y su equipo el que lleva a cabo las investigaciones, necesitamos de una serie de cuestiones colaterales, una de ellas es un vínculo fluido con las empresas proveedoras de servicios.