Después de 11 días de protestas callejeras y la paralización general de actividades, Quito recuperaba ayer la normalidad, mientras miles de voluntarios iniciaron una limpieza masiva de las zonas más afectadas por los piquetes y trincheras que levantaron los manifestantes. Estos se retiraron luego de que la dirigencia nacional de los indígenas logró un acuerdo la noche del domingo con el presidente Lenín Moreno, quien accedió a anular un decreto que aumentaba el precio de los combustibles como parte de un programa de austeridad.
Ecuador recupera la normalidad, pero resta negociar un acuerdo
Los voluntarios, vecinos de Quito, barrían montones de neumáticos quemados y retiraban montañas de piedras y material de construcción. La ciudad lucía igualmente muchas cicatrices, que tardarán en curarse, como el semidestruido edificio de la Contraloría del Estado, atacado con bombas molotov por los manifestantes.
La limpieza comenzó horas después de que el presidente Lenín Moreno y los líderes indígenas llegaran a un acuerdo el domingo por la noche para cancelar el paquete de austeridad en disputa y poner fin a más de una semana del inicio de protestas que paralizaron la economía ecuatoriana y dejaron siete muertos. La Cámara de Comercio de Quito dijo el lunes que las protestas dejaron pérdidas por alrededor de 1.636 millones de dólares y que tuvieron un mayor impacto en el movimiento comercial. Aunque el paro terminó, los negociadores del gobierno y del movimiento indígena aún no lograban un acuerdo para un nuevo decreto.
En Quito, el transporte urbano se sumó al metropolitano, que en los últimos días funcionó con problemas. El servicio de taxis se desarrollaba con normalidad en la capital, que volvía a presentar comercios abierto y el usual movimiento de la ciudadanía que se desplazaba a sus lugares de trabajo. El sábado, cuando la protesta llegó a su punto más violento, el gobierno decretó el toque de queda y sacó al ejército a las calles. La tarifa del pasaje de transporte urbano se mantenía en 0,35 centavos de dólar, diez centavos más que antes del inicio de las protestas. El defensor del pueblo informó que siete personas murieron en las protestas, 1.340 resultaron heridas y 1.152 fueron arrestadas.
Correístas detenidos
La prefecta (gobernadora) de la provincia de Pichincha (donde se encuentra Quito), Paola Pabón, aliada estrecha del ex presidente Rafael Correa, fue detenida y acusada de actos vandálicos ocurridos el fin de semana, cuando encapuchados quemaron el edificio de la Contraloría, atacaron violentamente al canal de televisión Teleamazonas y el diario El Comercio.
La fiscalía lo informó a través de Twitter. El presidente Moreno ha responsabilizado a Correa de ser el autor intelectual de un intento de desestabilización de la democracia ecuatoriana. Los dirigentes indígenas también señalaron al "correísmo" como impulsor de las acciones más violentas y se desmarcaron de esos grupos. El Gobierno ha denunciado la intervención de Correa, y también la del gobierno chavista de Venezuela. María Paula Romo, ministra de Interior, anunció durante el conflicto la detención en el aeropuerto de Quito de 17 extranjeros (la mayoría venezolanos). Y el vicepresidente Otto Sonnenholzner confirmó que 27 extranjeros ("del país del señor de los bigotes", es decir, de Nicolás Maduro) fueron detenidos durante una ola de saqueos en Guayaquil.
El gobierno de Moreno tomó nota del viaje de Correa, que está exiliado en Bélgica, a Caracas en agosto pasado para reunirse con los dirigentes de su partido llegados desde Quito. En la capital venezolana estuvieron el ex canciller Ricardo Patiño, el ex asambleísta Virgilio Hernández y la prefecta (gobernadora) de Pichincha, Paola Pabón, detenida ayer. También fueron detenidos Virgilio Hernández y dos personas identificadas por el Ministerio Público como Christián G. y Pablo D. El Ministerio Público agregó que en la casa de la prefecta Pabón se incautaron de "equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación", y en la de Hernández se decomisaron "indicios, como dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos". Asimismo, la ex alcalde Alexandria Arce, también correísta, fue detenida, acusada de "un delito de asociación ilícita relacionado con los desmanes durante las movilizaciones" y se le dictó prisión preventiva.