El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dio luz verde tras una dramática votación a que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ingrese en prisión. Su esperanza se desvaneció a las 0.30 de este jueves, hora local, cuando seis de los 11 jueces de la Suprema Corte del país votaron a favor de su encarcelamiento. La presidenta de la máxima corte, Cármen Lúcia, fue la que desempató.

El juicio duró 12 horas y se centró en una pregunta: ¿debe el popular exmandatario iniciar el cumplimiento de la sentencia por corrupción a la que fue condenado por un tribunal de Porto Alegre o puede esperar en libertad hasta que su caso sea analizado por las instancias superiores? La mayoría de los jueces entendió que debe ingresar en prisión y cinco se manifestaron a favor de Lula.

Pese a que la Suprema Corte es el principal tribunal del país, Lula no va a ingresar en la cárcel inmediatamente. El exmandatario todavía tiene hasta el 10 de abril para presentar un recurso ante el tribunal de Porto Alegre, pero los expertos en derecho coinciden en que esta etapa es una formalidad y que la probabilidad de que tenga éxito es mínima. Las alegaciones de los magistrados fueron representativas de la fractura que vive Brasil en relación a la prisión de su expresidente.

El exmandatario (2003-2010) fue condenado en enero por un tribunal de apelación a doce años y un mes de cárcel por haber recibido un departamento de lujo de una constructora involucrada en la red de sobornos de Petrobras. En las afueras del tribunal en Brasilia, los detractores del exmandatario reaccionaron con festejos a medida que los jueces fallaban en su contra, mientras sus partidarios recibían la noticia abatidos o llorando.

En la sede del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de San Pablo, desde donde Lula siguió el juicio en una sala privada, los militantes del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) mostraban nerviosismo. "Es una farsa, un golpe muy grande, no acepto a Lula fuera de las elecciones, no acepto un inocente en la cárcel de ninguna manera", dijo Maria Lucia Minoto Silva, una profesora de historia de 60 años.

El debate se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad ante una creciente polarización política en Brasil. El sistema penal está hecho para atrapar a los chicos pobres y no consigue atrapar a los que desvían millones por corrupción. No conseguimos atraparlos y no lo conseguiremos si cambiamos (las reglas) hoy", había afirmado poco antes el juez Luis Barroso, quien también rechazó el recurso para que Lula evite ir a prisión.

Edson Fachin, relator de la Operación Lava Jato, que dejó al descubierto una red de corrupción entre empresarios y políticos, recomendó mantener la legislación vigente, señalando que Brasil es a menudo señalado en tribunales internacionales por la extensión de sus procesos hasta que estos caen en los plazos de prescripción.

Su colega Gilmar Mendes aportó el voto en favor del recurso (un "hábeas corpus"), argumentando que la posibilidad de detener a un acusado se había convertido en un dictado de "prisiones automáticas".

El voto que sembró desazón entre sus seguidores fue el de la jueza Rosa Weber, que se consideraba dudoso. En su alegato, afirmó que "la ejecución de la condena del tribunal de apelación (...) no compromete el principio constitucional de la presunción de inocencia".

Aunque Lula consiguiera evitar la prisión, su candidatura está en jaque porque la justicia electoral impide postularse a condenados en segunda instancia.

La Corte en Brasilia trabajó aislada del público. En el exterior, la policía montó un vallado para separar a los manifestantes de ambos bandos.

La tensión que precedió al juicio tuvo su momento más álgido el martes, cuando el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró en su cuenta de Twitter que compartía "el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia". "Aseguro a la nación que el ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social y la democracia, así como se mantiene atento a sus misiones institucionales", escribió Villas Boas en la red social Twitter en la noche del martes.

La primera economía latinoamericana recorre una crisis política que ya lleva más de tres años, en medio del bombardeo de acusaciones de la corrupción desvelada por el Lava Jato contra figuras de prácticamente todos los partidos. En 2016, Dilma Rousseff, sucesora y protegida de Lula, fue destituida por el Congreso, acusada de manipulación de las cuentas públicas.

El ambiente político provocó una depreciación del real frente al dólar en las últimas semanas. El que fuera el presidente más popular de la historia reciente de Brasil se declara inocente en este proceso y en los otros seis que enfrenta por delitos como tráfico de influencia y obstrucción a la justicia. Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Sin embargo, en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación.

Lula no dejó de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse. La semana pasada, durante una escala en el Estado sureño de Paraná, donde el juez Sergio Moro lo declaró culpable, dos de los colectivos de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no dejaron heridos.