La Cámara de Diputados dio media sanción, ayer, al proyecto que establece la pérdida del derechos sobre el cuidado de los hijos a los femicidas y a los abusadores. También se aprobó, para ser girado al Senado, la iniciativa que crea el Programa de acompañamiento para el egreso de Adolescentes y jóvenes de instituciones sin cuidados parentales.

Los cuatro supuestos en los que se aplicará esta privación automática de la responsabilidad parental (antes conocida como patria potestad) son: homicidio agravado por el vínculo, femicidio, lesiones gravísimas y abuso sexual del hijo por parte del progenitor.

El dictamen único que el oficialismo y la oposición acordaron para llevar ayer al recinto fue dado a conocer por Alejandra Martínez (titular de la Comisión de Familia), Daniel Lipovetzky (titular de la Comisión de Legislación General), Silvia Lospennato (secretaria parlamentaria de Cambiemos) y Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro, la ONG que releva los femicidios y que impulsó la ley, en una conferencia de prensa.

"Esta ley es fruto del acuerdo de todos los bloques políticos. Entre todas las fuerzas hemos llegado a un dictamen único que se aprobará mañana en el recinto de la Cámara de Diputados", anunció Martínez. Y agregó: "Lo que estamos haciendo es modificar el Código Civil y Comercial de la Nación para que tanto cuando haya una sentencia definitiva como un procesamiento a un autor de delitos aberrantes se le quite inmediatamente la responsabilidad parental".

En tanto, Lipovetzky mencionó dos casos emblemáticos que reactivaron la necesidad de que el Congreso sancione esta ley: el de Rosana Galeano y el de Wanda Tadei, cuyos familiares estuvieron en la conferencia de prensa.

La diputada del PRO Silvia Lospennato comentó que se reunió con la presidenta de la Banca de la Mujer de la Cámara alta, la senadora kirchnerista Marina Riofrío, quien es la autora de la media sanción que tiene la ley, ya que el proyecto salió con modificaciones y deberá ser tratado, nuevamente, por los senadores.

Amparo del Estado

El segundo de los proyectos parobados apunta a que los jóvenes y adolescentes se vayan preparando progresivamente para la vida adulta y que el Estado asuma su responsabilidad en garantizar sus derechos, en pos de los compromisos asumidos internacionalmente.

Actualmente, alrededor de 15.000 menores viven separados de sus familias en Hogares de Protección del Estado; y allí cuentan con condiciones básicas para su desarrollo, como alimentación, educación, salud y techo. No obstante, al cumplir los 18 años quedan desamparados y ya no tienen garantizados esos derechos.

El programa que se busca crear con la nueva legislación prevé el acompañamiento de un referente a los adolescentes sin cuidados parentales, que comprende diversas dimensiones como Educación, formación y empleo; Salud, salud sexual, procreación responsable y planificación familiar, y Planificación financiera y manejo del dinero, entre otras. El Plan de Egreso Integral apunta a la preparación progresiva para la vida adulta y está fundada en la autonomía progresiva, contemplada por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.