La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que establece la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG), con el objetivo de que pueda colaborar en la identificación genética de todo tipo de investigación criminal.

La medida es apoyada por la organización “Madres del Dolor”. Entre otras, estuvieron presentes en el recinto Adriana Belmonte, Isabel Yaconis y Jimena Adúriz, cuyas hijas –Lola Chomnalez, Lucila Yaconis y Ángeles Rawson– fueron víctimas de femicidio.

La propuesta es impulsada por el Gobierno nacional. Se prevé que, de lograr la sanción definitiva en el Senado, el nuevo banco de datos permitirá comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados. La modificación del sistema incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

También apunta a que funcione en el fuero federal y nacional, pero se podrán firmar convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación para que otras jurisdicciones puedan utilizar sus servicios.

La diputada Laura Rodríguez Machado, del PRO, explicó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en calidad de miembro informante, y la calificó como “una de las más importantes en materia de investigación criminalística desde el año 1912″.

“Muchas madres y muchas mujeres que han sido objeto de violaciones pueden encontrar, a través de este nuevo sistema, quienes fueron sus victimarios”. “Ahora vamos a incluir que ingresen también los perfiles genéticos de los imputados por delitos”, remarcó.

El diputado libertario Gabriel Bornoroni afirmó: "El registro genético ayudará a transformar el país y permitirá avanzar con rapidez ante nuevos casos; así saldaremos las deudas con las víctimas”. Desde el mismo bloque, Santiago Santurio, sostuvo: “Es fundamental que se identifiquen a los criminales y que vayan a la cárcel”, mientras que la legisladora Natalia Sarapura (UCR) remarcó: “Esta modificación no debemos entenderla solo como una iniciativa tecnológica, sino que la debemos entender, defender y aplicar como un compromiso con la justicia, seguridad y bienestar de todos los argentinos”.

Los cambios al proyecto original

Entre las voces disidentes a la iniciativa del oficialismo estuvo el bloque de Unión por la Patria (U×P). Al presentar el dictamen de minoría, el diputado Martín Soria detalló las diferencias con respecto al de mayoría, enunciando los tres principales ejes: “Es inconveniente que sea traspasado a la órbita del Ministerio de Seguridad; la toma de muestras de ADN compulsiva sin definir prioridades en lógica criminal; y la designación sin criterios del directorio de huellas genéticas, cambiando el software nacional y gratuito creado en 2013 para reemplazarlo por uno del exterior”, a cargo del estadounidense FBI.

Algunos de esos puntos señalados fueron corregidos o modificados en la redacción final, con el aval del bloque mayoritario de la oposición de Unión por la Patria. La votación resultó con 231 votos afirmativos, 0 negativos y 7 abstenciones.

Los diputados que estuvieron en contra del proyecto

El bloque más refractario a la aprobación de cualquier cambio y la sanción del Registro Nacional de Datos Genéticos fue el del Frente de Izquierda (FIT-U). La diputada del Partido Obrero (PO), Vanina Biasi criticó el proyecto porque “tiene como finalidad tener más instrumentos para espiar a nuestra sociedad”. “A mí tendrían que extraerme los datos genéticos, porque fui imputada en una causa en donde se me acusa de haber dado mi opinión por Twitter”, sostuvo.

“El proyecto atenta contra el principio de lesividad y proporcionalidad y ataca a los derechos de privacidad y dignidad de las personas acusadas o condenadas por hechos leves que deberán soportar cuando el Estado almacene sus datos. Esto es inconstitucional y declaro sesgos persecutorios y violatorios de derechos porque está pensado como herramienta represiva y donde todos seremos sospechosos”, consideró el diputado (PTS-FIT) Alejandro Vilca.