El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la ley sobre protección social de la Discapacidad, que reemplaza el esquema de emergencia que vence este año. Lo consiguió con amplio respaldo opositor: 237 votos positivos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Ahora el Senado deberá dar su aprobación final y se espera que lo haga en el corto plazo.

En Diputados fueron 237 votos positivos, nueve negativos y cuatro abstenciones

Durante todo el miércoles los referentes de Unión por la Patria mantuvieron reuniones con representantes de colectivos de discapacidad para discutir con ellos la posibilidad de confluir con el oficialismo en el dictamen de mayoría en lugar de seguir aferrándose a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027.

Las negociaciones también se sostuvieron entre los propios legisladores. Justamente, durante la votación, el presidente del bloque, el santafesino Germán Martínez, destacó el trabajo conjunto si bien calificó la ley como "perfectible". Destacó que “el 75% de la ley de emergencia está contenido” en el proyecto que se aprobó y que fue “un insumo fundamental”.

"Me parece que hoy estamos haciendo una buena tarea y ojalá lo podamos honrar hoy y en el debate del presupuesto", concluyó.

A su turno, la oficialista Laura Rodríguez Machado (LLA) rescató "las coincidencias" encontradas entre los bloques y afirmó que entre todos estaban "haciendo un poco de historia".

La cordobesa valoró "el inmenso esfuerzo" que hizo el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, para unir a bancadas que tenían "desconfianzas" entre sí.

“Ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad”

El dictamen de mayoría, denominado “ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad” toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la Ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

Lo que se mantiene de la ley de Emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.

Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de Ansés, Arca, Sintys y Renaper bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.