El Gobierno envió este viernes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 al Congreso para su tratamiento. El texto, que implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, ingresó al Senado de la Nación.

El instrumento anunciado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre a través de la cadena oficial de radio y televisión deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Esa comisión está integrada por 16 legisladores (ocho diputados y ocho senadores) que deberán firmar dictamen. Si la Bicameral no se reuniera en un plazo de diez días hábiles, el pleno de cada Cámara está habilitado a debatirlo.

Ahora viene una prueba de fuego para el gobierno de Javier Milei a la hora de sacar músculo político en el Congreso. A partir de este viernes, la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que aún no está conformada, tendrá 10 días para emitir dictamen y enviar el DNU a Diputados o el Senado para su debate.

Alcanza con que solo una las Cámaras supere la prueba de evitar el rechazo para que quede vigente. Y para que sea rechazado, la Cámara deberá hacerlo con una mayoría agravada, es decir que deben votar en contra la mitad más uno del total de sus miembros.

No es el único desafío para el oficialismo de La Libertad Avanza en el Congreso: también tiene por delante la denominada ley ómnibus que plantea otra serie de cientos de modificaciones que son prioridad en la agenda de reformas que plantea Milei. Las sesiones extraordinarias son hasta el 31 de enero y el Gobierno afirma que no pretende extenderlas, aunque no lo descarta.

El DNU de Javier Milei entró en vigencia el viernes pasado, ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial. Las reformas tendrán efecto durante un mínimo de dos meses y, en este marco, las más de 300 reformas incidirán en la realidad económica, política y social del país. Entre esos cambios hay modificaciones a la legislación laboral, desregulación de los precios de tarifas, servicios públicos y privados, tarjetas de crédito, alquileres, y artículos de consumo, como los alimentos y medicamentos.

Dentro de las presentaciones judiciales que se hicieron, la Corte Suprema aceptó un pedido de la provincia de La Rioja para analizar la constitucionalidad del DNU, pero lo hará recién en febrero. En tanto que los cambios de lo que se refiere al mundo laboral ya recibió dos fallos en contra en la justicia.