El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario que busca descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. El entendimiento contempla una recomposición de haberes para docentes y no docentes, además de partidas adicionales destinadas a becas estudiantiles y hospitales universitarios.

Pese al avance en las negociaciones, las universidades aclararon que la firma del acuerdo no implica abandonar la vía judicial iniciada para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La causa continúa en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre la validez y vigencia de la norma sancionada por el Congreso.

La propuesta oficial prevé una actualización salarial total del 24,33%, distribuida en dos tramos: un incremento del 21,33% a partir de julio y otro del 3% en octubre. Según lo informado, la recomposición contempla diferencias pendientes de 2024, ajustes correspondientes a 2025 y una compensación por la pérdida acumulada frente a la inflación durante los primeros meses de 2026.

Además, quedó establecido el compromiso de abrir una instancia de negociación paritaria con los gremios universitarios para discutir la evolución de los salarios durante el resto del año.

La demanda sigue en pie

A pesar del entendimiento económico, los rectores insistieron en que no retirarán la demanda presentada ante la Corte Suprema. La controversia gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación quedó frenada por una presentación realizada por el Poder Ejecutivo.

Las universidades cuentan con una medida cautelar favorable que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida mientras el máximo tribunal analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.

Desde la Casa Rosada sostienen que la ley es inviable porque no especifica claramente la fuente de los recursos necesarios para su implementación, argumento que fundamenta la estrategia judicial oficial.

Persisten las dudas de los gremios

En el ámbito sindical, el anuncio fue recibido con cautela. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron la necesidad de conocer los detalles concretos del acuerdo antes de emitir una evaluación definitiva.

Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene el estado de alerta. En las últimas semanas se realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar una definición de la Corte Suprema sobre el financiamiento del sistema universitario, además de medidas de protesta en distintos colegios preuniversitarios del país.

Más fondos para becas y hospitales

El acuerdo también incorpora una mejora del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo y científico del país.

A ello se suma una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos para fortalecer el funcionamiento de los hospitales universitarios, una demanda que venían planteando las casas de estudio debido al aumento de los costos operativos.

Otro de los puntos abordados fue la situación salarial de los docentes de establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La discusión sobre este tema continuará en el marco de las negociaciones entre el Ejecutivo, las universidades y las organizaciones sindicales.