El Senado comenzará a debatir el próximo martes el proyecto de legalización del aborto en tres comisiones que definirán el esquema de trabajo que seguirán hasta el 1 de agosto, cuando deberán firmar los dictámenes para pasar a la votación.

La comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales se reunirán a las 17:00 en el Salón Arturo Illia para establecer la cantidad de reuniones y de invitados que participarán del debate.

El acuerdo al que llegaron la semana pasada los jefes de los distintos bloques es que la discusión en esas comisiones finalice el 1 de agosto, con la firma del dictamen que se votará en el 8 de agosto.

La comisión cabecera de las reuniones que se realizarán durante todo julio será la de Salud, que preside el oficialista Mario Fiad, que se opone a la legalización, mientras que su par de Justicia, Pedro Guastavino, está a favor y Dalmacio Mera, titular de Asuntos Constitucionales, que aparece entre los indecisos pero con inclinación hacia el rechazo.

Además del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que dispone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, el temario incluye una iniciativa del neuquino Guillermo Pereyra (Interbloque Federal) sobre "protección de la mujer con embarazo no deseado".

También hay un proyecto de la fueguina Miriam Boyadjian (Cambiemos) que propone la "contención de madres embarazadas y el niño por nacer".

Durante la discusión en las comisiones se definirá si el proyecto enviado por la Cámara de Diputados tendrá modificaciones, que es el pedido que hace un nutrido grupo de senadores que se alejaron de las dos posturas predominantes.

Se trata de los cordobeses Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez (Cambiemos) y Carlos Caserio (Justicialista) y los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari (Frente Renovador de la Concordia), que ya adelantaron que pedirán cambios en la iniciativa.

Algunas de las modificaciones que proponen son bajar el plazo que dispone el proyecto de 14 semanas a 12 y contemplar un mecanismo de financiamiento para los hospitales provinciales que deberán practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

En tanto, otros legisladores se expresaron a favor de despenalizar la práctica del aborto pero sin legalizarla, como el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo.

Estas dos posturas, que se diferencian de quienes se expresan a favor y en contra, hicieron que el conteo de los votos se volviera mucho más complejo de lo que fue en la Cámara de Diputados.

Si el proyecto sufre cambios deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptar lo hecho por el Senado o insistir en la redacción original.