El Gobierno sigue encontrando rechazos a su plan de reformas, que incluyen cambios en materia impositiva, laboral y previsional. Luego de que diera marcha atrás con el impuesto a los vinos, el champagne y las cervezas, ahora la queja es de los productores de bebidas azucaradas.

Según trascendió en horas de la tarde, la empresa multinacional de bebidas sin alcohol Coca-Cola evalúa frenar inversiones en la Argentina por unos u$s 1000 millones que le había prometido en 2016 el Ceo de la compañía al presidente Mauricio Macri en Davos. En ese memento, ambos habían trazado un plan de negocios para los próximos cuatro años.

También, estudian dejar de comprar jugo concentrado a productores citrícolas en Argentina. El año pasado la compra fue de u$s 250 millones, 80% para exportación de limón, manzana, naranja, peras, pomelo, uva y durazno del NOA, NeA y Alto Valle.

La empresa analizó esta mañana la situación a raíz del anuncio del Gobierno de que las bebidas con azúcar agregada tendrán que pagar una alícuota del 17% cuando se sancione la reforma tributaria que está a punto de aterrizar en el Congreso. Lo lineamientos fueron anticipados la semana pasada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Las empresas productoras de bebidas azucaradas entienden que próximamente habrá un brusco cambio en las reglas de juego, por lo que ya empezaron a rediseñar sus planes de negocios en la Argentina, y podría haber un fuerte impacto en la producción frutícola.

El ministerio de Hacienda ratificó ayer que la suba de internos a las gaseosas azucaradas sigue vigente y eso habría provocado la reacción de hoy de Coca Cola.

Por su parte, los ingenios azucareros estiman, en un cálculo preliminar, que el aumento de impuestos a las bebidas gaseosas implicará 100 mil toneladas menos de venta de azúcar a las embotelladoras, que se exportarían a precios mucho más bajos.