El Comité Nacional de la UCR argumentó el artículo 49° de la Carta Orgánica del partido para suspender la afiliación al intendente Sergio Varisco y al concejal Pablo Hernández, ambos procesados por la causa Tavi Celis, por nexos con el narcotráfico.

El articulado establece que el Tribunal Nacional de Ética tendrá competencia originaria para entender en las fallas de conducta de los afiliados y dirigentes partidarios de todos los distritos cuando por su investidura, el cargo que ocupen, las candidaturas o cargos políticos que acepten, o los hechos que protagonicen, lesionen la dignidad del partido.

La resolución establece que "sin perjuicio de la vigencia del principio de inocencia garantizado resulta necesario suspender preventivamente la afiliación hasta tanto se disponga su sobreseimiento o absolución en la causa referida".