Recientemente, en respuesta a la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Congreso Nacional argentino ha promulgado la Ley 27.739. Esta nueva ley trae consigo cambios sustanciales en la legislación existente, específicamente en la Ley 25.246, conocida como la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Estos cambios tienen un impacto considerable en las actividades económicas relacionadas con los activos virtuales en el país.

La reforma define claramente qué se considera como activos virtuales y establece la figura de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). El propósito de esta medida es identificar a las personas humanas y jurídicas que llevan a cabo actividades específicas dentro del sector de los criptoactivos.

En este contexto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha comunicado la resolución general N° 994, por medio de la cual se crea el Registro de PSAV. Este registro se convierte en un componente crucial de la nueva legislación, permitiendo la supervisión y regulación de las actividades relacionadas con los activos virtuales. Su objetivo es garantizar que los proveedores de servicios en este ámbito cumplan con los estándares adecuados en términos de transparencia, seguridad y cumplimiento normativo, en aras de proteger a los usuarios y fomentar la integridad del mercado.

Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la resolución N° 49 que establece los requisitos mínimos que los PSAV deben cumplir para mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sin dudas, todas estas medidas representan avances en la consolidación de un marco legal específico que aborde los desafíos y oportunidades que plantea el creciente ecosistema de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas en Argentina.

Así, la inclusión de los activos virtuales en el código penal argentino refleja el reconocimiento por parte del Estado de la importancia de regular un sector que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Para los gobiernos, si bien las criptomonedas podrían ofrecer un potencial considerable en términos de innovación financiera y democratización del acceso a servicios financieros, también trazan desafíos significativos en aspectos como la seguridad, la protección del usuario y la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.

A medida que la tecnología continúa avanzando y una nueva economía digital se desarrolla, las autoridades regulatorias deben permanecer atentas y adaptarse rápidamente para abordar tanto nuevas amenazas como oportunidades. La flexibilidad y una diligente capacidad de respuesta serán fundamentales para garantizar a largo plazo que cualquier regulación sea efectiva sin obstaculizar el crecimiento y desarrollo de la criptoeconomía.

Por lo tanto, la cooperación continua entre el sector público y privado resultará esencial en este proceso. Los reguladores deberán trabajar en estrecha colaboración con toda la industria blockchain local para comprender mejor sus dinámicas y desafíos, con el fin de desarrollar enfoques regulatorios que equilibren la protección del usuario con la promoción de la innovación y la competencia en el sector de los activos virtuales.

Sobre el autor

Martin Schneider es Contador Público (MP. 4138 CPCEER), Master en Blockchain y Diplomado en Criptoeconomía. Desde 2016 participa activamente del ecosistema que promueve la economía digital en nuestro país, además de ser emprendedor tecnológico se desempeña como capacitador, conferencista y consultor en proyectos referentes a blockchain y activos digitales; Co-Fundador y CEO de Blockapital.