El diputado provincial Martín Rosúa presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 361 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de establecer una nueva lógica en la regulación de los honorarios periciales que desactive el aumento del juicio laboral por accidentes y enfermedades.

Para desincentivar la "industria del juicio"

El eje central de la iniciativa es romper el vínculo entre lo que cobra el perito y el monto del peritaje o del juicio. De este modo, se busca garantizar su imparcialidad, evitar conflictos de interés y desincentivar una de las lógicas que alimentan la industria del juicio.

“Es una reforma estructural. Si el perito sabe que su retribución no depende del resultado económico del juicio, puede trabajar con total independencia técnica”, explicó Rosúa.

La propuesta incorpora avances relevantes en términos de previsibilidad y dignidad profesional

Además, se incorpora un rango de entre 5 y 10 unidades JUS para los dictámenes efectivamente presentados, y escalas específicas para los casos en los que la causa se cierre antes de realizar la pericia.

“Estamos ordenando una función clave dentro del sistema judicial, dándole claridad, transparencia y protección económica. Y al mismo tiempo, eliminamos incentivos que distorsionan los procesos. Una Justicia mejor también se construye desde estos detalles”, concluyó el legislador.